Seguridad, hipocresía y equívocos bilaterales

Editorial La Jornada

Según un comunicado emitido ayer por la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo mexicano, Felipe Calderón, coincidieron en que la filtración de documentos confidenciales del Departamento de Estado por el sitio Wikileaks –al que calificaron como deplorable asunto– no debe contaminar la relación bilateral ni distraer la importante cooperación entre ambos países. De acuerdo con el mismo documento, el gobierno de Washington reafirmó al de México su compromiso para trabajar juntos contra las organizaciones criminales trasnacionales, para reforzar la cooperación fronteriza y para mejorar el bienestar económico de ambos pueblos.

La comunicación entre ambos gobernantes coincide con la más reciente revelación del contenido de cables confidenciales, en los que agentes diplomáticos estadunidenses advierten el descontrol y la ausencia de legalidad que priva en la frontera con Guatemala –en donde prevalecen el tráfico de drogas, de personas y el contrabando de armamento, según el telegrama–; advierten sobre la ineficiencia y la corrupción de la policía, y sostienen que la población, desamparada, debe recurrir a la protección de organizaciones criminales, como Los Zetas.

No tiene mucho sentido negar verdades evidentes, como que el gobierno mexicano ha perdido control de extensas zonas del territorio nacional –no sólo en la frontera sur– y que las organizaciones criminales han llenado el vacío de poder en no pocas de ellas. Pero esta circunstancia se explica, en buena medida, por la falta de voluntad del gobierno de Washington para controlar las ventas de armamento de alto poder que es exportado a México, y que constituye un combustible principal de la capacidad de fuego de los cárteles que operan en el país. Hasta ahora, ese fenómeno no ha podido detenerse, a pesar de los 30 mil efectivos estadunidenses que, según el cable referido, vigilan la extensa frontera común, y ello obliga a preguntarse si no sería adecuado emitir, sobre esa franja, una crítica similar a la que la diplomacia estadunidense formula sobre la frontera sur de nuestro país: a fin de cuentas, la problemática situación que hoy se vive en la zona limítrofe con Guatemala está estrechamente relacionada con carencias y descontroles prevalecientes en la frontera norte, y que son responsabilidad de las autoridades del vecino país.

Por lo demás, las autoridades estadunidenses tampoco han sido capaces de controlar el trasiego, la distribución y el consumo de estupefacientes ilegales dentro de su propio territorio y se han mantenido renuentes a reconocer la operación de cárteles del narcotráfico en Estados Unidos, como si la estructura que esas organizaciones han construido en todo el continente se interrumpiera al cruzar el río Bravo, y como si en la economía estadunidense no estuviera incrustado un vasto aparato de lavado de dinero que hace del narcotráfico una actividad altamente redituable. Tales omisiones permiten ponderar una actitud hipócrita e injusta de las autoridades estadunidenses en lo que toca al combate al crimen organizado; ponen en entredicho el supuesto compromiso de Washington en esa materia, y hacen aun más evidente el error estratégico del gobierno de nuestro país al involucrarse en una guerra que le es básicamente ajena y para la cual no ha contado, para colmo, con el respaldo debido de sus contrapartes estadunidenses.

En suma, el intercambio declarativo entre Los Pinos y la Casa Blanca a raíz de las filtraciones de Wikileaks pone en relieve una pérdida de enfoque por parte de ambos gobiernos en materia de combate al narcotráfico, y hace obligado reconocer que los términos en que los dos países han emprendido la lucha contra los cárteles de la droga no tienen posibilidades de éxito.