Instalan mesa de trabajo Segob y sobrevivientes de tortura sexual
Las
once sobrevivientes de tortura sexual en los operativos policiacos de
2006 en el Estado de México y representantes de la Secretaría de
Gobernación (Segob) instalaron formalmente la mesa para el cumplimiento
de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH),
dictada en noviembre de 2018 por el caso Atenco.
El acuerdo se dio esta tarde entre funcionarios federales y del
Estado de México y representantes legales de Yolanda Muñoz Diosdada,
Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana
Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco
Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez
Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres
Linares y Claudia Hernández Martínez y sus familiares.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, que representa a las once mujeres, informó que el subsecretario
de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro
Encinas, afirmó que el Gobierno federal cumplirá cabalmente la sentencia
y que no se revictimizará a las mujeres sobrevivientes de tortura
sexual.
Después de 12 años de ser víctimas de tortura sexual, el 28 de
noviembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una
sentencia donde responsabilizó al Estado mexicano por las violaciones a
los Derechos Humanos de las once denunciantes, quienes fueron detenidas
y torturadas durante los operativos policiacos de Atenco y Texcoco, en
el Estado de México, en 2006.
Alejandro Encinas reiteró la disposición de cumplir la sentencia como
lo dio a conocer cuando se emitió la resolución, en noviembre de 2018,
21 días previos a que Enrique Peña Nieto concluyera su investidura como
Presidente de México y cuando el país pasaba por el proceso de
transición para que Andrés Manuel López Obrador asumiera el poder.
Durante el litigio ante el organismo internacional el Estado mexicano
propuso un plan de reparación integral que incluía eliminación de los
antecedentes penales de las mujeres que fueron acusadas de algún delito,
el pago de compensación, becas educativas, servicios de salud, vivienda
e investigación de los hechos, entre otras medidas. No obstante, en
muchos casos las medidas no fueron implementadas.
Cuando se publicó la sentencia, las once sobrevivientes valoraron el
llamado de la Corte para pedir al Estado que investigara los posibles
vínculos entre los responsables directos y sus superiores jerárquicos en
la comisión de los actos de tortura, violencia sexual y violación
sexual, debido a que varias autoridades estuvieron involucradas en los
operativos.
De acuerdo con el Centro Prodh, entre los primeros acuerdos
alcanzados esta tarde, el Gobierno federal se comprometió a atender los
puntos relacionados con la investigación penal, medidas de no repetición
y atención de salud.
En la sentencia, la Corte Interamericana pidió que los hechos de 2006
se siguieran investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y
dentro de un plazo razonable, para esclarecer lo ocurrido y para
identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad,
incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando de los cuerpos de
seguridad estatales y federales.
Cabe decir que entre los funcionarios involucrados estuvieron el ex
presidente Enrique Peña Nieto, quien en 2006 era gobernador del Estado
de México; Genaro García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de
Investigación (AFI); el ahora ministro Eduardo Medina Mora, entonces
titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo
Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública estatal.
La sentencia del caso de las mujeres de Atenco no solo impacta en su
búsqueda de justicia, también coadyuva a la creación de políticas de
seguridad con enfoque de Derechos Humanos, por ejemplo, la Corte llamó
al Estado a crear e implementar, en un plazo de dos años, un plan de
capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México
que incluya la perspectiva de género.
De igual manera, la Corte dispuso que el Estado debería establecer al
nivel federal un observatorio independiente que permita dar seguimiento
a la implementación de las políticas en materia de rendición de cuentas
y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la policía del
Estado de México, dentro del cual se permita la participación de
miembros de la sociedad civil.
Otras medidas ordenas por el tribunal que reconoció que las mujeres
fueron víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias, tortura física,
psicológica y sexual y falta de acceso a la justicia, fueron ofrecer
atención adecuada a los padecimientos físicos, psicológicos o
psiquiátricos de las once mujeres y garantizarles becas de estudio.
El Centro Prodh también destacó que el alto tribunal señaló en su
fallo que se deben implementar medidas para revertir las condiciones que
permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policíaca,
por lo que la sentencia contiene puntos clave que deben guiar la agenda
estructural sobre Derechos Humanos.
Si hay un adecuado cumplimiento de la sentencia, el Estado tendrá la
posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso y de
tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones
a Derechos Humanos en otros contextos, expuso la organización en el
comunicado.
Imagen cortesía del Centro Prodh
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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