TIEMPO DE MUJERES

Gobiernos panistas: alta corrupción y baja transparencia

Paulina Monroy

Desde que el Partido Acción Nacional asumió la Presidencia de la República, los índices de corrupción en México se incrementaron y la transparencia se fue a pique, señalan organismos no gubernamentales. Los mecanismos para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas no son eficaces. Por el contrario, las entidades responsables son omisas y la corrupción se convierte en un “fenómeno estructural”

Desde 2001, el primer año de gobierno de Vicente Fox, la corrupción en México se ha venido incrementando. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, desde que el Partido de Acción Nacional (PAN) llegó al poder, México ha reducido su puntaje de 3.7 en 2001 a 3.3 en 2009.

El estudio fue aplicado en 180 países, con una escala de 1 a 10, donde 1 es el mayor nivel de corrupción. México nunca ha alcanzado siquiera el seis. En la más reciente evaluación, el país bajó 17 lugares de la última posición que obtuvo en 2008. A nivel mundial alcanzó el lugar 89.

El IPC se elabora a partir de 13 fuentes que pertenecen a 10 instituciones independientes y que miden el alcance general de la corrupción, es decir, la frecuencia y magnitud de los sobornos en el sector público. La evaluación está a cargo de expertos y líderes empresariales. Además, se auxilia de información de instituciones financieras internacionales, consultorías y foros.

Irma Eréndira Sandoval, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS), advierte que la corrupción en el panismo sí ha tenido efectos más dramáticos, toda vez que la ciudadanía cifró su esperanza en la alternancia política: “El voto contra el PRI (Partido Revolucionario Institucional) fue un voto porque la corrupción cesara; no obstante, la corrupción ominosa del sexenio de Vicente Fox, que no ha sido combatida con Calderón, ha generado mayor frustración”.

Describe que son diferentes los modus operandi de la corrupción entre el priismo y el panismo. La diferencia, subraya, son las contradicciones y el problema de diseño institucional para su combate.

Es así, y en contradicción con los resultados internacionales, que del total de investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo el 1.5 por ciento concluye que hubo actos de corrupción. A su vez, México retrocedió dos puntos en transparencia presupuestaria en un año, según Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Función Pública deficiente para atacar corrupción

El 18 de noviembre, la SFP admitió que México necesita mejores instrumentos legales para fortalecer el combate a la corrupción.

“Las calificaciones –señaló la entidad– constituyen una advertencia sobre lo mucho que se debe hacer en el gobierno federal, los poderes legislativo y judicial, estados, municipios y el sector privado para controlar la corrupción”.

Indicó que ésta es una oportunidad para cambiar las reglas en el tema del combate a la corrupción: “Si seguimos haciendo lo mismo que en años anteriores, vamos a obtener los mismos resultados”. Por lo que sugirió tener mayores atribuciones para ser más eficiente la lucha contra la corrupción, más facultades de investigación, acceso a bases de datos y a recursos que optimicen su labor.

La entidad informó que este año reestructuró más del 60 por ciento de las funciones y perfiles de servidores públicos, “a fin de privilegiar un enfoque preventivo en el combate a la corrupción y eliminar espacios que la propicien”. Aseguró que el número de servidores públicos denunciados penalmente se ha incrementado “notoriamente”.

Función Pública, entidad instalada por el panismo para vigilar la administración pública federal, “no ha sido efectiva y es omisa de las prácticas ilícitas de los servidores; sirve de trampolín político y plataforma de empuje y no la entidad de combate a la corrupción”.

Para Irma Eréndira Sandoval, es el caso de Francisco Barrio, primer secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (antigua denominación de la SFP), cargo del que se separó en 2003 para convertirse en diputado federal y coordinador de la bancada panista.

También Germán Martínez Cázares, quien fue titular de Función Pública por sólo nueve meses, durante el primer año de la administración de Felipe Calderón, para más tarde convertirse en presidente nacional del PAN.

La doctora en ciencias políticas enumera que, de 2000 a 2005, la SFP inició en promedio 89 averiguaciones previas por casos relacionados con la corrupción. La investigadora del IIS apunta que la mayoría de los casos se definen como cargos muy menores.

De este modo, el 48.8 por ciento de las investigaciones se deduce que se trata de negligencias administrativas. El 35.5 por ciento de los casos se refieren a violaciones de normativa presupuestal, y el 8.8 por ciento a violaciones de procedimientos de contratación, adquisiciones y licitación.

El 5 por ciento corresponde a abuso de autoridad y sólo el 1.5 por ciento, a corrupción: “Según la Secretaría de la Función Pública tenemos un país de 1.5 por ciento de funcionarios públicos corruptos y el 80 por ciento de funcionarios descuidados”. Califica de contradictoria esta visión frente al IPC de Transparencia Internacional.

Indicadores internacionales arrojan que una tercera parte de los mexicanos desconfían de las estrategias de combate a la corrupción, mientras que el 28 por ciento cree que el gobierno está coludido.

Corrupción en América

El reporte Índice de percepción de la corrupción 2009, de Transparencia Internacional, advierte que en el continente americano la corrupción se encuentra gravemente extendida. De los 31 países de América incluidos en la evaluación, sólo 10 obtuvieron una puntuación superior a cinco, mientras que 21 estuvieron por debajo.

Nueve países ni siquiera lograron superar la marca de los tres puntos: Argentina, Bolivia, Guayana, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Haití. El último, el más pobre de la región, mejoró su calificación de 1.4 a 1.8 en un año.

En todos los casos, con excepción de Argentina y Venezuela, hay altos niveles de pobreza y se “requieren urgentemente instituciones que faciliten su desarrollo económico. Sin embargo, respecto de la calificación de los países suramericanos, Transparencia Internacional refiere que es indicador de que la corrupción no está asociada exclusivamente a la pobreza.

Con excepción de Guatemala, ningún país de la región mostró un incremento significativo en su puntuación. Canadá, país que posee la primera posición de la lista, obtuvo una calificación de 8.7, seguido por Estados Unidos, que se mantiene en 7.5. Por arriba de los seis puntos están Barbados, Santa Lucía, Chile, Uruguay y San Vicente y las Granadinas.

Tanto como México, Brasil, Perú y Colombia tampoco superaron la puntuación de cinco. El informe explica que pese a ubicarse entre las principales economías de la región y a que deberían convertirse en referentes de la lucha contra la corrupción, se ven sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado.

“La puntuación baja de la mayoría de los países latinoamericanos –observa Transparencia Internacional– refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible”.

Por otro lado, enuncia que los periodistas de América Latina, que junto a la sociedad civil desempeñan un rol clave en la prevención de la corrupción y las medidas para combatirla, se enfrentan a un entorno cada vez más restrictivo: “Varios países han sancionado o propuesto leyes destinadas a silenciar al periodismo crítico, lo que atenta contra la posibilidad fundamental de denunciar la corrupción y su impacto”. Opina que debilitarlo limita la posibilidad de alcanzar una prosperidad duradera y reducir las desigualdades.

Especialmente con la crisis financiera, sugiere la organización, los Estados de la región deben adoptar medidas que garanticen que los fondos públicos se administren con integridad.

Al respecto, la académica del Instituto de Investigaciones Sociales, Irma Eréndira Sandoval, observa que los resultados sitúan a México en un nivel por debajo de países donde hay antidemocracia, nula transparencia, autoritarismo y bajo desarrollo económico: “¿De qué sirve jactarnos de nuestros avances democráticos?”

Baja en transparencia

“El objetivo de la transparencia es combatir la corrupción”, sostiene Sandoval. Sin embargo, por un lado –observa la investigadora– se celebra que hay transparencia y acceso a la información y, por otro, existen “rotundos” fracasos en materia de combate a la corrupción.

La coordinadora del libro Corrupción y transparencia, debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, publicado recientemente, considera que la transparencia per se y la normatividad sobre el acceso a la información están desligadas de ese fin último.

“La palabra transparencia se prostituye porque todos la usan para legitimarse, pero nadie la señala como herramienta que combata la corrupción”. El motivo, explica la académica, es la simulación.

Ejemplifica que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos están en la total opacidad, pues ninguna ley los obliga a divulgarlas. Bajo el argumento de tratarse de datos personales, dice, se justifica la no rendición de cuentas.

La coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia observa que hay muchos recovecos legales para darle la vuelta al control y la fiscalización.

A diferencia de 2008, México retrocedió dos puntos en transparencia, según el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, evaluación realizada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Este año recibió una calificación de 48 en una escala de uno a 100, donde uno significa nada transparente y 100, totalmente transparente. Obtuvo así el puntaje más bajo desde que el estudio se levantó por primera vez en 2001.

El diagnóstico se centró en dos aspectos: las percepciones de los usuarios y expertos de la información sobre la utilidad y la instrumentación de las normas, y el análisis del marco legal que permite identificar vacíos en las obligaciones del gobierno en la rendición de cuentas.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que el país experimentó un retroceso de dos puntos, reflejando el descontento con respecto a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la información presupuestaria: “Las percepciones han retrocedido ya que en la práctica, la información crea más dudas de las que resuelve o no es útil”.

Ejemplifica que con la publicación de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se redujo el contenido del Avance de gestión, informe semestral sobre la ejecución del presupuesto: “El documento era crucial para valorar la gestión y dar inicio al proceso de fiscalización”.

Mientras que “la crisis económica develó la falta de información disponible sobre las medidas adoptadas para aminorar sus efectos”, las que, describe, son casi imposibles de seguir. De este modo, aunque se aprobó un Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, no hay información expresa que dé cuenta de sus avances.

El Índice de Transparencia Latinoamericana está formado por la evaluación de cinco variables: participación y elaboración del presupuesto, fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información.

A nivel de región, sólo la variable “participación ciudadana” obtuvo el menor porcentaje en respuestas favorables, 11 por ciento. México pasó de una evaluación positiva de 10 por ciento en 2007 a 5 por ciento en 2009.

“Aun cuando existen normas legales que consideran la participación ciudadana en la planeación de las políticas públicas, no forzosamente se trasladan al proceso presupuestario”, advierte el reporte. La Ley de Planeación prevé la participación ciudadana en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND); sin embargo, no la contempla para el proceso presupuestario.

Respecto de las atribuciones del Legislativo para modificar, discutir, analizar y evaluar el presupuesto, el porcentaje de respuestas positivas pasó de 40 a 37 por ciento de 2007 a 2009.

Sobre su capacidad de adecuar el presupuesto durante el ejercicio fiscal, los especialistas respondieron favorablemente en un 21 por ciento. En México no existe la obligación legal de autorizar cambios en el gasto durante su ejecución.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que en caso de una disminución de más del 3 por ciento, el Poder Legislativo está facultado para sugerir modificaciones para su reducción; sin embargo, no tienen carácter aprobatorio. Esa tarea recae en el Ejecutivo, que estará encargado de resolverlas.

En transparencia de la asignación de recursos, México también redujo su calificación al pasar de 20 a 16 por ciento en dos años. No obstante que la estructura programática del presupuesto es congruente con el PND, la distribución del presupuesto sigue una lógica independiente.

Aunque existe un sistema de evaluación de desempeño que fija los criterios para la asignación, el público desconoce los indicadores estratégicos y si en realidad hay un examen de resultados.

La variable fiscalización del presupuesto fue evaluada sólo con 23 por ciento. En relación con las capacidades de la contraloría externa, México redujo su puntaje de 43 al 34 por ciento, y en redición de cuentas de 22 al 18 por ciento. También en control sobre funcionarios públicos, cuya calificación se redujo de 22 a 16, y en responsabilidades de niveles de gobierno del 23 al 16 por ciento.

Además, por sí sola, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental registró un retroceso en la calificación que otorgan los expertos: “Aún existen fallas en la práctica que impiden el flujo de información. Algunos de los problemas más frecuentes al pedir o recibir información por el sistema Infomex incluyen la supuesta inexistencia de la información solicitada, respuesta que el ciudadano no puede comprobar, y que la información presentada sea incongruente con la solicitada”.

Corrupción, problema estructural

Irma Eréndira Sandoval define que la corrupción es un fenómeno estructural, por lo que es un error que las estrategias para combatirla la definan como un problema ético: “Los gobiernos panistas son fundamentalistas y la definen como un tema moral y de religiosidad, cuando se requiere estrategias institucionales que acaben con la impunidad y pongan en su lugar a quienes violan las leyes”.

Expresa que alrededor de la corrupción estructural hay una total opacidad en los ámbitos judiciales; violaciones al derecho de acceso a la información y a los principios básicos de la administración pública; la generación de conflictos de interés a todos niveles, y la falta de una cultura ciudadana de denuncia y de políticas que la estimulen.

Aunque, en su opinión, existe normatividad “de avanzada” para atacar la corrupción; “la nula voluntad por aplicarla genera impunidad y una enorme frustración entre la ciudadanía”.

Sugiere, como advierten analistas en el estudio Corrupción y transparencia, debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, que se aprueben leyes de estímulo de informantes internos o whistle blowers, ciudadanos que denuncian actos de corrupción con atribuciones en sectores públicos y privados, y contra los conflictos de interés.

Calificación reprobatoria en corrupción durante el panismo

Presidente	Año	Calificación
Ernesto Zedillo	1999	3.2
Vicente Fox	2000	3.3
	2001	3.7
	2002	3.6
	2003	3.6
	2004	3.6
Felipe Calderón	2005	3.5
	2006	3.3
	2008	3.6
	2009	3.3

Fuente: Transparencia Internacional

Corrupción, problema mundial

Según Transparencia Internacional, la gran mayoría de los 180 países examinados en corrupción obtuvo una puntuación inferior a cinco, en una escala de cero (alta corrupción) a 10 (bajos niveles de corrupción). Del total evaluado, 127 alcanzaron calificaciones reprobatorias.

Su informe Índice de percepción de la corrupción 2009, publicado el 17 de noviembre, advierte que los resultados generales son sumamente preocupantes, puesto que muestran que la corrupción continúa asechando en las regiones donde prevalece la falta de transparencia y los gobiernos no han instrumentando marcos jurídicos para combatirla.

Es así que los países más inestables, marcados por la guerra y el conflicto constante, se encuentran rezagados en los últimos puestos del índice: Somalia, con una puntuación de 1.1; Afganistán, con 1.3; Myanmar, con 1.4, y Sudán e Irak, con 1.5.

“Los que se consideran más corruptos –observa la organización– son también aquellos asolados por conflictos de larga data que han arrasado con su infraestructura de gobernabilidad”.

Advierte que cuando las instituciones básicas son débiles o inexistentes, la corrupción aumenta sin control y el saqueo de los recursos públicos potencia la inseguridad y la impunidad. Además, instaura una creciente desconfianza en las instituciones y los nuevos gobiernos encargados de garantizar la subsistencia y la estabilidad.

Transparencia Internacional sostiene que el soborno, los cárteles y otras prácticas corruptas frustran la competencia y contribuyen a la pérdida masiva de los recursos para el desarrollo en los países, especialmente los más pobres.

Por el contrario, donde hay estabilidad política, normas arraigadas sobre conflictos de intereses e instituciones sólidas y eficientes, las calificaciones fueron las más altas. Nueva Zelandia encabeza la lista con un puntaje de 9.4. Le siguen Dinamarca, con 9.3; Singapur y Suecia, con 9.2, y Suiza, con nueve.

No obstante, alerta la organización, los países industrializados tampoco deben confiarse, toda vez que la oferta de sobornos y la facilitación de la corrupción involucran a empresas con sede en dichos países. Apunta que las jurisdicciones donde se resguarda el secreto financiero obstaculizan las acciones para terminar con la corrupción.

Durante la presentación del informe, Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, subrayó que contener la corrupción requiere un activo control del Poder Legislativo y Judicial; organismos de auditoría independientes; la aplicación enérgica de la ley; transparencia en los presupuestos públicos; ingresos y flujos de asistencia; medios independientes de comunicación, y una sociedad civil dinámica. (PM)