El 3 de mayo de 2017 encontraron el cuerpo de Lesvy en una caseta telefónica ubicada frente al Instituto de Ingeniería de la UNAM, con un cable de teléfono enredado en su cuello y lesiones visibles. En su cuenta de Twitter, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, (PGJ) aseguró a través de varios tuits “que el día de los hechos, la pareja se reunió con varios amigos en CU, donde estuvieron alcoholizándose y drogándose”, “El novio con quien la víctima vivía, informó que él trabajaba en el área de intendencia de la Preparatoria 6”, “su madre y su novio aseguraron que ella ya no estudiaba desde 2014, y dejó sus clases en CCH Sur, donde debía materias”, la UNAM también desconoció a Lesvy como parte de la comunidad universitaria.
Lesvy era estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, también formaba parte de la Estudiantina Femenil de la UNAM, y Jorge Luis González Hernández, su expareja y hoy declarado culpable del feminicidio, se desempeñaba como trabajador de intendencia de la UNAM.
En entrevista con Cimacnoticias, Araceli Osorio, madre de Lesvy y hoy defensora de los derechos de las mujeres, explicó que hasta ahora cuentan con una sentencia de apelación emitida por un Tribunal de Alzada del Poder Judicial en la Ciudad de México que aumentó de 45 a 52 años y seis meses de prisión contra Jorge Luis González.
No obstante, el feminicida (hoy privado de su libertad) sigue haciendo valer los recursos jurídicos que cuenta para su defensa, por ejemplo, se inconformó contra el tipo penal por el que se le juzgó.
Además, detalló Osorio, persiste un incumplimiento contra la Recomendación 01/2018 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la que se deriva la responsabilidad penal por parte de la entonces directora de Comunicación Social de la entonces Procuraduría General de Justicia de la CDMX, María Elena Cárdenas, por presuntamente haber filtrado información del caso. Actualmente se llevan a cabo audiencias para determinar la responsabilidad de esta funcionaria.
Es de recordar que el feminicidio de Lesvy fue emblemático en demostrar la violencia institucional que padecen las familias de víctimas de feminicidio en la Ciudad de México, ya que al día siguiente de haber encontrado el cuerpo de Lesvy atado a un cable telefónico, la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México filtró información del caso a la prensa y revictimizó a Lesvy al presumir que se había suicidado bajo el influjo de alcohol y las drogas, además de que no era estudiante de la máxima casa de estudios.
La Fiscalía Desconcentrada COY-1 inició la carpeta por el delito de “homicidio culposo” (por no impedir el presunto suicidio de Lesvy) pese a que el cuerpo fue expuesto en un lugar público y tenía signos de violencia, dos características que definen el feminicidio como tipo penal. Lejos de investigar el caso como feminicidio, la entonces Procuraduría anunció que Lesvy se habría suicidado e insistió en un peritaje antropológico con preguntas enfocadas a estudiar la vida sexual de la joven, así como sus relaciones familiares, el cual no se realizó por oposición de la familia.
El 6 de julio de ese mismo año la PGJ informó públicamente que Lesvy “se suicidó” y que Jorge Luis, ex auxiliar de intendencia de la UNAM y su novio, sería acusado de “homicidio simple por omisión”, por no impedir que ella se quitara la vida. El 10 de julio, el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Cristian Ricardo Franco Reyes, siguió la determinación de la Procuraduría y aunque desechó la necropsia, avaló el auto de vinculación por homicidio.
La PGJ se empeñó en demostrar este supuesto suicidio, hasta que seis meses después, y luego de protestas en redes sociales y en las calles por el tratamiento misógino que se le dio al caso, y la presión de la familia y sus abogados, el 18 de octubre de 2017 la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por la y los magistrados Celia Marín Sasaki, Arturo Eduardo García y Salvador Ávalos Sandoval (este último votó en contra) resolvió que la PGJ estaba obligada a investigar el crimen como feminicidio y el juez Reyes Franco, a vincular a proceso al sospechoso por este delito y a juzgar con perspectiva de género.
En septiembre de 2019 inició el juicio oral por el caso y luego de varias audiencias y las pruebas periciales ofrecidas por el experto internacional, José Mario Najera Ochoa, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) determinó la culpabilidad de Jorge Luis González Hernández en el feminicidio de Lesvy y lo sentenció a 45 años de prisión.
Esta sentencia fue apelada por González Hernández y fue hasta octubre de 2021, cuando la Quinta Sala Penal del TJSCDMX no solo confirmó la sentencia, sino que aumentó a 52 años y 6 meses la pena de cárcel contra el feminicida Jorge Luis González Hernández.
Esta sentencia de apelación consideró “sustancialmente fundados” los agravios del Ministerio Público y de las víctimas respecto de la individualización de la pena, por lo que consideró justo y equitativo determinar en el sentenciado un grado de culpabilidad correspondiente a un punto medio entre la máxima (60) y la media (45).
Como lo exigió mediante amparos la madre de Lesvy, Araceli Osorio, así como el grupo de defensoras que se organizó y acompañó en todos estos años, la resolución de la Quinta Sala no sólo confirmó la sentencia en contra de Jorge Luis González Hernández, sino que impuso contra el feminicida una pena de 52 años 6 meses de prisión, ya que la pena anterior era de 45 años.
La Sala coincidió con la familia y abogadas de Lesvy en que las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente no fueron valoradas adecuadamente por el tribunal de enjuiciamiento.
Además de condenar a Jorge Luis González Hernández como responsable de cometer feminicidio, esta sentencia ordena pagar una indemnización económica y de gastos funerarios a los padres de Lesvy, como víctimas indirectas; además, de acuerdo con lo que la abogada Ana Yeli Garrido, de Justicia Pro Persona, explicó a Cimacnoticias, también se habla de una reparación integral y deja a salvo el derecho para que en la etapa de ejecución se dé mayor certeza en este punto.
La sentencia, no obstante, dejó fuera la reparación para la comunidad estudiantil, la cual vivió diversos impactos negativos, de acuerdo con los peritajes ofrecidos durante los juicios, por lo que las víctimas pidieron que la reparación integral corriera a cargo del perpetrador, la cual consiste –según se evaluó también con base en peritajes independientes– en el pago de gastos funerarios, rehabilitación psicológica, y una indemnización por daño moral al haber mentido sobre un suicidio.
Esta resolución llegó dos años después de la sentencia de juicio debido al contexto de pandemia por la COVID-19 y a los diversos recursos interpuestos por la defensa del sentenciado, quien promovió y finalmente se desistió de la reacusación en contra de la Quinta Sala Penal.
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