Editorial La Jornada
Son reveladoras y lamentables las cifras proporcionadas por distintas instancias nacionales e internacionales sobre la inequidad y la discriminación de género en el mundo. Tales datos ponen en relieve que, a pesar de los avances logrados en décadas recientes, millones de mujeres en el planeta enfrentan circunstancias desfavorables y lacerantes, que se acentúan en naciones pobres y dependientes, como la nuestra, y que son particularmente visibles en tres ejes fundamentales del desarrollo de los individuos y las sociedades: la economía, la salud y la educación.
En el primero de esos ámbitos, las mujeres deben hacer frente –al igual que los hombres, pero en condiciones de mayor desprotección– al desempleo, la carestía y la caída del poder adquisitivo de los salarios e ingresos personales. Al respecto, cabe traer a cuento el avance del informe del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Justicia de género: clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que será publicado en febrero próximo: según ese documento, 53 por ciento de la población femenina mundial trabaja en empleos vulnerables, sin acceso a seguridad social y otras prestaciones. Y si bien la falta de trabajo es un drama personal para ambos géneros, tiende a afectar más al femenino, como lo demuestra la diferencia entre la tasa de desempleo en hombres (6.3 por ciento) y en mujeres (7 por ciento), según datos para 2009.
En lo que toca al acceso a la atención sanitaria, cabe señalar que tanto el Unifem como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han documentado tasas de mortalidad materna que resultan inaceptablemente altas en los inicios de la segunda década del siglo XXI. La primera de esas instancias señala, en el informe antes referido, una disminución raquítica, de menos de 2 por ciento, en las muertes maternas de los padados 20 años, e indica que uno de cada tres de esos fallecimientos podría evitarse si las mujeres tuvieran más acceso a anticonceptivos. Por su parte, la OMS ha documentado 358 mil muertes anuales de mujeres durante el embarazo y el parto, o después de ellos –es decir, prácticamente mil por día–, 99 por ciento de las cuales ocurren en países en desarrollo.
Por lo que hace a la educación, es meridianamente claro, a juzgar por las cifras disponibles, que la desigualdad de género acentúa los rezagos inveterados en el acceso a los ciclos de enseñanza y a la formación más elemental: el citado informe del Unifem indica que en el mundo hay 37 millones de niñas que no asisten a la escuela primaria, y que representan 53 por ciento de los 69 millones de menores no escolarizados. Estos datos se complementan con los presentados en el documento Diagnóstico mundial de la juventud, elaborado por el Consejo Nacional de Población, que estima que 129 millones de jóvenes de 15 a 24 años de edad son analfabetos, de los cuales al menos 59 por ciento son mujeres.
Por supuesto, el panorama mundial de la inequidad de género tiende a verse agudizado por factores endógenos de cada país: en el caso del nuestro, por la inseguridad generalizada y el quebranto al estado de derecho –cuyas víctimas son, en una proporción importante, mujeres–; por la persistencia de un modelo económico que devalúa el trabajo y la vida humana en general; por la ofensiva conservadora y clerical contra los derechos sexuales y reproductivos de la población femenina, y por la impunidad que campea en las instituciones de procuración e impartición de justicia, uno de cuyos reflejos más atroces es el avance de la violencia contra las mujeres, que cobra cada año la vida de 2 mil 500 féminas en el país, según informó ayer el Inegi.
La persistencia de la inequidad, la discriminación y la violencia de género en las sociedades contemporáneas constituye, además de un factor de vergüenza, un lastre fundamental para el desarrollo civilizatorio, y su superación debe ser asumida como un compromiso ineludible por parte de los gobiernos del mundo.
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