Parte de la sociedad mexicana desconoce las violaciones a
los derechos humanos perpetradas por el Estado en masacres como la del 2
de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971, esta última conocida
como El Halconazo.
En víspera del 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco, el Centro
Miguel Agustín Pro Juárez y otras organizaciones civiles señalaron que
las autoridades mexicanas no han garantizado verdad, justicia y
reparación integral del daño a miles de víctimas del periodo histórico
conocido como guerra sucia (entre los años 60 y 80),
caracterizado por la represión estatal y las violaciones sistemáticas de
derechos humanos, en el que oficialmente se reconocen 771
desapariciones forzadas.
“La crisis de violaciones a derechos humanos que hoy día vive México
debe entenderse a la luz de la ausencia de verdad, justicia y reparación
por los crímenes cometidos durante la guerra sucia. Tras la
transición electoral en 2000, el Estado mexicano no generó una
transición institucional que permita la abolición de prácticas
represivas, ni ofreció una justicia transicional a las víctimas. La
Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
desapareció en 2007 sin lograr el acceso a la justicia y sin construir
una narrativa sobre qué ocurrió y por qué razones.
“El Estado mexicano lleva 50 años dando el mensaje de que graves
crímenes en contra de los derechos humanos pueden cometerse sin
consecuencia. Las víctimas y sus familiares de la guerra sucia
no son víctimas del pasado. Son personas agraviadas por el Estado que
forma parte de nuestra sociedad y que siguen esperando justicia.”
Indicaron que al no incluir en sus programas de enseñanza los hechos durante la guerra sucia, la Secretaría de Educación Pública
ha violado el derecho a la verdad de la sociedad mexicana. Por ello, el pasado 30 de agosto presentaron una demanda de amparo –que se admitió el 25 de septiembre– para exigir a la justicia que subsane esta omisión histórica.
El reconocimiento de las atrocidades cometidas por el Estado es fundamental en toda sociedad democrática.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
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