Demanda hecha desde los casos de violación de Inés y Valentina
Por la Redacción
México, D.F., 21 dic 10 (CIMAC).- Por tercera vez en este año y cuarta en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) exhortó al Estado mexicano a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para excluir de la competencia castrense los delitos relacionados con violaciones a Derechos Humanos (DH).
En la sentencia que la CoIDH ayer hizo pública y que se refiere a la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, el tribunal latinoamericano mandató al Estado mexicano a reformar la jurisdicción militar, una demanda que también hizo en los casos de violación sexual de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández y Valentina Rosendo. Estos tres casos de violaciones a DH fueron perpetrados por elementos del Ejército mexicano al igual que la desaparición forzada del líder social, Rosendo Radilla Pacheco, caso que le valió a México una sentencia condenatoria en diciembre de 2009 y con lo cual suman cuatro condenas internacionales sobre la jurisdicción castrense durante el sexenio de Felipe Calderón.
En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) –litigantes de este caso ante el sistema interamericano– señalaron que la CoIDH puntualizó que la reforma al fuero militar “se aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de DH”. Con esta afirmación, consideran el Centro Prodh y Cejil, queda claro que la iniciativa de reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar que fue presentada por Felipe Calderón el pasado 18 de octubre “no satisface lo establecido por el sistema interamericano”, que recomienda que las violaciones a DH cometidas por soldados sean juzgadas por tribunales civiles.
Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores establecieron en el año 1998, junto con otros campesinos, la Asociación Civil Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), con la finalidad de detener las operaciones de tala en los bosques de las montañas de Guerrero, que, en su opinión, amenazan el medio ambiente y el sustento de las comunidades campesinas locales. El 2 de mayo de 1999, aproximadamente a las 10:30 horas, unos 40 efectivos militares del 40 Batallón de Infantería del Ejército mexicano se apersonaron en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en la casa de Teodoro Cabrera García donde se encontraban éste y Rodolfo Montiel Flores reunidos con otras personas.
De acuerdo con los testimonios presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien admitió el caso en febrero de 2004, los militares efectuaron una serie de disparos contra la casa del señor Cabrera lo que provocó la huída de las víctimas. Ellos fueron perseguidos y detenidos sin orden de autoridad, posteriormente fueron golpeados y torturados. Permanecieron detenidos al ser acusados de sembrar mariguana, pero el 7 de noviembre de 2001, Vicente Fox, ordenó su liberación por “razones humanitarias” pero no reconoció la inocencia de ambos ni la existencia de violaciones a sus DH. El 24 de junio de 2009, la CIDH sometió el caso a la CoIDH quien encontró responsable al Estado mexicano por violar la libertad, integridad personal y protección judicial de ambos campesinos, por ello ordenó investigar en la justicia civil la tortura, indemnizar a las víctimas por los daños sufridos y cubrir los tratamientos médicos y psicológicos correspondientes.
Asimismo pidió que se fortaleciera el funcionamiento del registro de personas detenidas con el fin de evitar abusos y reformar el Código de Justicia Militar para excluir de la competencia del fuero militar los delitos relacionados con violaciones a DH, una demanda que esta pendiente de cumplimiento. Al igual que las sentencias difundidas en octubre pasado, por los casos de violación sexual ejercida por soldados contra las indígenas tlapanecas Inés y Valentina, la CoIDH señaló la necesidad de que se dejara de utilizar el fuero militar para investigar y juzgar violaciones a las garantías individuales. Ante este escenario y debido a que la iniciativa calderonista aún es analizada en el Senado de la República, el Centro Prodh y CEJIL, demandaron a las autoridades mexicanas el cumplimiento íntegro de la sentencia.
México, D.F., 21 dic 10 (CIMAC).- Por tercera vez en este año y cuarta en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) exhortó al Estado mexicano a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para excluir de la competencia castrense los delitos relacionados con violaciones a Derechos Humanos (DH).
En la sentencia que la CoIDH ayer hizo pública y que se refiere a la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, el tribunal latinoamericano mandató al Estado mexicano a reformar la jurisdicción militar, una demanda que también hizo en los casos de violación sexual de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández y Valentina Rosendo. Estos tres casos de violaciones a DH fueron perpetrados por elementos del Ejército mexicano al igual que la desaparición forzada del líder social, Rosendo Radilla Pacheco, caso que le valió a México una sentencia condenatoria en diciembre de 2009 y con lo cual suman cuatro condenas internacionales sobre la jurisdicción castrense durante el sexenio de Felipe Calderón.
En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) –litigantes de este caso ante el sistema interamericano– señalaron que la CoIDH puntualizó que la reforma al fuero militar “se aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de DH”. Con esta afirmación, consideran el Centro Prodh y Cejil, queda claro que la iniciativa de reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar que fue presentada por Felipe Calderón el pasado 18 de octubre “no satisface lo establecido por el sistema interamericano”, que recomienda que las violaciones a DH cometidas por soldados sean juzgadas por tribunales civiles.
Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores establecieron en el año 1998, junto con otros campesinos, la Asociación Civil Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), con la finalidad de detener las operaciones de tala en los bosques de las montañas de Guerrero, que, en su opinión, amenazan el medio ambiente y el sustento de las comunidades campesinas locales. El 2 de mayo de 1999, aproximadamente a las 10:30 horas, unos 40 efectivos militares del 40 Batallón de Infantería del Ejército mexicano se apersonaron en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en la casa de Teodoro Cabrera García donde se encontraban éste y Rodolfo Montiel Flores reunidos con otras personas.
De acuerdo con los testimonios presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien admitió el caso en febrero de 2004, los militares efectuaron una serie de disparos contra la casa del señor Cabrera lo que provocó la huída de las víctimas. Ellos fueron perseguidos y detenidos sin orden de autoridad, posteriormente fueron golpeados y torturados. Permanecieron detenidos al ser acusados de sembrar mariguana, pero el 7 de noviembre de 2001, Vicente Fox, ordenó su liberación por “razones humanitarias” pero no reconoció la inocencia de ambos ni la existencia de violaciones a sus DH. El 24 de junio de 2009, la CIDH sometió el caso a la CoIDH quien encontró responsable al Estado mexicano por violar la libertad, integridad personal y protección judicial de ambos campesinos, por ello ordenó investigar en la justicia civil la tortura, indemnizar a las víctimas por los daños sufridos y cubrir los tratamientos médicos y psicológicos correspondientes.
Asimismo pidió que se fortaleciera el funcionamiento del registro de personas detenidas con el fin de evitar abusos y reformar el Código de Justicia Militar para excluir de la competencia del fuero militar los delitos relacionados con violaciones a DH, una demanda que esta pendiente de cumplimiento. Al igual que las sentencias difundidas en octubre pasado, por los casos de violación sexual ejercida por soldados contra las indígenas tlapanecas Inés y Valentina, la CoIDH señaló la necesidad de que se dejara de utilizar el fuero militar para investigar y juzgar violaciones a las garantías individuales. Ante este escenario y debido a que la iniciativa calderonista aún es analizada en el Senado de la República, el Centro Prodh y CEJIL, demandaron a las autoridades mexicanas el cumplimiento íntegro de la sentencia.
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