TIEMPO DE MUJERES

Horizonte político
José Antonio Crespo
Drogas: ¿qué hacer?

Muchos defensores de la actual guerra antidrogas de Felipe Calderón —así como el gobierno—, reconociendo los costos que el país está pagando por ello, señalan que no hay alternativas, que no existen rutas menos gravosas, que no hay de otra. Héctor Aguilar Camín, en un reciente artículo periodístico, afirma que la legalización de las drogas, cuando ocurra, implicaría un golpe decisivo a los cárteles (aunque persistirá el consumo, que sin embargo es mucho menos costoso para la sociedad que combinar ese mismo consumo con elevados niveles de violencia e inseguridad).

Pero, como eso tardará en suceder, pregunta, con razón, ¿qué hacer mientras tanto? Eso, considerando que nadie propone propiamente abandonar el combate, sino enfrentarlo con medidas distinas, quizá menos dañinas y más eficaces. Bueno, pues Aguilar Camín, en otro texto escrito al alimón con Jorge Castañeda, sugiere algunas medidas que pueden ponerse en práctica mientras se legalizan las drogas (Nexos, Nov/2009).

Entre ellas:

A) Crear una policía nacional única, unificando los códigos penales de los estados (como ocurre en Chile, Colombia y Canadá, entre otros países).

B) Emprender “un debate nacional serio sobre las diversas opciones, desde la tregua tácita hasta la guerra frontal, con una cooperación estadunidense cuantitativa y cualitativamente mayor, dentro de un esquema amplio de seguridad regional de América del Norte”, dándole “un enfoque de reducción del daño, tanto en lo individual como en lo nacional”.

Otros autores han insistido en que se debe también golpear a las arcas de los cárteles, algo en lo que, fuera del extraño caso de Zhenli Ye Gon (pues logró amasar una enorme fortuna frente a nuestras narices, sin ayuda de ninguna autoridad), poco se ha hecho. El narcotráfico se distingue de otros delitos, entre otras cosas, porque quienes manejan el primero obtienen ganancias estratosféricas, lo que les da recursos para comprar armas sofisticadas y poderosas, vehículos diversos (aviones y submarinos incluidos), capacidad de corromper a autoridades de todos los niveles jerárquicos, y fuertes incentivos para seguir reclutando operarios y sicarios. De minar significativamente los fondos de los cárteles, la tarea de confrontarse a ellos será más eficaz y, los costos sociales, menores (como sucede con las bandas delictivas dedicadas a otros delitos comunes).

Precisamente, la idea detrás de la eventual legalización de las drogas es eliminar la altísima rentabilidad derivada del mercado negro, producto a su vez de la política de prohibición, que parte de 1908. Pero, mientras eso ocurre, debe verse la forma de sustraer parte de los recursos que reciben los capos. Sin embargo, eso difícilmente se logrará pretendiendo sellar la frontera norte para detener el flujo de efectivo que viene de Estados Unidos a México (tampoco las armas podrán ser detenidas).

Entonces, un mayor esfuerzo por impedir el lavado de dinero y confiscar las fortunas de los capos podría propinar golpes más duros y originar costos sociales menores. Y, desde luego, habría que destinar más esfuerzos y recursos a la prevención del consumo y a la rehabilitación de los adictos que, de cualquier manera, sean legales o no las drogas, constituye un problema de salud pública. El gobierno lo hace, pero dedicando muy escasos fondos a lo que es el origen del problema: la demanda, que crea su propia oferta.

Todo eso y más puede hacerse, mientras se legalizan las drogas, como políticas complementarias a su combate frontal, y en algunos casos quizá también como alternativas menos dañinas a la sociedad. Muchos coinciden en que la legalización sería la opción menos mala, pero que no podrá hacerse en tanto Estados Unidos no dé ese paso. Bueno, pues ahí también hay una propuesta de Aguilar Camín y de Castañeda y que podría aplicarse de inmediato: “Despenalizar en México, de manera acompasada con Estados Unidos, gradual y por segmentos, el consumo de drogas”. La despenalización de la mariguana avanza allá a pasos agigantados, para fines terapéuticos, pero pronto quizá de manera total (como ya se discute en California).

Esperar a que todas las drogas se legalicen en EU, para empezar a tomar esa vía en México, es absurdo; lo que conviene es adoptar los mismos términos aprobados por los estadunidenses, con lo cual se cumplirá la condición de “contar con el visto bueno de Washington” en la ruta de la despenalización.

Así, cuando el gobierno pregunta qué alternativas hay frente a la actual estrategia, pueden leer y considerar las propuestas de autores como Aguilar Camín y Castañeda, entre muchos otros.
Muchos coinciden en que la legalización sería la opción menos mala, pero que no podrá hacerse en tanto Estados Unidos no dé ese paso.