TIEMPO DE MUJERES

Sentencia de la CoIDH contra Estado mexicano histórica

Por Lourdes Godínez Leal

México, DF 11 dic 09 (CIMAC).- El feminicidio en Campo Algodonero por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano a reconocer que éste violó los derechos humanos de tres de las ocho víctimas asesinadas en el lugar en 2001, es el primer caso donde el máximo tribunal de justicia habla de perspectiva de género y declara violaciones directas a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará).

De ahí la relevancia de la sentencia -fechada el 16 de noviembre pasado y dada a conocer públicamente ayer- explicó hoy en entrevista con Cimacnoticias al término de la conferencia de prensa donde dio a conocer el fallo, la abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (Anad), Karla Micheel Salas, quien junto con David Peña, también integrante de la Anad, y con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), representan legalmente a Esmeralda Herrera Monreal, una de las víctimas.

La abogada reiteró que la Corte reconoció que en el caso conocido como González y otras, Campo Algodonero contra México, el Estado mexicano violó los derechos humanos de Esmeralda, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, así como de sus familiares y de sus madres, por lo que esta sentencia lo obliga a investigar y sancionar a los responsables, tanto a los autores materiales como a los intelectuales, y a los servidores públicos implicados en el caso.

En el punto 231 de la sentencia, la Corte reconoce “que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez”.

Para la abogada, lo que sin duda sentará un precedente para la República Mexicana y la región latinoamericana y centroamericana, son las violaciones a la Convención Belém Do Pará, hechos por los que la Corte emitió en su sentencia contra el Estado mexicano toda una serie de acciones para que éste efectivamente garantice los derechos humanos de las mujeres.

SOBRE EL TÉRMINO FEMINICIDIO

Si bien la Corte no retomó expresamente el término feminicidio como lo pidieron diferentes organizaciones nacionales e internacionales en los Amicus curiae que le fueron entregados, ésta lo reconoce en la sentencia.

Al respecto, Karla Micheel Salas precisó que el Párrafo 143 de la sentencia señala: “En el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión ‘homicidio de mujer por razones de género’ también conocido como feminicidio”.

Salas Ramírez recordó que el término no es jurídico, sino que se construyó desde una visión social que ha servido a las feministas y es utilizado políticamente para evidenciar que estos crímenes son cometidos en contra de las mujeres por el hecho de serlo.

“Que un tribunal internacional lo retome y reconozca que es una discusión que se está dando a nivel interamericano es fundamental, no aborda a profundidad el concepto, pero éste es el primer caso de muchos que seguramente continuarán llegando a esta instancia”, señaló la abogada.

SOBRE LAS REPARACIONES

En el tema de las reparaciones, la Corte también sentó un precedente, explica Salas, ya que habla de la perspectiva de género, de la obligación de que todas acciones, políticas públicas, diseños de manuales, protocolos de investigación, entre otros puntos, tienen que ser diseñados desde esta visión.

“Hay un reconocimiento claro del tribunal internacional a la perspectiva de género y eso es fundamental” agregó.

La sentencia reconoce las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra las mujeres, dijo. La Convención Belém Do Pará fue visionaria al considerar que no sólo los agentes del Estado pueden violar los derechos humanos de las mujeres, ya que la mayor parte de los tratados internacionales consideran que estas son cometidas por agentes del Estado.

Esta sentencia nos deja claro que los estados sí pueden ser sancionados por las violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, explicó la abogada.

Indicó que el Estado mexicano tendrá que realizar acciones importantes y puntuales ya que en el tema de prevención “estamos muy acostumbradas al cartel, a las campañas, a los talleres, etc,” y la Corte lo que le está diciendo es cómo tiene que prevenir y cómo lo tiene que hacer.

En este sentido, precisó, la CoIDH insistió a lo largo de la sentencia, que la falta de sanción a los responsables lleva a la repetición crónica de los hechos y a la impunidad.

Para la jurista, México ratificó la Convención Belém Do Pará, por lo que debe seguir los lineamientos y cumplir a cabalidad la sentencia. La Corte ya los estableció y México debe cumplir a cabalidad la Convención y hacerle justicia a estas tres familias y a las madres, concluyó.

OCHO AÑOS ESPERANDO JUSTICIA

Después de ocho años de exigir una justicia que no encontró en México, la señora Irma Monreal Jaime, madre de Esmeralda, dijo estar contenta por la sentencia, sin embargo, aclaró que ésta no le devolverá a su hija.

Entrevistada por Cimacnoticias al término de la conferencia para la cual viajó de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, expresó: “Yo pienso que aunque cumplan con las recomendaciones y todo, ¿quién reparará todos estos años de angustia, coraje, de lucha?, por eso jamás va a pagar nadie ni por la muerte de mi hija”.

Reconoció que en la sentencia se pida al Estado que exista personal especializado para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas porque confirmó lo que han seguido denunciando las organizaciones civiles de Juárez, que las cosas no han cambiado y que las autoridades continúan actuando igual que en años anteriores.

Cuestionada sobre el ordenamiento de la Corte para que el Estado mexicano levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, incluidas las del Campo Algodonero, la madre de Esmeralda aseguró que esto es algo que las mujeres pidieron desde hace mucho tiempo pero sobre todo, dijo, porque es una forma de que el Estado por fin reconozca que sí existe el feminicidio, un hecho que ha negado durante décadas.