Respuesta a informe de México
El comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expuso al Estado mexicano que la persistencia de altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada, así como los desafíos asociados con las estrategias de seguridad, afectan negativamente el disfrute de los derechos humanos de mujeres y niñas.
En las conclusiones que dio a conocer ayer, derivadas la sustentación del noveno informe que México hizo a principios de julio, si bien reconoce las medidas legislativas e institucionales adoptadas, manifestó profunda preocupación por los patrones persistentes de violencia de género generalizada en el país, incluidas agresiones físicas, sicológicas, sexuales y económicas, así como el aumento de las domésticas, las desapariciones forzadas, la tortura y el asesinato, en particular el feminicidio.
El comité de la Cedaw apremió al Estado a adoptar medidas para prevenir los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, abordando las causas fundamentales, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación.
Exhortó también a investigar, enjuiciar y castigar adecuadamente a los perpetradores, incluidos los actores estatales, como cuestión prioritaria.
De igual manera, asegurar que el feminicidio esté tipificado como delito en todos los códigos penales estatales, de conformidad con la Ley general sobre el acceso de las mujeres a una vida sin violencia, uniformar los protocolos de investigación policial sobre este delito en todo el país y garantizar la aplicación efectiva de disposiciones penales.
También recomendó simplificar y armonizar los procedimientos en los estados para activar la alerta ámber y el protocolo Alba, así como acelerar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas. Además, pidió que se evalúe el impacto del Mecanismo de Alerta de Género, asegurar la implementación y coordinación armonizada y extendida a escala federal, estatal y municipal.
De igual manera, exhortó a que se fortalezcan los mecanismos para recopilar sistemáticamente datos desglosados sobre la violencia contra la mujer, incluido el feminicidio, y las desapariciones forzadas de mujeres y niñas.
La Cedaw señaló que persisten las barreras institucionales y estructurales que obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia.
En el documento también manifestó preocupación por las defensoras de los derechos humanos y periodistas, pues están sometidas a diversas y crecientes manifestaciones de violencia, aparentemente cometidas por agentes del Estado en algunos casos. También señala los informes que indican que las redes sociales y los ataques digitales se utilizan como herramienta por parte de grupos anónimos para incitar a la violencia contra ese sector de la población.
De igual manera, resaltó que la falta de mecanismos efectivos y las asignaciones presupuestarias estatales insuficientes para aplicar y supervisar las leyes relacionadas con la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no han logrado eliminar la discriminación, particularmente contra las indígenas, afromexicanas, migrantes, mujeres con discapacidades y lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales.
El comité de la Cedaw también hizo recomendaciones relacionadas con los ámbitos educativo, de salud y laboral.
Jessica Xantomila
Periódico La Jornada
Martes 24 de julio de 2018, p. 12
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