Anuncian sindicatos y OSC movilizaciones para el año próximo
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 26 dic 08 (CIMAC).- En materia de derechos laborales el Gobierno mexicano tiene pendiente una deuda para el próximo año con las y los trabajadores del país, de los cuales las mujeres representan el 37 por ciento, por lo que organizaciones sindicales y civiles anunciaron que para 2009 protestarán desde las calles y de manera jurídica para exigir que se respeten garantías establecidas en la ley laboral mexicana, como la seguridad social.
Pues a pesar de que se avanzó en el tema de libertad sindical con el aval que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio al voto secreto de las y los trabajadores durante los recuentos sindicales, aún persisten leyes y acuerdos que son retroactivos a los derechos de las y los trabajadores, como la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Hasta mediados de noviembre pasado, fecha límite para que las y los afiliados al ISSSTE eligieran sistema de pensiones, sólo el 14 por ciento de los 2 millones 600 mil derechohabientes, de los que el 54 por ciento son mujeres, se decidió por algún sistema de pensiones. Sin embargo, esta norma continúa.
LOS AFECTADOS POR LA LEY DEL ISSSTE
Por ello, organizaciones civiles y sindicales como la Unión de Juristas de México (UJM), distintas fracciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, anunciaron al concluir este año, que se llevarán a cabo foros de discusión y manifestaciones para exigir que se derogue esta norma.
Las organizaciones consideran que esta Ley afecta a un millón 404 mil trabajadoras del personal docente, médico, técnico, administrativo y profesionista, de un total de dos millones 600 mil derechohabientes, y “representa un fuerte golpe contra todas y todos los trabajadores del Estado”, señaló a Cimacnoticias el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel.
En este escenario, las trabajadoras del Estado sufrirán una mayor afectación, ya que “son las que ganan salarios más bajos, lo que repercutirá en los descuentos que les realizan para las prestaciones y el pago a las Afores por el manejo de sus ahorros”, refirió a Cimacnoticias la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Ortiz Magallón.
De acuerdo con la legisladora, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja, las modificaciones hechas a la Ley del ISSSTE, avaladas en lo general por la SCJN el pasado mes de junio, “van a tener un impacto en las mujeres en un periodo de 10 a 15 años”.
Frente a este panorama “se busca converger movimientos, hacer uso de mecanismos legales y la protesta social”, dijo a Cimacnoticias el jurista Eduardo Miranda, quien considera que para las y los trabajadores el 2009 “apunta peor”, por la “marcada violación de derechos humanos y seguridad social”.
Por lo que refirió que los primeros días de enero realizarán la Segunda Convención Nacional de Seguridad Social, y para la tercera o cuarta semana presentarán ante la SCNJ el cuarto amparo contra el régimen financiero del ISSSTE y contra el sistema financiero de las Afores.
SINDICATOS Y OSC, EN PIE DE LUCHA
Muestra de ello, es que a mediados de este mes alrededor de una docena de organizaciones civiles y sindicales, convocaron, en conferencia de prensa, al Primer Encuentro de Luchas por la Libertad Sindical, que se realizará el próximo 24 de enero.
En voz de Enrique Fabela, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) mujeres y hombres han resentido la falta de libertad sindical en el país, que culmina este año “sin un resultado positivo” en el respeto a los derechos laborales de la base trabajadora.
De igual forma, Enrique Fabela refirió que son necesarios los esfuerzos convergentes, por lo que ya cuentan con un plan de acción hasta el próximo 1 de mayo, como parte de la “ofensiva, que ya tiene rato”.
Por su parte, durante el mismo acto, Pedro Hernández Morales, secretario de Organización de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) refirió que para el siguiente año tendrán que “poner sobre la mesa” los derechos de las y los trabajadores que el gobierno federal “está violentando”.
En este sentido, las y los profesores integrantes de fracciones disidentes del SNTE, entre ellas la 19 en Morelos, 18 en Michoacán, 9, 10 y 11 en el Distrito Federal, anunciaron en la marcha del pasado 2 de diciembre, en la Ciudad de México, junto con la CNTE y sindicatos universitarios, que para el siguiente año continuarán las movilizaciones en contra de la Ley del ISSSTE y la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), pactada por Felipe Calderón Hinojosa y Elba Esther Gordillo, secretaría general vitalicia del SNTE, en 2007.
Además se pronunciaron en contra de la violencia que sufrió el Movimiento Magisterial de Bases (MMB) en Morelos, las primeras semanas de octubre pasado, mientras estaban en huelga, por parte de las policías local y federal y elementos del Ejército mexicano, así como por la “represión administrativa”, que aseguran viven desde su regreso a clases, el pasado 6 de noviembre, después de sostener un paro de más de 80 días. De acuerdo con Claudia Rebollar, de la Sección 19 de Morelos, el conflicto magisterial “no está resuelto”, por lo que seguirán las manifestaciones en contra de las sanciones administrativas, entre las que se cuenta el despido de 63 maestras y maestros, hasta que obtengan por parte del gobierno local, encabezado por Marco Adame, “un trato digno” en lugar de “cerrazón” para establecer el diálogo.
PASTA DE CONCHOS, VIUDAS CONTINÚAN DEMANDA
En este sentido, quienes también solicitaron por diversas vías al Gobierno mexicano que su demanda fuera escuchada, son las viudas y familiares de 63 de los 65 mineros fallecidos en la explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila, registrada el 19 de febrero de 2006.
Sin embargo, su petición del rescate de los restos de los 63 mineros no fue atendida por las autoridades mexicanas, quienes en palabras de Cristina Auerbach, asesora de Familia Pasta de Conchos, organización integrada por viudas y familias y asociaciones defensoras de derechos humanos, dicen “no tener facultades para realizar el rescate”.
Para el próximo año, Familia Pasta de Conchos espera que se lleve a cabo la reunión que José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se comprometió a convocar entre técnicos expertos en minas que apoyan a la organización y los del Foro Consultivo Científico y Tecnológico por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que sean ellos quienes decidan la viabilidad del rescate.
Además, para 2009 viudas y familiares recibirán el resultado de la reunión que sostuvieron en Ginebra, Suiza, los representantes de Familia Pasta de Conchos con relatores de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe anual.
08/GCJ/VRI/CV
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 26 dic 08 (CIMAC).- En materia de derechos laborales el Gobierno mexicano tiene pendiente una deuda para el próximo año con las y los trabajadores del país, de los cuales las mujeres representan el 37 por ciento, por lo que organizaciones sindicales y civiles anunciaron que para 2009 protestarán desde las calles y de manera jurídica para exigir que se respeten garantías establecidas en la ley laboral mexicana, como la seguridad social.
Pues a pesar de que se avanzó en el tema de libertad sindical con el aval que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio al voto secreto de las y los trabajadores durante los recuentos sindicales, aún persisten leyes y acuerdos que son retroactivos a los derechos de las y los trabajadores, como la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Hasta mediados de noviembre pasado, fecha límite para que las y los afiliados al ISSSTE eligieran sistema de pensiones, sólo el 14 por ciento de los 2 millones 600 mil derechohabientes, de los que el 54 por ciento son mujeres, se decidió por algún sistema de pensiones. Sin embargo, esta norma continúa.
LOS AFECTADOS POR LA LEY DEL ISSSTE
Por ello, organizaciones civiles y sindicales como la Unión de Juristas de México (UJM), distintas fracciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, anunciaron al concluir este año, que se llevarán a cabo foros de discusión y manifestaciones para exigir que se derogue esta norma.
Las organizaciones consideran que esta Ley afecta a un millón 404 mil trabajadoras del personal docente, médico, técnico, administrativo y profesionista, de un total de dos millones 600 mil derechohabientes, y “representa un fuerte golpe contra todas y todos los trabajadores del Estado”, señaló a Cimacnoticias el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel.
En este escenario, las trabajadoras del Estado sufrirán una mayor afectación, ya que “son las que ganan salarios más bajos, lo que repercutirá en los descuentos que les realizan para las prestaciones y el pago a las Afores por el manejo de sus ahorros”, refirió a Cimacnoticias la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Ortiz Magallón.
De acuerdo con la legisladora, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja, las modificaciones hechas a la Ley del ISSSTE, avaladas en lo general por la SCJN el pasado mes de junio, “van a tener un impacto en las mujeres en un periodo de 10 a 15 años”.
Frente a este panorama “se busca converger movimientos, hacer uso de mecanismos legales y la protesta social”, dijo a Cimacnoticias el jurista Eduardo Miranda, quien considera que para las y los trabajadores el 2009 “apunta peor”, por la “marcada violación de derechos humanos y seguridad social”.
Por lo que refirió que los primeros días de enero realizarán la Segunda Convención Nacional de Seguridad Social, y para la tercera o cuarta semana presentarán ante la SCNJ el cuarto amparo contra el régimen financiero del ISSSTE y contra el sistema financiero de las Afores.
SINDICATOS Y OSC, EN PIE DE LUCHA
Muestra de ello, es que a mediados de este mes alrededor de una docena de organizaciones civiles y sindicales, convocaron, en conferencia de prensa, al Primer Encuentro de Luchas por la Libertad Sindical, que se realizará el próximo 24 de enero.
En voz de Enrique Fabela, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) mujeres y hombres han resentido la falta de libertad sindical en el país, que culmina este año “sin un resultado positivo” en el respeto a los derechos laborales de la base trabajadora.
De igual forma, Enrique Fabela refirió que son necesarios los esfuerzos convergentes, por lo que ya cuentan con un plan de acción hasta el próximo 1 de mayo, como parte de la “ofensiva, que ya tiene rato”.
Por su parte, durante el mismo acto, Pedro Hernández Morales, secretario de Organización de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) refirió que para el siguiente año tendrán que “poner sobre la mesa” los derechos de las y los trabajadores que el gobierno federal “está violentando”.
En este sentido, las y los profesores integrantes de fracciones disidentes del SNTE, entre ellas la 19 en Morelos, 18 en Michoacán, 9, 10 y 11 en el Distrito Federal, anunciaron en la marcha del pasado 2 de diciembre, en la Ciudad de México, junto con la CNTE y sindicatos universitarios, que para el siguiente año continuarán las movilizaciones en contra de la Ley del ISSSTE y la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), pactada por Felipe Calderón Hinojosa y Elba Esther Gordillo, secretaría general vitalicia del SNTE, en 2007.
Además se pronunciaron en contra de la violencia que sufrió el Movimiento Magisterial de Bases (MMB) en Morelos, las primeras semanas de octubre pasado, mientras estaban en huelga, por parte de las policías local y federal y elementos del Ejército mexicano, así como por la “represión administrativa”, que aseguran viven desde su regreso a clases, el pasado 6 de noviembre, después de sostener un paro de más de 80 días. De acuerdo con Claudia Rebollar, de la Sección 19 de Morelos, el conflicto magisterial “no está resuelto”, por lo que seguirán las manifestaciones en contra de las sanciones administrativas, entre las que se cuenta el despido de 63 maestras y maestros, hasta que obtengan por parte del gobierno local, encabezado por Marco Adame, “un trato digno” en lugar de “cerrazón” para establecer el diálogo.
PASTA DE CONCHOS, VIUDAS CONTINÚAN DEMANDA
En este sentido, quienes también solicitaron por diversas vías al Gobierno mexicano que su demanda fuera escuchada, son las viudas y familiares de 63 de los 65 mineros fallecidos en la explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila, registrada el 19 de febrero de 2006.
Sin embargo, su petición del rescate de los restos de los 63 mineros no fue atendida por las autoridades mexicanas, quienes en palabras de Cristina Auerbach, asesora de Familia Pasta de Conchos, organización integrada por viudas y familias y asociaciones defensoras de derechos humanos, dicen “no tener facultades para realizar el rescate”.
Para el próximo año, Familia Pasta de Conchos espera que se lleve a cabo la reunión que José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se comprometió a convocar entre técnicos expertos en minas que apoyan a la organización y los del Foro Consultivo Científico y Tecnológico por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que sean ellos quienes decidan la viabilidad del rescate.
Además, para 2009 viudas y familiares recibirán el resultado de la reunión que sostuvieron en Ginebra, Suiza, los representantes de Familia Pasta de Conchos con relatores de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe anual.
08/GCJ/VRI/CV
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