Luis Hernández Navarro
La Jornada
No habrá en México
transformación social profunda al margen del magisterio. Menos aún en
contra suya. No habrá Cuarta Transformación (4T) ni una nueva escuela
mexicana si se pretende enjaular a los maestros en un régimen laboral de
excepción. Tampoco si se pretende mantener el proyecto educativo
neoliberal, así sea maquillado.
Con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, el Estado rompió,
unilateralmente, el pacto que desde hacía décadas tenía con los
trabajadores de la educación. La reforma transformó sustancialmente la
naturaleza del trabajo docente. Trasladó a los maestros, de la noche a
la mañana, al reino de la inseguridad y la precariedad laboral. El
magisterio dejó de ser una profesión de Estado para convertirse en una
profesión semiliberal, cuyo desempeño está sujeto al arbitrio de la
autoridad. De paso, decretó la práctica extinción del normalismo.
La nueva reforma educativa retoma aspectos esenciales de la reforma
del Pacto por México. Así lo han reconocido el PRI, el PAN y
especialistas educativos del mundo empresarial. Tan es así que votaron
entusiasmados en favor del dictamen de la reforma en la sesión conjunta
de las comisiones de Puntos Constitucionales y Educación en la Cámara de
Diputados.
Como escribió Pablo Hiriat, nada sospechoso de simpatizar con el obradorismo:
La reforma educativa aprobada ayer en comisiones en la Cámara de Diputados es prácticamente igual a la que promulgó en febrero de 2013 el presidente Peña Nieto, luego del Pacto por México entre todos los partidos.
Es falso que el rechazo de los maestros democráticos de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al dictamen
de los diputados sea por el control de las plazas. La coordinadora ha
señalado una y otra vez, en cuanto foro y negociación ha participado,
que no quiere que el sindicato controle las plazas. Pese a ello,
políticos y expertos educativos ligados al mundo empresarial reiteran la
calumnia.
De hecho, como recuerda el investigador Aldo Muñoz,
ni antes ni después de la federalización de 1992 se entregaban al Comité Nacional del SNTE 50 por ciento de las plazas más bajas que se estipula en el artículo 62 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.
Lo que el magisterio democrático demanda es no ser confinado a un
régimen laboral de excepción, que trata las garantías laborales del
magisterio como derechos de segunda. Juzga inadmisible que el ingreso,
promoción y reconocimiento sean temas administrativos bajo el control
gubernamental, al margen de cualquier bilateralidad. Ni en el artículo
tercero, ni en algún transitorio. Tampoco admite que, aunque se
reconozca en un transitorio que, salvo el ingreso, la promoción y el
reconocimiento, las relaciones laborales se regulen por el apartado B
del 123 constitucional. Por una razón elemental: para efectos de ley
superior, un transitorio no está por encima de la ley madre.
Formalmente, la reforma educativa de la 4T declara que busca robustecer al normalismo. No lo hace. El texto dice:
El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Los diputados mocharon la propuesta presidencial original que establecía el dar atención prioritaria a estas instituciones.
Fortalecer realmente el normalismo implica varias cosas, no
contempladas en el dictamen: dar plazas a los egresados de las normales
públicas al terminar sus estudios; que los egresados de estas
instituciones tengan primacía para ocupar una plaza de trabajo sobre los
que vienen de otros centros educativos; libertad académica y autonomía
real.
El normalismo es una profesión de Estado, surgida de la obligación de
éste de impartir educación. Es la vía de formación de los profesionales
que se requieren para cumplir con el ordenamiento constitucional en la
materia. Los normalistas son evaluados por las autoridades educativas al
ingresar a la normal, mientras están en ella y para recibirse, obtener
su título y su cédula profesional. Los planes de estudios que cursan son
fijados por el Estado.
Es absurdo que, en lugar de seguir la ruta que durante muchos años se
siguió exitosamente, no obtengan su plaza y comiencen inmediatamente a
trabajar al recibir su cédula profesional. Y que deban concursar por un
trabajo compitiendo con profesionistas que no poseen los estudios para
enseñar a niños y jóvenes. Es como si los cadetes del Heroico Colegio
Militar, al terminar sus estudios, en lugar de ingresar directamente al
servicio con un grado, tuvieran que presentar un nuevo examen, junto a
profesionistas que no cursaron la carrera de las armas.
Las plazas de los normalistas de nuevo ingreso del sistema público no
son administradas por el sindicato. No es el SNTE el que se las da. Es
la autoridad educativa quien las asigna directamente a los egresados.
Porque se necesitan sus servicios y porque demostraron, a lo largo de
toda la carrera, que están capacitados para ser maestros.
Con la nueva reforma es imposible que se establezca pacto alguno
entre los maestros y el Estado. O que se haga realidad una nueva escuela
mexicana. Por el contrario, tal y como sucedió en el sexenio pasado, en
el que los legisladores del PRI asumían que
todo estaba bajo controly se enfrentaron a oleadas intermitentes de descontento magisterial, lo que veremos es un desencuentro permanente entre los trabajadores de la educación y la 4T.
Twitter: @lhan55
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