Marisela Escobedo, activista ejecutada cuando buscaba justicia para su hija, asesinada a los 16 años por su pareja.
Sara Lovera
México, diciembre (Especial de SEMlac).- El homicidio de una mujer, el número 1.368 de este año en México, sucedió en Chihuahua, el jueves 16 de diciembre.
Ella se llamaba Marisela Escobar y su pecado fue convertirse en una activista que buscaba justicia para su hija Rubí Marisol, asesinada a los 16 años por su pareja, en agosto de 2008. Estuvo nueve días en un campamento de protesta frente al palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua.
El asesinato de Marisela concitó la protesta nacional y mundial más rápida y extendida que se conozca desde que, en 1993, se supieron y detallaron los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde vivía Marisela y donde fue ejecutada su hija, en la zona geográfica donde este año se cuentan por más de un centenar las desapariciones y en la misma región donde la lucha contra el crimen y el narcotráfico ha dejado más muertos.
Por ello, el Congreso de la Unión pedirá, por intervención de la diputada Enoe Uranga, una acción rápida del gobierno de la República para que se investigue y detenga al responsable de este homicidio.
Javier Valenzuela, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), dijo el sábado 18 que se trata de un hecho "escandaloso, desolador e indignante", porque la lucha de Marisela estaba rodeada de impunidad y ahora ella se convirtió en víctima.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) condenó el crimen y lamentó que "una vez más la negligencia de las autoridades federales y estatales para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer en Chihuahua ha llevado a que sean los familiares y las organizaciones de derechos humanos los que sufren las represalias por luchar por la justicia y la verdad".
La organización anticrimen México SOS, de carácter civil y no politizado, que preside el millonario empresario Alejandro Marti, al que le secuestraron una hija, afirmó que el crimen "revela el grado de vulnerabilidad que tienen las víctimas en México, cuando deciden presentar una denuncia contra la delincuencia.
Marti llamó a la ciudadanía a "perder el miedo" y denunciar, pero hizo notar que, como el caso de Marisela es grave, tal denuncia no puede ser sin que el gobierno garantice la seguridad de quienes la promuevan.
Y es el caso. Marisela Escobedo era enfermera y empresaria. Estaba jubilada por el Instituto Mexicano del Seguro Social y atendía su fábrica de muebles en Ciudad Juárez.
Estaba divorciada hace muchos años y con su empeño sacó adelante a cinco hijos: Alejandro, Juan Manuel, Yésica, Paúl y Rubí. Ahora atendía a su nieta, hija de Rubí, y tenía más de un año tratando de buscar justicia, como lo han hecho otros personajes con recursos en México, tras la ola de violencia que no respeta ni origen, ni tipo de familias, ni ciudades.
En agosto pasado, Escobedo platicó con SEMlac sobre cómo el juicio oral —una nueva modalidad en México— había dejado libre al asesino de su hija, quien confesó cómo la mató, dónde puso sus restos y dónde los enterró. Se trata de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, ahora señalado por las autoridades como responsable del asesinato de Marisela.
En menos de 24 horas, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, dijo ante las pantallas de televisión que este asesinato fue una "venganza" y que el principal sospechoso era Sergio Rafael. Lo extraño es que, durante dos años, este individuo no fue localizado por las autoridades y está prófugo. No hay certeza de las investigaciones y tampoco coordinación entre las autoridades estatales y las federales.
Se cimbró a la sociedad
Apenas se dio la noticia, las redes sociales empezaron a operar. El día 17, una movilización de feministas se apostó frente a la Secretaría de Gobernación —Ministerio del Interior— y, paralelamente, en Chihuahua, una docena de organizaciones llamó a una protesta: la figura de Marisela sólo es comparable con el tesón de la senadora Rosario Ibarra, quien desde 1972 encabeza a las Madres de los Desaparecidos y es hoy la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
Ibarra, solidaria con Marisela y la integrante de Justicia para nuestras hijas, la agrupación a la que pertenecía esta, le dijo a SEMlac que es urgente que el crimen no quede impune.
No obstante, el día 17, a unas horas de la muerte de Marisela, su casa y negocio en Ciudad Juárez fueron incendiados y uno de sus familiares, desaparecido. La noticia se confirmó el día 18, mientras todavía los restos de Marisela no eran incinerados y los deudos estaban aún en los trámites funerarios. Lo que constituye, afirmó la diputada Enoé Uranga, una de las más tremendas demostraciones de que en México ya todo es posible.
Hasta la hora de cerrar este texto, las autoridades no se habían pronunciado sobre los últimos hechos, incluido el incendio que puso en peligro la vida de la familia de Marisela.
Ello evidencia que las autoridades no cuidaron la casa familiar, a pesar de que las mismas autoridades dicen que se trata de "una venganza", razonó el abogado Manuel Fuentes para SEMlac.
Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, dijo que en México, evidentemente, ha dejado de funcionar el gobierno, lo único que explica que los familiares y defensores de derechos humanos estén en permanente peligro.
En su opinión, eso fue lo que mató a Marisela, quien no tenía ningún tipo de protección, a pesar de que se conocía el grado de peligrosidad de Sergio Rafael, el principal sospechoso.
Apenas en julio último, entre los día 28 y 30, Marisela se reunió con las autoridades de la Fiscalía especializada en delitos contra las mujeres y la trata y con las de la Procuraduría General de la República, que se comprometieron a dar cabal seguimiento y castigar al asesino de su hija. Ella estuvo recientemente, de nuevo, en el Distrito Federal.
Los hechos
"No me voy mover de aquí hasta que detengan al asesino de mi hija" fueron las declaraciones de Marisela, antes de colocar su pequeño campamento en la Cruz de Clavos NI UNA MÁS, en la Ciudad de Chihuahua. Estaba dispuesta a pasar navidad y año nuevo en ese lugar emblemático, en el que apenas el 25 de noviembre pasado había participado en una manifestación, junto con las madres de Justicia para Nuestras Hijas, para colocar en la cruz más de 300 nombres de las mujeres que han sido asesinadas en el estado de Chihuahua, tan sólo en este 2010.
Rubí tenía 16 años cuando fue asesinada por Sergio Rafael, en agosto de 2008. Desde que desapareció y su pequeño cuerpo fue encontrado en un terreno, junto a huesos de marranos, la madre de Rubí, Marisela, dedicó su vida a buscar justicia para su hija, convirtiéndose en una defensora de derechos humanos.
El mismo día que el Secretario de Gobernación, Francisco Blake, pedía a la ciudadanía "sacudirse el miedo para combatir a los criminales", Marisela fue asesinada frente a las puertas del Palacio de Gobierno de la Ciudad de Chihuahua, mientras realizaba una protesta pacífica e indefinida para exigir a las autoridades la detención del asesino de su hija Rubí. Eran las 18 horas.
Marisela no sólo se sacudió el miedo, caminó durante días desde la Subprocuraduría de Justicia a la Ciudad Judicial, en Ciudad Juárez, para exigir sanción para el asesino de su hija. La acompañaban una carriola con su nieta de dos años y un cartel con la foto de su hija Rubí. En tanto, un tribunal de juicio oral dejó en libertad al asesino.
Marisela logró, junto con las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), que un tribunal de casación (integrado por tres magistrados) rectificara la decisión de los jueces y consiguió obtener una sentencia condenatoria contra Sergio Rafael, asesino confeso, en la cual se le condenaba, finalmente, a 50 años de prisión. Los jueces que se equivocaron fueron removidos este 17 de diciembre, tras el asesinato de Marisela.
Su lucha
"Ya me cansé de hacer su trabajo, ahora les toca a ellos", decía Marisela. Efectivamente, mientras las autoridades no lograron encontrar a Sergio Rafael, ella, con sus propios recursos, lo ubicó en Zacatecas y dio aviso a la Procuraduría de Chihuahua, que alegó que por trámites burocráticos no pudo detenerlo.
La Procuraduría del estado de Chihuahua le informó a la madre que, en coordinación con la Procuraduría General de la República y las de los Estados, "se encontraban buscando al asesino de su hija en todo el país". Nunca lo encontraron.
Durante dos años, recorrió el país. Regresó a Zacatecas y viajó a la Ciudad de México, donde solicitó audiencia con el que ocupa el ejecutivo de la nación, Felipe Calderón, y con el Procurador Arturo Chávez Chávez, quienes se negaron a recibirla. Se entrevistó con mandos de la Procuraduría General de la República que le prometieron buscar al asesino de su hija. Tampoco lo encontraron.
Días antes de ser asesinada, acudió a un acto donde se encontraba el Gobernador de Chihuahua, César Duarte, y sacó una pancarta que decía "justicia, privilegio de gobiernos". La solicitud de Marisela hizo enojar al Gobernador, como lo documentaron varios periódicos locales. Este incluso la regañó y despreció. Después, logró entrevistarse con el Fiscal del estado de Chihuahua, quien le prometió que revisaría su caso.
Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), declaró que "en estos momentos no se puede descartar ninguna línea de investigación, incluida la de un crimen de Estado, pues Marisela no iba a parar hasta que detuvieran al asesino de su hija".
Marisela murió a las puertas del Palacio de Gobierno y frente a la cruz de clavos que colocó la red de mujeres de negro y madres de las jóvenes asesinadas en el estado de Chihuahua. Marisela fue asesinada por pedir justicia.
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