Hace 16 años, el 3 y 4 de mayo de 2006, aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, contra floristas, habitantes y personas del “Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra” (FPDT).
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Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza que se hizo esos días murieron dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, y Ollin Alexis Benhumea, de 20. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre quienes hubo 47 mujeres, que en su mayoría sufrieron tortura sexual a manos de los policías en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (ProDH), que documentó y acompaña legalmente el caso, los agentes aprovecharon la situación de incomunicación y vulnerabilidad de las detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico, así como amenazas de muerte y de hacer daño a sus familias.
26 de las mujeres reportaron estas agresiones al ingresar al Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) “Santiaguito” de Almoloya de Juárez, sin que fueran atendidas debidamente. La tortura fue documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).
Por ello, se iniciaron investigaciones penales en el Estado de México y, a nivel federal, por medio de la entonces Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), en la averiguación previa AP/FEVIM/003/05-2006, pero el 13 de julio de 2009 se declaró incompetente de oficio al considerar que los hechos no eran de orden federal sino del orden común y que competían a los órganos investigadores del Estado de México, donde tuvo lugar el operativo.
En el ámbito local, inicialmente sólo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, un delito menor (no grave) que se comete contra la administración pública, pero todos fueron absueltos. Un policía estatal más fue condenado por el delito no grave de actos libidinosos en perjuicio de una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, con posterioridad también fue absuelto, de acuerdo con el CentroProdh.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación acreditó en un dictamen las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en los operativos como tortura, violación sexual, el derecho a la vida, al derecho a la integridad personal, a la libertad sexual, a la no discriminación por género, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad personal, al debido proceso, el derecho al trato digno de las y los detenidos y el derecho a la justicia, sin embargo la justicia no prosperó en instancias nacionales por lo que 11 de las mujeres decidieron acudir en 2008 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), quien recomendó al Estado mexicano una investigación penal efectiva, con debida diligencia, dentro de un plazo razonable, que buscara esclarecer los hechos en forma integral y que identificara y sancionara los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material de distintos cuerpos de seguridad hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad, como encubrimiento y omisiones.
También pidió disponer las medidas correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia en este caso y aquellas necesarias para evitar la repetición de violaciones de Derechos Humanos como las cometidas en este caso, además de pedir la reparación integral a favor de las víctimas.
En septiembre de 2015, el Estado mexicano creó el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, cuya finalidad es establecer lineamientos para coordinar instituciones en cada caso. Desde su creación, este Mecanismo ha emitido solo tres dictámenes; en contraste, el Centro ProDH ha documentado más de 110 casos de tortura sexual, de los cuales en 21 las mujeres siguen en prisión debido a que fueron torturadas para declararse culpables de algún delito.
El 17 de septiembre de 2016, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al detectar la falta de avance sustancial e integral en el cumplimiento de las recomendaciones.
El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana adoptó su sentencia en este caso, en la que declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a Derechos Humanos cometidas contra las once mujeres, incluyendo detenciones arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia.
La Corte ordenó al Estado mexicano investigar y sancionar a todos los responsables de estos hechos a todos los niveles; fortalecer su mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y crear un Observatorio Independiente de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México, así como brindar medidas de atención y rehabilitación a las mujeres. La sentencia fue notificada a las partes el 21 de diciembre de 2018 y se encuentra en fase de supervisión de cumplimiento.
En consecuencia, en abril de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se reunió con las mujeres y les aseguró que el gobierno federal tenía el compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición.
No obstante, de acuerdo con un comunicado emitido hoy por el Centro ProDH, a 16 años de los hechos y cuatro de la sentencia de la Corte, no hay avances sustanciales en el acceso a la justicia, ya que no hay un plan de investigación y ésta sigue fragmentada; además de que el Estado se niega a implementar un Observatorio de uso de la fuerza y no hay una ruta de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual..
La tortura sexual es una práctica que persiste en México. La Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad (ENPOL), de 2021, indicó que 64.4 por ciento de las mujeres privadas de libertad menciona haber sufrido algún acto de violencia después de la detención y antes de llegar ante el Ministerio Público, y 39.8 por ciento sufrió alguna agresión física después de la detención; de ellas, 15.5 por ciento refirieron una agresión de carácter sexual, 4.8 por ciento dijo haber sido víctima de violación y 4.6 por ciento padeció lesiones en órganos sexuales. En suma, 25 por ciento de las agresiones físicas fueron de carácter sexual.
Las mujeres sobrevivientes continúan luchando para que haya una investigación seria y diligente sobre la tortura sexual, que considere todas las responsabilidades por las violaciones a Derechos Humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo.
No obstante, la Fiscalía del Estado de México continúa prodigando la impunidad, sin que la Fiscalía General de la República impulse decididamente el acceso a la justicia en este caso emblemático de la violencia contras las mujeres en el país, señaló el Centro ProDH.
“Los dos elementos principales para cumplir la sentencia sería la justicia y la no repetición. La justicia es realmente castigar a toda la cadena de mando, pero toda. Y sobre la no repetición, está en el papel, pero eso no es una garantía mientras que existe una Guardia Nacional que sigue reprimiendo; no es una garantía mientras sigan ciertas leyes sobre todo en el Estado de México, que dan pie a la represión”
Georgina Edith Rosales Gutiérrez, sobreviviente de tortura sexual
“Si no se rompe el círculo de impunidad, hace que (la violencia) se siga repitiendo, siempre va a seguir y las víctimas nunca vamos a encontrar una luz ni una salida ni esa justicia que nos la pintan tan fácilmente: ‘Bueno, sólo tiene que hacer una denuncia’. Vemos que la realidad es mucho más complicada; hemos visto el trato de las instituciones, de desdén y desprecio a las víctimas”
Norma Aidé Jiménez Osorio, sobreviviente de tortura sexual
“Decirle al Estado que aquí seguimos y la exigencia es la misma: queremos que se esclarezcan los hechos, queremos acceso a la verdad y queremos acceso a la justicia. No vamos a dar un paso atrás, no van a vencernos, vamos a seguir trabajando. Queremos que lo que ocurrió en 2006 se esclarezca para que no vuelva a ocurrir nunca más. Ese es el fondo de nuestra lucha, es fuerte, es vigente y es digna”.
Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual
22/RED
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