El censo mocho
¡Qué poco respeto al conocimiento tiene el PAN! Mientras a Elba Esther le regala miles de millones de pesos, al Censo de Población y Vivienda del 2010 le regatea el dinero y le mocha la mitad de las preguntas.
Es frecuente que los funcionarios mexicanos vayan por los cargos encomendándose al Espíritu Santo porque aceptan nombramientos sobre los cuales saben muy poco pero, ya instalados en la oficina, se comportan como si supieran más que quienes han dedicado su vida a estudiar el asunto en cuestión. Es el caso del forcejeo intelectual por el Censo del 2010 entre los demógrafos y las autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Población (Conapo).
El censo es insustituible porque cuenta a toda la población; las encuestas lo complementan porque, aun las más grandes, son estimaciones. Por su complejidad y costo, los censos se levantan cada diez años y México es el único país de América Latina que los ha hecho de manera ininterrumpida desde 1900. No todos tienen la misma calidad.
El Censo de 1980, por ejemplo, fue un fiasco; es tan poco confiable que los especialistas prefieren brincárselo porque el gobierno de José López Portillo manejó con frivolidad ese instrumento del conocimiento.
El INEGI es una institución que ganó prestigio por su capacidad para generar cifras confiables y es la encargada de levantar el Censo, que consta de dos cuestionarios:
1) el básico, que incluye a toda la población y
2) la encuesta, que se aplica en 2.7 millones de viviendas. Hace un año Felipe Calderón quitó a Eduardo Sojo de la Secretaría de Economía y lo mandó a dirigir el INEGI.
Sojo es un funcionario amable e inteligente, quien me explica, en conversación telefónica, que por razones presupuestarias (en concreto por un hueco de mil 300 millones de pesos) decidieron reducir el número de preguntas del Censo de 56 en el 2000, a 24 el próximo año. La comunidad de demógrafos está profundamente inquieta por esta decisión porque, además, la versión final del cuestionario básico el INEGI lo está tratando como si fuera un secreto de Estado.
Otro punto de desacuerdo está en los temas dejados fuera. Entre las 24 preguntas que dejó el INEGI está la relacionada con la religión, lo cual se entiende porque en los últimos años han crecido muchísimo las conversiones a religiones no católicas. Pero resulta incomprensible que hayan sacado la ¡actividad económica! (cómo se gana la vida cada quién), el ¡estado conyugal! (ya no podremos saber con precisión cuántas parejas viven en pecado ni si ha crecido el número de madres solteras) y la información sobre ¡los indios mexicanos! En un correo electrónico del 17 de noviembre, Luis H. Álvarez, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, expresa su preocupación porque el Censo del 2010 hará "imposible la comparación con el censo del 2000 y reduce en mucho la oferta de datos para la población indígena en México en el 2010".
En la conversación con Sojo, éste acepta que reducir el número de preguntas no es la solución ideal y dice que el recorte de preguntas es la opción que puede tomarse ante la reducción del presupuesto. El forcejeo deberá tener un desenlace en los próximos días, cuando la comunidad de demógrafos se reúna con las autoridades del INEGI y del Conapo. Que los especialistas en población tengan que mendigar por tal o cual pregunta es ilustrativo del menosprecio panista por la información sólida, ingrediente indispensable de la educación de calidad.
Otras vetas de nuestra realidad confirman tal desdén. Una es la devaluación vivida por el Conapo. Cuando Juan Camilo Mouriño era titular de Gobernación nombró como subsecretaria a Ana Teresa Aranda, una panista cuya fiereza de militante no se complementa ni se atempera con una formación de calidad. Con pretextos ridículos, Ana Teresa sacó del Conapo a una de las mejores demógrafas mexicanas, Elena Zúñiga, y encomendándose al Espíritu Santo, nombró a Félix Vélez, un economista malhumorado y con fama de dormilón en las reuniones, quien carece de los conocimientos sobre demografía que debería tener el dirigente de la institución del Estado dedicada a la población. En la actual discusión sobre el Censo, Félix Vélez no concilia posiciones, es el cruzado que defiende las decisiones tomadas por el INEGI.
Resulta escandaloso, por otro lado, que le entreguen al país un Censo mediocre por un déficit de mil 300 millones de pesos, cuando siguen dándole miles de millones de pesos a Elba Esther Gordillo. El lunes pasado Reforma nos informó cómo canalizaron otros mil 900 millones a un fideicomiso opaco para el sindicato de la maestra.
En la demonología panista, López Portillo encarna el populismo y la frivolidad. Y sin embargo, es imitado porque el Censo del 2010 puede ser un remedo del Censo de 1980. Al final, resulta que el gobierno de Calderón es un peligro para la información y la educación.
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Colaboró José Stalin Muñoz Ayora.
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