MÉXICO, D.F., 17 de enero.- El gobierno federal es reacio a la mediación como un instrumento para la solución de conflictos. Enfrenta una guerra con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que le ha costado serias pérdidas materiales y económicas, y cuando se le abre la posibilidad de dialogar con un grupo insurgente al que no consigue vencer porque ni siquiera puede situarlo, rehúsa en los hechos la mediación respectiva, para no tener que pagar el costo de admitir que fuerzas suyas hicieron desaparecer a dos miembros de esa agrupación guerrillera.
Debido a ese talante autoritario, para cuya configuración contienden dentro del gobierno federal dos líneas duras, una más que la otra, se ha permitido rechazar desdeñosamente otra tentativa de mediación, la que intentaron cinco personas de alto relieve en la vida pública, que aceptaron una invitación del Sindicato Mexicano de Electricistas para mediar en su conflicto con las autoridades que, tras debilitar al gremio electricista, decretaron de modo unilateral e inconsulto la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
El 30 de noviembre pasado, dirigentes del SME solicitaron al rector y director general de las dos mayores, más antiguas y más productivas instituciones de enseñanza superior pública y a los líderes de las fracciones senatoriales con mayor representación en su cámara, que integraran un grupo de mediación entre los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro y el gobierno federal.
El rector de la Universidad Nacional, José Narro Robles; el director del Instituto Politécnico Nacional, José Enrique Villa Rivera, y los coordinadores de los grupos del PAN, Gustavo E. Madero; del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, se reunieron el 7 de diciembre “con el objetivo de analizar la propuesta formulada públicamente por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas”, y resolvieron que era necesario “reunirse con los involucrados para conocer sus planteamientos antes de tomar una determinación”.
El 10 de diciembre escucharon de los líderes del SME, y al día siguiente del secretario de Gobernación, “sus planteamientos, propuestas de solución y posibilidad (o disposición) de participar en una mesa de diálogo y negociación sobre el tema”. El grupo entró en receso en las semanas siguientes (lapso en que Villa Rivera concluyó su función al frente del IPN, no obstante lo cual continuó en esta tarea, a que había llamado a título individual). El 8 de enero el grupo emitió una declaración en la que, tras referir los antecedentes (narración de que provienen las palabras entrecomilladas de los párrafos anteriores), condicionaron su participación:
“Desafortunadamente –dijeron los miembros del quinteto– se han empezado a producir reacciones de violencia con las que nadie puede coincidir y se han expresado diversas declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno federal y de dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas en las que se evidencia el estancamiento del diálogo.”
Por ello, sólo continuarían en la encomienda “si se aceptan públicamente por las dos partes y a más tardar el martes 12 a las 18 horas” siete criterios: “que las partes reconozcan expresamente su voluntad de respetar las resoluciones firmes (…) del Poder Judicial de la Federación”; “que en la defensa de sus posturas y sus derechos los trabajadores se conduzcan en todo momento en los cauces de la legalidad, la institucionalidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía, evitando actos de violencia y que pongan en peligro el servicio de energía”; “que el gobierno federal esté dispuesto a buscar alternativas de apoyo a los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a las prestaciones que conforme a derecho se lleguen derivar de las resoluciones firmes del Poder Judicial de la Federación (…) a fin de atender las necesidades básicas de los trabajadores no indemnizados hasta el momento”; “que en todo momento se respeten los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro”; “que el gobierno federal considere cubrir conforme a la ley a todos los trabajadores sindicalizados (…) la parte proporcional del aguinaldo (…), el fondo de ahorro retenido y los salarios de semanas devengadas”; “que el gobierno federal ponga en práctica los procedimientos necesarios para que los trabajadores sindicalizados recuperen sus pertenencias resguardadas en los centros de trabajo”; y “que la representación sindical acepte llevar a la consideración de los trabajadores (…) las propuestas que oficialmente presente en la mesa de diálogo y negociación el gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación”.
De inmediato, al día siguiente, una asamblea del SME aceptó los criterios fijados por el grupo de ciudadanos interesados en que el conflicto sea resuelto. Pero el gobierno federal tuvo una reacción adversa. Algo en el documento citado irritó a los funcionarios; o se suscitó un litigio dentro del gabinete respecto de la intervención de Fernando Gómez Mont en vez de que el asunto lo condujera el secretario del Trabajo. El hecho es que el martes 12 el gobierno arrojó fuera de la situación a los presuntos mediadores, del modo más descortés posible. El subsecretario Gerónimo Gutiérrez convocó a los líderes del SME a una cita el viernes 15, en Gobernación, para “reanudar de manera directa el diálogo iniciado el 11 de octubre del año pasado.
Ni Gómez Mont ni Gutiérrez tuvieron la deferencia de agradecer en ese momento al quinteto interesado en la solución del conflicto sus buenos oficios. Por ello los cinco acusaron recibo del desdén. En un comunicado en que dieron “por concluida nuestra labor en este asunto”, simplemente relataron que “el día de ayer nos enteramos, inicialmente por los medios de comunicación, de la invitación del gobierno federal para instalar una mesa con la representación del Sindicato Mexicano de Electricistas con el propósito de establecer un diálogo directo con la misma”.
También informaron que en la entrevista con Gómez Mont el 11 de diciembre “se exploraron inicialmente algunas de las propuestas que posteriormente se incluyeron en el documento enviado a las partes por los suscritos y se planteó que contribuyéramos a la construcción de soluciones al conflicto”. Sin embargo, concluyeron, “para que proceda una labor de mediación, debe existir la aceptación plena de las partes involucradas, condición que en sentido estricto no se considera en la comunicación oficial que fija la postura del gobierno federal en la que se agradece la participación del Grupo”.
¿Mediadores? No, gracias. Esa parece ser la consigna de las autoridades federales. Estiman de seguro que sus personeros se bastan solos para aproximarse a sus metas, que no incluyen la solución de conflictos, sino el exterminio del enemigo.
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