El Ejército Mexicano y los civiles que les ordenaron tienen responsabilidad histórica en la matanza, señalan expertos en Fuerzas Armadas. A 50 años, la capacidad de despliegue y fuego es mayor. Otra decisión como la del 2 de octubre podría superar fácilmente los saldos de aquella masacre
Hay una responsabilidad histórica del
Ejército Mexicano en la matanza del 2 de octubre de 1968 y se ha vuelto
una especie de señalamiento, de mea culpa, que ha resultado
costoso para las víctimas y sus familiares, pero también para la
institucionalidad que debiera prevalecer en las Fuerzas Armadas, asegura
en entrevista con Contralínea el experto en seguridad nacional Emilio Vizarretea Rosales.
“Sin duda que hay una presencia no sólo
policiaca sino militar en la masacre de Tlatelolco; sin embargo aunque
hay testimonios presenciales y fotografías, no hay mayores evidencias
para un juicio, lo cual es muy delicado y dificulta comprender los
verdaderos alcances de la acción militar contra la población civil
dentro de la capital del país”, subraya.
Explica que la responsabilidad política
la asumió el presidente Díaz Ordaz con conocimiento de causa o para
legitimarse, darle continuidad a las instituciones y tratar de
personalizar una situación difícil. “Pero en ese momento las
instituciones armadas entraron en una fase crítica, que se volvió un
verdadero síndrome de culpabilidad que hasta la fecha no está totalmente
desacralizado”, indica el catedrático de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Incluso, indica que “el caso del 68” no
se diluyó entre las Fuerzas Armadas: “Quizás se discutió en su interior,
pero no hubo un debate con la sociedad que favoreciera una especie de
exorcismo, como ocurrió en otros países. Es una herida a 50 años en la
que cada manifestación de estudiantes se clava en la conciencia de la
sociedad y mantiene la espina clavada en las Fuerzas Armadas”, subraya.
“Nadie ha logrado deshacer ese sortilegio que ha embrujado la manera de actuar de las Fuerzas Armadas desde entonces”, apunta Vizarretea Rosales.
Incluso, destaca que el tema del
genocidio –a nivel internacional– consiste en la desaparición de un
grupo social. Con Luis Echeverría no se pudo comprobar porque la
Universidad y el Politécnico siguieron funcionando, así como las
preparatorias donde se inició el conflicto.
—¿Como en los juicios de Núremberg? –se le inquiere.
—Tratando de hacer esa analogía, los
nazis argumentaron que estaban recibiendo órdenes de Hitler. Aunque eso
choca con el tema de Hannad Arendt, y su tesis de la banalidad del mal,
de que, aunque hayan sido acciones legales, son ilegítimas y causan un
daño moral y físico que no puede ser perdonado por ningún tribunal, una
tesis muy fuerte que generó la duda.
Vizarretea Rosales, conferencista en el
Colegio de la Defensa Nacional, el Centro de Estudios Superiores Navales
y la Escuela Superior de Guerra, explica que en la matanza del 2 de
octubre no se logró catalogar ni tipificar el delito que podría haberse
establecido. “Es un poco el señalamiento de ‘genocidio’ al presidente
Luis Echeverría que en cada aniversario de la masacre se ha querido
imputar”.
Señala que desde el punto de vista
estrictamente legal, es un tema que no reúne evidencia suficiente. “El
valor de los testimonios es menor en comparación con los datos que se
requerían para haber establecido un juicio, porque los que habían sido
víctimas estaban en la cárcel o ya no estaban, y los familiares no
entendían o no sabían del control que había sobre los medios de
comunicación entonces”.
Por su parte, el almirante Wilfrido
Robledo Rincón mantiene la versión oficial de aquellos años: la matanza
del 2 de octubre fue responsabilidad de “fuerzas extranjeras” que
trataban de desestabilizar al país, y que manipularon a los estudiantes
para que se movilizaran y provocaran la respuesta del Ejército.
“El día 13 de septiembre del 68
yo hacía valla como sargento naval en el monumento a los Niños Héroes
de Chapultepec, cuando me tocó ver la agitación estudiantil que para
entonces ya estaba muy álgida y pensé que era necesario que las demandas
se resolvieran por los cauces institucionales. Lamentablemente no fue
así, el movimiento se desbordó y vino la tragedia”, recuerda el hoy
almirante retirado.
Wilfrido Robledo considera que no hubo
responsabilidad directa del Ejército Mexicano en la matanza estudiantil,
pues los soldados recibieron órdenes del entonces presidente de la
república, Gustavo Díaz Ordaz.
En entrevista, el almirante refiere que
en el hecho histórico los estudiantes convocados a las movilizaciones
“fueron manipulados por algunos líderes que estaban conectados con
organizaciones extranjeras que pretendían intervenir en nuestro país”,
por lo que se desató la crisis que derivó en tragedia.
La versión gubernamental que ya ni los
gobernantes de hoy sostienen, sigue viva en voz de Robledo Rincón. “El
gobierno tenía que poder orden frente al caos internacional que se vivía
en esa época en que se desarrollaban movimientos estudiantiles en
varios países de Europa”, suelta Wilfrido Robledo, quien acusa que
además que los medios de prensa contribuyeron a que se desatara el
descontrol estudiantil.
—El hecho es que hubo una matanza contra estudiantes. ¿Quién fue el responsable de la matanza? –se le señala.
—Díaz Ordaz reconoció, como hombre de
honor y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, su responsabilidad en los
hechos del 2 de octubre, por lo que no se podría, a toro pasado, hacer responsable el Ejército.
Por su parte, el analista Emilio
Vizarretea, señala que el tema del 68 es “profundo” y “complejo”. Se
debe considerar el modelo en con el que operaban los tribunales en ese
entonces y las áreas de investigación durante el periodo de la guerra
sucia.
Explica que la Dirección de
Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), un ente
secreto acusado de desapariciones forzadas, estaba destinada a ocultar
lo que ocurría, “y nadie se ha atrevido a destaparlos porque no los
conoce y no se sabe y sería el tipo de evidencia la que se necesita para
hacer un juicio sobre ellos [los militares]”.
Hoy en día, dice, “en la hemeroteca las
fuentes de las semanas siguientes al 2 de octubre de 1968 no se
encuentran; por eso llaman la atención las fotos. Hay que recordar que
no había videos, serían testimonios con mayor nivel de evidencia”.
Y los testimonios unipersonales sin
ninguna prueba en el modelo jurídico mexicano no arrojan la capacidad
para juzgar. Y si así fuera, lo que se pudiera llamar las “cargas de
prueba o el acto punitivo o la reparación del daño, ya prescribieron”.
Es decir, se puede simpatizar con la idea del castigo y que no haya
impunidad pero no se puede castigar sin evidencia, ni siquiera juzgar.
Explica que los tribunales militares
juzgan el 95 por ciento de sus casos y los tribunales civiles logran
enjuiciar al 5 por ciento.
Señala que el Ejército nunca ha asumida
responsabilidad alguna ni por la creación de la Brigada Blanca, operada
por los generales Francisco Quiroz Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro.
Esa operación del 2 de octubre continuó en el estado de Guerrero con la
guerrilla y después el ejercicio del poder de Rubén Figueroa.
El catedrático de la UNAM refiere que la
de la Guardia Blanca “es una historia muy reconocida por actos
excesivos contra los dirigentes de movimientos políticos y sociales”.
Explica que la estructura del Ejército,
como la de la Iglesia, no puede ser democrática. Tiene en su particular
doctrina un modelo perfectamente establecido piramidal, de arriba abajo,
donde no existe más que la directiva o la orden y, a partir de ahí, se
despliegan. Eso genera confusión para los externos a la institución
armada.
Vizarretea Rosales destaca que las
Fuerzas Armadas tienen “una alta dosis de institucionalidad”, pero
también tienen pleno conocimiento de la defensa de sus derechos o de sus
intereses.
“El tema de las Fuerzas Armadas en sí
mismo es complejo, no sólo por los ámbitos de intervención sino por los
de responsabilidad. Decir que no necesitamos un Ejército porque no
estamos en guerra es no entender la función de seguridad pública,
interior y nacional, no solo es inexperiencia sino ignorancia e
incompetencia para comprender un tema complejo.”
Explica que el Ejército Mexicano debe
observarse como una unidad continua y sistemática de fines de la década
de 1960 a la fecha. “Aunque también hay una variación que tiene que ver
con el aprendizaje de las Fuerzas Armadas, ligado a comprender cómo
operan los grupos antisistema, los movimientos sociales y la
delincuencia organizada”.
Considera que el Ejército se ha
profesionalizado y ha incorporado de manera clara los temas de los
derechos humanos. “Ha estado más ligado a cuestiones sociales, ha limado
ciertas asperezas, lo cual no le quita su capacidad coercitiva ni su
formación: son soldados que han aprendido a enfrentarse a enemigos a
morir, uno de los temas que chocan con la variable de seguridad pública,
porque su preparación está por encima de lo que ésta requiere”.
Por ello, explica el académico, los
soldados están preparados para enfrentarse al enemigo y acatar órdenes.
El problema es cuando esas órdenes implican a población civil.
“El tema se complica cuando penetran
las ciudades. Tienen que interactuar con grupos de organizaciones de la
sociedad civil o grupos financiados por la narcodelincuencia. En ambos
casos parece ser que el Ejército se queda paralizado, porque no quieren
cometer daños como en Tlataya y Tanhuato.”
—¿En 50 años evolucionaron las Fuerzas Armadas como para no cometer actos como el 2 de octubre?
—Comparado con finales de la década de
1960, las actuales Fuerzas Armadas Mexicanas tiene cuadros muy
preparados, tecnología, armamento conocimiento de la zona y mayor
capacidad de desplazamiento, equipo, helicópteros, aviones, etcétera. Y
lo que vimos con la Policía Federal en Nochixtlán, Oaxaca, ya se puede
hacer en todas las capitales del país, con una hora y media como máximo
de capacidad de respuesta, incluso para protección civil; pero en temas
de delincuencia y de grupos antisistema tienen esa capacidad que no
tenía en los años 60.
José Réyez
No hay comentarios.:
Publicar un comentario