Afecta a 8 millones de trabajadores
Gómez Urrutia: hay respuesta exagerada contra iniciativa que lo regula
▲ La subcontratación de trabajadores, práctica recurrente.
La subcontratación ilegal provoca anualmente una evasión
al fisco y a los institutos de seguridad social de 500 mil millones de
pesos. Además, severos perjuicios económicos a 8 millones de
trabajadores, quienes son despojados del derecho al reparto de
utilidades y a una pensión digna, asegura el senador de Morena Napoleón
Gómez Urrutia, autor de la controvertida iniciativa en la materia, la
cual quedó pendiente de discusión para el año próximo.
Resaltó que lo anterior son cálculos del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), pues cientos de empresas acuden a esa práctica que les
permite no pagar los impuestos que les corresponden e incumplir con las
cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Aunque el propio coordinador de Morena y presidente de la junta de
coordinación política del Senado, Ricardo Monreal, promovió que el
dictamen con las reformas a las leyes Federal del Trabajo y del
Instituto Mexicano del Seguro Social, aprobado ya en comisiones, no
pasara al pleno y se abriera una sesión de parlamento abierto para enero
próximo, otros legisladores morenistas no están de acuerdo.
Principal problema del IMSS: Martínez Cázares
El ex director del IMSS Germán Martínez Cázares resaltó
que se debe reglamentar sin demora la subcontratación, ya que el
principal problema de ese instituto no es la falta de medicinas, equipo,
personal o la mala administración, sino el outsourcing.
Calculó que, mediante la práctica de inscribir a trabajadores ante el
IMSS con un menor salario al que realmente perciben, se evaden más de
50 mil millones de pesos al año.
En los meses que estuvo al frente del IMSS, al comienzo del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador, pudo constatar que la principal
corrupción es el outsourcing, sangría importante por
la fuga de cuotas obrero-patronales.
Durante la reunión de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Estudios Legislativos, en la que se aprobó el dictamen para regular
la subcontratación –el martes pasado–, Martínez Cázares denunció que en
su paso por el IMSS vio cómo
algunas familias de este país se enriquecieron robando el fruto del trabajo de muchos obrerosa través de la subcontratación, y ello
es un crimen.
Los que quieran defender ese robo que vengan y lo digan en el Senado, retó.
Igualmente, el senador de Morena Martí Batres consideró que en esta
nueva etapa, con un gobierno que está dispuesto a reconstruir los
derechos de los trabajadores, se debe seguir adelante con esa iniciativa
que no elimina el outsourcing, sino lo regula, porque en
décadas recientes se ha aplicado de manera ilegal, en detrimento de la
economía nacional y de los sindicalizados.
Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero, resaltó que desde que presentó la iniciativa hubo una respuesta
exageradade los organismos empresariales, que comenzaron primero una campaña de desprestigio con argumentos falsos, entre ellos que se eliminaba por completo ese mecanismo de subcontratación y ponía en riesgo la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá.
Al final, resaltó, presionaron a los coordinadores del Senado y
consiguieron que no se aprobara en este periodo de sesiones, que
concluirá el próximo día 12, pero
no vamos a desistir. Se llevará a la segunda consulta en enero, pero se tiene que legislar para regular esa actividad, que ha causado un daño grave a las finanzas públicas y a los trabajadores.
Pese a la gravedad del problema, no hay estadísticas oficiales. La
titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa
María Alcalde, en su reciente comparecencia ante el Senado, informó que
la subcontratación abusiva y el subregistro ante el IMSS son mecanismos perversos que han crecido a lo largo del último sexenio.
Se construyeron, destacó, no sólo al amparo del poder en su momento,
sino también tienen relación con una defraudación a los institutos de seguridad social, Hacienda y, obviamente, los trabajadores, a quienes se ha desprotegido. No hubo una sola inspección en esa materia durante los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto.
No quiso precisar si se necesita una reforma legal, pero dijo que eso
compete al Congreso. Lo que la STPS ha hecho es coordinarse con el
IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y
otras dependencias para atacar esa
subcontratación abusivamediante operativos estratégicos para acabar con esa
práctica tan agresiva.
En el dictamen se precisa que la subcontratación sólo podrá
realizarse sobre actividades que exijan una especialización que resulte
ajena o accesoria a la actividad preponderante o principal que lleve a
cabo la empresa contratante.
Gómez Urrutia comentó que es obvio que las actividades de limpieza
pueden ser subcontratadas, pero no se justifica que un consorcio como
Grupo México utilice a un empresa de servicios financieros para emplear a
sus mineros.
Es una práctica recurrente, sostuvo, que en los hechos significa una
sustitución patronal, ya que la empresa subcontrata a otra que se
encarga del manejo y pago de la nómina de los trabajadores, quienes
siguen desempeñando las mismas funciones pero
simulada y ficticiamentedejan de laborar en la misma.
En muchas ocasiones pasan de un subcontratista a otro, por lo que no
generan antigüedad, no reciben reparto de utilidades y no podrán
pensionarse.
El legislador rechazó que su iniciativa ponga en riesgo la economía,
como argumentan los empresarios, en referencia a la disposición de
penalizar el outsourcing ilegal y la obligación de los patrones
que hubieran incurrido en abusos fiscales y laborales de pagar lo
evadido a Hacienda y al IMSS y las utilidades escamoteadas a los
trabajadores en un plazo de seis meses. Después de ello habría
sanciones.
Hay que corregir esos abusos. La economía nacional no podrá crecer mientras no se regule y acabe esa práctica.
Foto Cristina Rodríguez
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
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