El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer se une a la manifestación de condena por el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz.
CLADEM | Para Kaos en la Red
“La cultura patriarcal es parte de la formación de la mentalidad de muchos pueblos, de forma que la violencia contra las mujeres es en realidad el síntoma y no la enfermedad. Las mujeres sólo tendrán igualdad de acceso a la justicia -y la violencia contra la mujer sólo será eliminada-, cuando se construya una mentalidad que las conciba como iguales y no como inferiores, pues ésta es la causa estructural de la violencia contra las mujeres”. Silvia Pimentel
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, CLADEM, articulación dedicada a la promoción y defensa
de los derechos humanos de la mujer, que agrupa a organizaciones no gubernamentales en 14 países de la región. Nuestra organización cuenta con Status Consultivo en la categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde el año 1995. En marzo de 2009, fuimos galardonadas internacionalmente con el Premio Rey de España a los Derechos Humanos en su Tercera Edición y el año 2010 recibimos el Premio Gruber a los derechos
humanos de las mujeres.
CLADEM se une a la manifestación de condena por el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz defensora de derechos humanos, producido el 16 de diciembre último en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras realizaba una protesta pacífica exigiendo justicia a las autoridades.
Luego del asesinato de su hija, Ruby Frayre en el año 2008, ante las graves irregularidades y omisiones de las autoridades en las investigaciones y en el proceso penal, Marisela buscó de manera incansablemente justicia, junto con las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), recolectó pruebas de los hechos, logró revertir el fallo de un tribunal de juicio oral que ordenó la libertad del asesino confeso Sergio Rafael Barraza, obteniendo una sentencia condenatoria por el Tribunal de casación equivalente a 50 años de cárcel, lo localizó luego de su huida en Zacatecas y dio parte a las autoridades, a quienes solicitó audiencia pero no fue recibida ni escuchada, a pesar de recibir amenazas de muerte no dudó ningún momento en su lucha.
La desaparición de Rubí, los intentos de acceder a la justicia por parte Marisela y su posterior asesinato, no son hechos aislados, se trata de un patrón sistemático de vulneración e impunidad de los derechos humanos de las mujeres.
De 1993 a septiembre de 2007 se registraron 553 casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registró, de junio de 2006 a junio de 2007, un total de 1,088 asesinatos de mujeres en 15 estados de la República mexicana. 2 De los 430 casos de asesinatos de mujeres registrados de enero a junio de 2009, tan solo 78 (18%) de los autores fueron consignados a las autoridades correspondientes, sin que esto genere una sentencia que cumpla con los estándares internacionales en cuanto a la reparación del daño.
A pesar de que México ha firmado y ratificado numerosos tratados de derechos humanos, con obligaciones vinculantes en virtud de diversas normas del derecho nacional, regional e internacional que le obliga a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación y a la protección de defensoras de derechos humanos3, los compromisos no están siendo cumplidos. La violencia social contra las mujeres se recrudece con la violencia institucional por negligencia, complicidad y la deficiente o nula investigación y sanción de los perpetradores.
Recordamos que el Comité de Derechos Humanos, durante su 98º período de sesiones, en marzo del 2009, instó al Estado mexicano intensificar aún más sus esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer, llevando a cabo investigaciones rápidas, eficaces y castigando a los autores, mostrando preocupación por la persistente impunidad que prevalece en muchos casos de desapariciones y homicidios de mujeres.
De la misma manera, el Comité CEDAW en el año 2006, recomendó mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables.
El acceso a la justicia frente a actos de violencia contra las mujeres, es un indicador de ciudadanía efectiva, es la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad.
Nos unimos al pedido de las organizaciones nacionales, regionales e internacionales exigiendo justicia por los asesinatos de Rubí y Marisela.
Exigimos a las autoridades mexicanas que:
1. Realicen una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de la defensora Marisela Escobedo Ortiz, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
2. Otorguen una adecuada reparación a la familia de la Marisela Escobedo
Ortiz;
3. Velen por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y de violencia contra de los defensores y defensoras de derechos humanos en México y aseguren la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores y defensoras de los Derechos Humanos.
Asimismo, expresamos nuestra profunda solidaridad con los familiares de Marisela Escobedo Ortiz y exhortamos a todas las organizaciones sociales y civiles nacionales e internacionales, académicos, universidades, organismos de defensa de derechos humanos a que continúen sumándose a las diversas manifestaciones de repudio contra el feminicidio y la violencia que se ejerce contra los defensores y defensoras de derecho humanos en México.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM
23 de Diciembre de 2010
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