esde que en la ciudad de México podemos elegir a nuestras autoridades, la mayoría de los capitalinos ha votado por las propuestas de izquierda, de ahí que llevamos gobernando esta ciudad más de una década.
Sin embargo, ese voto mayoritario y constante no ha logrado, a la fecha, generar la fuerza y la decisión necesarias para hacer que el proyecto de izquierda se extienda y penetre en todos los órganos de gobierno y autónomos del Distrito Federal.
Un ejemplo de ello es el GDF, único en el país que se rige por una Ley de Austeridad, lo cual ha permitido que se generen ahorros significativos con los que se echaron a andar, y hoy día se mantienen, programas sociales, que nadie puede negar e incluso han sido mal copiados, a pesar de las críticas por gobiernos prianistas en todos los estados del país. Caso particular y de conocimiento propio, el de Coahuila.
En contraste, órganos autónomos y de gobierno erogan recursos públicos para asuntos superfluos y privilegios típicos de la peor época del priísmo en la capital de la República. Un botón de muestra es el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en donde los magistrados gozan de un sueldo superior al del jefe de Gobierno y de una jugosa pensión vitalicia, entre otros excesos. Varios intentos por suprimir estos dispendios y meterlos al carril de la austeridad quedaron en el archivo muerto de pasadas legislaturas de la ALDF. Hagamos votos por que no suceda lo mismo con las iniciativas que se han presentado y/o están por presentarse en la actual legislatura.
Saldar este injustificable pendiente no es sólo un compromiso político, ideológico y moral de la izquierda, es también la posibilidad de ampliar y fortalecer políticas publicas en beneficio de todos, y en particular, en estos momentos de crisis, de evitar a toda costa cualquier aumento en perjuicio de la economía popular.
No podemos permitir que desparezca de nuestra memoria que lo que hoy puede disfrutar la mayoría de los ciudadanos de la capital es producto de esfuerzos ya incalculables, de batallas gigantes imposibles de medir, como las conquistas sociales. Una de ellas, tan cotidiana como el costo del boleto del Metro.
En este caso en particular estamos obligados a defenderlo. Para ello necesitamos tener claro que el subsidio no es un obsequio, un favor o una dádiva, es un derecho y una responsabilidad social de cualquier gobierno o poder político de izquierda para con los que menos tienen.
A diferencia del Fobaproa, ese insaciable icono de la derecha neoliberal que se traga billones de pesos de los impuestos de millones de trabajadores, el costo del boleto del Metro es, en realidad, uno de los programas sociales más transparentes y universales que existen en la capital.
El Fobaproa es inversamente proporcional, moral y económicamente, al costo del boleto del Metro, que es una conquista social de izquierda, un atributo que en medio de injusticias feroces y mezquinas prevalece. Es un revés a las políticas económicas del mercado que en todo esperan ganancia y desaparición de pérdidas.
Hoy día, por la vía legislativa y si los recursos públicos son reorientados y se lograr meter al carril de la austeridad y gasto eficiente a los tribunales Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo y Electoral, así como a los institutos electoral y de Acceso a la Información Pública, y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, entre otros, es absolutamente posible, justo y necesario evitar el aumento al costo del Metro.
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