Magdalena Gómez
No cabe duda que el
próximo gobierno recibirá al país convertido en un auténtico campo
minado, en todos los órdenes, pero me referiré sólo a dos casos cuyos
aniversarios están en la mesa. Precisamente hoy hace 50 años se perpetró
la masacre estudiantil cuyo no olvido ha sido insuficiente para
alcanzar la justicia. En el sexenio que en 2000 se festejó,
fallidamente, como el gobierno del cambio, el entonces presidente
Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y
Políticos del Pasado (Femospp), cuyo trabajo privilegió la investigación
sobre lo que definió como genocidio practicado en 1968 y responsabilizó
de ello, de manera central, al ex presidente Luis Echeverría. El Comité
68, con Raúl Álvarez Garín (†) a la cabeza, se involucró en la tarea de
aportar evidencias al titular de la ex fiscalía Ignacio Carrillo
Prieto. No es posible reconstruir en este espacio los avatares jurídicos
y políticos de esta búsqueda contra la impunidad. La síntesis de la
misma la podemos encontrar en los 10 volúmenes que publicó el comité
bajo el título Los procesos de México 68, ahí encontraremos la
indispensable base para la reapertura de la investigación que demanda el
Comité 68 y en la valiente declaración del ex fiscal Carrillo que
reveló a la revista Proceso lo que supimos en aquel momento en
el acompañamiento al comité: la decisión de Fox y el Ejército, creo en
el orden inverso, para detener esa lucha por la justicia. Ojo que ahí
están presentes lecciones clave. En aquel momento hubo quienes
pretendían una comisión de la verdad y finalmente se optó por la
fiscalía para garantizar, se suponía, sus efectos vinculantes.
El otro caso, emblemático y más reciente, es el de la investigación
sobre la desaparición, hace cuatro años, de los 43 estudiantes de la
normal de Ayotzinapa, que también conlleva una estela de impunidad, si
nos atenemos a sus resultados. Ya advertimos que la transición de
terciopelo con el peñanietismo, prácticamente ha concluido, no así con
los empresarios, pero eso parece, parece reitero, harina de otro costal.
Es de reconocer al presidente electo Andrés Manuel López Obrador la
decisión y compromiso enfático, frente a las madres y los padres de los
estudiantes normalistas desaparecidos, de reiniciar prácticamente toda
la investigación y retomar cada uno de los caminos torcidos durante la
misma.
El 1º de diciembre, al tomar posesión, el Presidente emitirá un decreto a fin de crear una comisión investigadora para la
verdad y justiciadel caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.Solicitará la asistencia técnica y cooperación de organismos internacionales de defensa de derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De igual forma, se invitará al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que depende de la CIDH y que fue prácticamente expulsado por el gobierno que concluye. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que está por emitir una recomendación sobre el caso, participará en esta búsqueda de verdad y justicia. Ese decreto también ordenará que toda la administración pública federal coopere con la investigación.
El presidente electo confió en que la Suprema Corte ratifique la
sentencia del primer tribunal colegiado de Tamaulipas que ordenó crear
una comisión para volver a investigar el caso, tras las irregularidades
de la Procuraduría General de la República (PGR).
Advirtió que emitirá el decreto, cualquiera que sea el resultado de
la decisión de la Corte, y adelantó que no se debilitarán las
instituciones, al contrario, señaló que se fortalecerán si se logra que
todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los
jóvenes y se castigue a todos los responsables, aun cuando pertenezcan
al Ejército. Si bien la comisión de investigación, con integración sui
géneris, deberá ubicarse en la PGR y contará con el respaldo y
seguimiento político puntual de Alejandro Encinas, quien se hará cargo
de la Subsecretaría de Derechos Humanos en Gobernación. Queda así clara
la distinción con una comisión de la verdad no vinculatoria, como suelen
serlo. Con razón los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos
están hablando de que tienen esperanza.
Ya existen señales de que el próximo comandante supremo de las
fuerzas armadas, López Obrador, tiene claro el hilo de las impunidades,
pues al acudir a un mitin conmemorativo en la Plaza de las Tres
Culturas, advirtió que el Estado Mayor Presidencial fue utilizado en la
represión de 1968, y es una razón más para desaparecer ese cuerpo y que
sus 8 mil elementos se incorporen a la Secretaría de la Defensa
Nacional. Sobre aviso, no hay engaño.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario