TIEMPO DE MUJERES

El Estado mexicano no genera condiciones para ejercer labor

Defensores de derechos humanos, en inseguridad permanente

Por Kerstin Bognar

México DF, 9 dic 09 (CIMAC).- El Estado Mexicano no genera las condiciones que permiten a las defensoras y los defensores de los derechos humanos ejercer su labor de manera libre y efectiva, por lo que éstos viven en una inseguridad permanente y, además, tienen que recurrir a organismos internacionales para que los apoyen en sus causas.

En eso coincidieron los participantes del foro “La labor de las personas defensoras de derechos humanos en la construcción de la democracia en México” que se llevó a cabo ayer en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en el marco de la octava Feria de los Derechos Humanos.

Luis Javier Vaquero Ochoa, secretario ejecutivo de la CDHDF, y moderador del foro, constató que la situación nacional e internacional en este ámbito es “preocupante”.

Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) sección México, dijo que el sistema de defensa de derechos humanos en el país es deficiente y expuso varios ejemplos de violaciones a éstos ejercidas por autoridades estatales en contra de personas que defendían sus propios derechos o los de un grupo.

Se refirió, entre otros, a los casos de Inés y Valentina, indígenas tlapanecas, que fueron violadas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en marzo de 2002, y que, ante la imposibilidad de encontrar justicia en su propio país, recurrieron a los organismos judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA): a la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Después de haber realizado la denuncia ante los organismos internacionales, continuó Herrera, el hermano mayor de Inés, Lorenzo, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPIM) y pieza clave para realizar la denuncia de la violación, fue secuestrado, torturado y ejecutado.

El representante de AI México constató que este ejemplo es “emblemático” y criticó que, en México, existe una “naturalización” de estos casos cuyos culpables permanecen, en su mayoría, en la impunidad.

En su oportunidad, Carlos de la Torre, oficial de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) lamentó que esta temática no sea una prioridad en la sociedad.

ANIVERSARIO DE LA DECLARACION DE DEFENSORES DE DH

De la Torre recordó que el foro conmemora el decimoprimer aniversario de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas”, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 9 de diciembre de 1998.

Cualquier persona que defiende sus propios derechos o los de otra persona es una defensora o un defensor de derechos humanos, ya que, para denominarse así, no se requiere formar parte de alguna organización o tener estudios específicos, constató el representante de la ONU, refiriéndose al primer artículo de la declaración que establece que toda persona tiene el derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos.

Además, de la Torre recordó que, según el segundo artículo del documento, los Estados tienen la responsabilidad de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos y libertades fundamentales.

Lamentó que el Estado Mexicano no genere un entorno de protección para las personas que se dedican a esta defensa, sino que, al contrario, al ejercer su labor, se ven expuestos al riesgo de sufrir diferentes formas violencia en su contra así como a campañas de desprestigio muchas veces, apoyadas por los medios de comunicación.

Ello aunado a la inseguridad, la cual, dijo empeoró con el aumento de la presencia militar en el país.

José Barba Martín, Profesor de Instituciones Políticas y Sociales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), narró como él fue víctima de desprestigio por parte de la iglesia católica y el Vaticano, cuando denunció a Marcial Maciel, sacerdote michoacano y fundador de los Legionarios de Cristo, de haber abusado sexualmente de él, cuando Barba Martín era adolescente.

Constató que el Vaticano y la iglesia católica en México han hecho todo lo posible para que Maciel permanezca en la impunidad, por lo que exigió que se establezcan mecanismos que comprometan a la iglesia a cumplir con los derechos humanos.