Que se equivocó
Ernesto Zedillo durante su mandato (1994-2000) en las políticas
aplicadas para combatir las drogas, centradas exclusivamente en la
criminalización y represión, lo cual llevó a México, hasta la fecha, a
un fracaso rotundo y, yo agregaría, convirtió al país en un gran
cementerio, con más de 200 mil muertos que todavía en 2018 siguen
acumulándose.
Tardíamente, el expresidente mexicano
reconoce el grave error que cometió y que los presidentes que lo
sucedieron han continuado (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto), a pesar de ser un tema advertido oportunamente por
investigadores expertos en el tema de drogas, por estudiosos y
académicos, así como por políticos de oposición conscientes de que la
confrontación y la “guerra” contra el crimen organizado no era el
camino.
Pero tanto Zedillo como todos los demás
presidentes sumisos, que incluye también incluye a Carlos Salinas,
estaban más preocupados por cumplir las directrices enviadas desde el
gobierno de Estados Unidos para que México sea el filtro de contención
para a los cárteles del narcotráfico y toda la violencia que generan se
quede de este lado de la frontera. Pero de esa sumisión y dependencia no
dice nada Zedillo.
Aun así, las declaraciones del
exmandatario fueron aceptadas y hasta aplaudidas en México, incluido el
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ha pedido a su
equipo de trabajo –que asumirá el gobierno a partir del 1 de diciembre–
que trabajen en el proyecto de despenalizar el consumo de drogas, algo
que se tuvo que haber hecho desde hace medio siglo.
Pero Ernesto Zedillo no sólo se equivocó
en materia de drogas, su tibio e inepto gobierno estuvo cargado de
negligencia y corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias e
impunidad, así que ahora no sólo venga a decirnos que reconoce el error
que cometió al prohibir las drogas y establecer un Estado represor que
criminalizó a los consumidores.
Lo cotidiano en la política mexicana es
que sus actores principales cometan abusos sin sufrir consecuencia
alguna y los puedan repetir una y otra vez, ahí está el caso de la
impune secretaria Rosario Robles (quien hasta el 30 de noviembre contará
con la protección presidencial), sin que la justicia los reclame. Aún
más, esos abusos van acompañados del cinismo por parte de los políticos,
quienes cometen arbitrariedades y después dictan conferencias para
pretender decirnos qué debemos hacer.
Eso mismo le ocurre al expresidente
mexicano, quien durante su mandato (1994-2000) se enfrentó a su
antecesor Carlos Salinas de Gortari y metió preso a su hermano Raúl por
los delitos de homicidio, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero
y vínculos con el narcotráfico (aunque 10 años después éste quedara
libre por “falta de pruebas”), por lo que una vez concluido su mandato,
Zedillo huyó del país ante el miedo que le infligía Salinas y se refugió
en Estados Unidos, en donde es asesor empresarial y catedrático de la
Universidad de Yale.
Sería bueno que en la memoria colectiva
no se olvidara cómo Zedillo y su entonces secretario de Hacienda José
Ángel Gurría –actual secretario general de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- aprovecharon para sí
mismos y sus familias beneficios fiscales que ellos habían promovido.
De acuerdo con documentos oficiales de
la Secretaría de Hacienda de aquellos años, en 1998 José Ángel Gurría
otorgó un trato preferencial a los hermanos de su jefe el presidente, de
nombres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis Eduardo Zedillo, así como a
la empresa Grupo Intecom, propiedad de la familia del exmandatario, para
omitir el pago de impuestos correspondientes al periodo 1991-1996, y
que tuvieron que liquidar parcialmente cuando se vieron descubiertos.
Al concluir el sexenio de Zedillo y en
los primeros días del gobierno panista de Vicente Fox, el llamado zar
anticorrupción Francisco Barrio, responsable de la Secretaría de la
Contraloría, prometió que realizaría una exhaustiva investigación del
caso y que, de haber elementos, aplicaría la ley a todos aquellos que
hubieran participado en las supuestas anomalías fiscales. El entonces
contralor pidió ayuda al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz,
para investigar a la familia Zedillo Ponce de León, pero su petición fue
rechazada y le negaron las pruebas de la evasión fiscal.
En diciembre de 2000, en esta columna
dimos cuenta de la explicación que el arquitecto Rodolfo Zedillo,
presidente del Grupo Intecom, hacía sobre los beneficios fiscales que
recibieron por parte del secretario Gurría.
En aquella ocasión Rodolfo Zedillo decía
que “no había recibido un trato preferencial de la Secretaría de
Hacienda en la liquidación de sus adeudos fiscales”; sin embargo,
reconocía haber incurrido en retrasos de obligaciones tributarias “por
causas externas a las propias empresas”.
Aseguraba que los adeudos fiscales
fueron liquidados con “cargos muy sustanciales en apego a la ley”. Es
más, agregaba, “jamás he recibido un trato especial de autoridad alguna y
que, por el contrario, las autoridades han sido especialmente
cuidadosas con mi familia para que ésta cumpla con el pago de sus
impuestos”.
Sin embargo, las pruebas que aún guardo
en viejos archivos señalan otra cosa: las cuatro empresas de la familia
del expresidente –Integración del Sistema para la Construcción,
Conductores Eléctricos de México, Promociones Electro Iris e
Inmobiliaria y Constructora Gegaza– acumularon deudas y recargos por
impuestos no pagados al gobierno federal hasta por 15 millones 275 mil
343 pesos, entre1991 y 1996, cuando su hermano era secretario de
Programación y Presupuesto.
Para resolver este problema antes que su
pariente dejara la Presidencia de la República, el arquitecto Rodolfo
Zedillo simuló un arreglo con las autoridades de Hacienda que estaban
bajo las órdenes de su hermano el presidente, por lo que en mayo de 1998
logró que mediante el pago de 8 millones 103 mil 779 pesos quedaran
liquidados sus créditos fiscales, lo que le significó una reducción de
más de 7 millones de pesos.
Según la tarjeta informativa que el
exsubsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, le envió al secretario José
Ángel Gurría –cuya copia está en mi poder-, el Servicio de
Administración Tributaria también les autorizó a las empresas de la
familia Zedillo incorporarse a los convenios del Programa de Apoyo
Fiscal, que les permitió pagar en una sola exhibición el saldo de los
adeudos y los relevó de las obligaciones de presentar la garantía del
interés fiscal y, por si eso fuera poco, los créditos que les otorgó
Hacienda no fueron garantizados y al final les condonó las multas.
Nada distinto del abuso de poder, del
tráfico de influencias y la corrupción cometidos por otras familias
presidenciales como López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari,
Fox-Sahagún, Calderón y Peña Nieto.
Miguel Badillo
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