Que haga frente a la violencia contra mujeres y niñas
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres llamaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a su equipo de transición y al virtual gabinete, a cumplir con las recientes recomendaciones que realizó el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) al Estado mexicano.
Agrupaciones como la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hicieron un llamado para que López Obrador se pronuncie sobre la agenda de género, en particular ahora que hay una propuesta de amnistía que podría afectar a las mujeres presas acusadas por el delito de aborto y la iniciativa de tener diálogos para la paz y la justicia en el país.
De acuerdo con algunos medios de comunicación, la ministra en retiro y quien fuera propuesta por López Obrador para ocupar la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que apoyaría una Ley de Amnistía que considere a las mujeres, por ejemplo a aquellas que están en prisión por practicarse un aborto, por tener un aborto espontáneo o que son acusadas de homicidio en razón de parentesco.
Al respecto, en conferencia de prensa para dar a conocer las observaciones del Comité CEDAW, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, dijo que una amnistía que incluya a estas mujeres no es la solución porque aunque se les otorgue la libertad tendrían el “sello” de ser criminales y eso no evitaría que otras mujeres sigan siendo acusadas y encarceladas por interrumpir un embarazo no deseado.
Por su parte la feminista, académica y maestra en Filosofía, Lourdes Enríquez, coincidió en que no es la mejor solución y destacó que en todo caso sería necesario debatir la idea de legislar un Código Penal Único para todo el país, el cual debería homologar delitos y sanciones con base en los criterios más progresistas de Derechos Humanos.
Al respecto, la académica y doctora en Ciencias Sociales, Gloria Ramírez Hernández, afirmó que la amnistía para estas mujeres, quienes muchas veces son de escasos recursos y que viven un aborto espontáneo, no garantiza que otras en las mismas condiciones no pisen la cárcel.
En 2016 a nivel federal 17 mujeres se encontraban encarceladas por tener un aborto y se abrieron 167 carpetas de investigación por este delito. En contraste, organizaciones civiles han documentado la existencia de al menos 700 mujeres encarceladas bajo el delito de homicidio agravado en razón de parentesco, según informó la Cátedra Unesco con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las defensoras de Derechos Humanos señalaron que el gobierno mexicano y la próxima administración deben considerar las recomendaciones del Comité CEDAW, organismo que después de evaluar las acciones implementadas por México para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres, llamó a implementar un Código Penal Nacional.
Es de recordar que durante la evaluación del Noveno informe del Estado mexicano ante el Comité CEDAW, el 6 de julio en la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, la senadora del PRI, Diva Hadamira Gastélum Bajo, afirmó que el gobierno deseaba establecer un sistema jurídico unificado aunque el Código Penal Único, que abarca cuestiones como el aborto, el matrimonio igualitario, la familia y la adopción, todavía faltaba.
Al finalizar la sesión la senadora reconoció que esa tarea quedaría para el siguiente gobierno.
Actualmente, señala la Cátedra Unesco en un informe enviado al Comité CEDAW, las penas otorgadas por el delito de homicidio agravado en razón de parentesco pueden ser de hasta por 50 años de prisión, mientras que las sentencias por el delito de aborto van desde los 2 meses hasta los 8 años de cárcel, o en su defecto la sustitución de la pena con tratamientos médicos integrales, como sucede en los estados de Jalisco y Tamaulipas.
Aunado a las penas que enfrentan cientos de mujeres por homicidio agravado en razón de parentesco, ellas son víctimas de estigmatización por parte de la sociedad, incluyendo al personal médico, quien las considera asesinas.
Las defensoras, junto con representantes de organizaciones como Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y Equifonía, consideraron que una prioridad de la Presidencia de la República debe ser hacer frente, de forma decidida, al combate a la violencia contra las mujeres en todas las modalidades y ámbitos.
La investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, Aimée Vega Montiel, quien participó en el proceso de evaluación ante el organismo internacional, afirmó que si el nuevo gobierno está decidido a erradicar la violencia contra las mujeres, no tiene que salir a buscar insumos toda vez que las recomendaciones de CEDAW ya son una ruta a seguir.
Las activistas pidieron un pronunciamiento ya que señalaron que desde el día de la elección, el pasado 1 de julio, hasta la toma de protesta del próximo presidente y la instalación de los nuevos funcionarios hay un vacío porque nadie se hace responsable y en tanto las mujeres y niñas siguen siendo asesinadas.
Imagen retomada del Facebook de la académica Aimée Vega Montiel
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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