En América Latina hay más de 14 millones de mujeres dedicadas al trabajo doméstico en casas que no son la suya. Reciben una remuneración, pero la mayoría de ellas también deben enfrentar a diario una realidad en la cual predominan bajos salarios, largas jornadas, escasa o nula protección social, poco tiempo libre, malas condiciones de vida y un incumplimiento generalizado de las normas laborales.
La nueva norma internacional sobre el trabajo doméstico, aprobada recientemente por los 183 países que forman parte de la OIT, constituye un hecho sin precedente, pues por primera vez aborda específicamente a un sector laboral en el cual predomina la informalidad, y donde son frecuentes la discriminación, la explotación y otros abusos.
El trabajo doméstico se realiza a puertas cerradas, en la intimidad de nuestras casas, y eso ha contribuido a que sea una ocupación invisible, difícil de medir y de controlar. Las estadísticas son difusas y con frecuencia no cuentan a quienes trabajan por hora o por día, a quienes no estén registradas en la seguridad social, a las migrantes indocumentadas ni a las niñas y niños que trabajan ocultos sin tener la edad permitida por la ley.
En América Latina menos de un tercio de las trabajadoras domésticas están registradas en los sistemas de seguridad social, y el número que accede a la jubilación es aún menor. En nuestra región las trabajadoras ocupan uno de los grados más bajos en la escala de remuneraciones, y su ingreso promedio es siempre inferior al de los trabajadores en general, y también al de otras mujeres ocupadas.
Durante los años recientes diversos países latinoamericanos han adoptado normas y políticas tendientes a mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan el trabajo doméstico, pero su aplicación aún está pendiente de lograr su aplicación efectiva.
La mejoría en las condiciones laborales de los trabajadores domésticos es relevante para la economía, pues permitiría aprovechar mejor el potencial de millones de personas y sus familias, quienes habitualmente viven en condiciones de pobreza. Por ese mismo camino es una herramienta importante para enfrentar también la persistente desigualdad que caracteriza a una región que suele ser calificada como la más desigual del mundo.
Al abordar en forma frontal las condiciones laborales de una ocupación que suele realizarse en la informalidad, también se hace frente a uno de los desafíos más urgentes que tenemos en América Latina. Los datos disponibles nos indican que más de 50 por ciento de la fuerza laboral regional está ocupada en la economía informal.
La nueva norma aprobada en la OIT, conocida como Convenio 189, establece que trabajadoras y trabajadores domésticos tienen los mismos derechos básicos que otros trabajadores, que tienen derecho a jornadas de trabajo razonables y descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, a información clara sobre las condiciones de empleo, a la cobertura básica de seguridad social, y al respeto de los derechos laborales fundamentales.
El convenio apunta directamente hacia asignaturas pendientes en el mundo del trabajo, como las de igualdad de género, ya que más de 80 por ciento de quienes están empleadas en el trabajo doméstico en el mundo son mujeres, o la situación de millones de trabajadores migrantes que van a otros países para trabajar en otros hogares, a menudo sin documentos ni derechos de ninguna clase, y a enfrentar el problema del trabajo infantil doméstico. En el mundo hay más niñas menores de 16 años empleadas en el servicio doméstico que en cualquier otra forma de ocupación.
La trascendencia de esta nueva norma internacional va más allá de lo jurídico: su adopción envía una señal política muy fuerte y refleja un compromiso internacional con la necesidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo de decenas de millones de personas que se ocupan de las tareas del hogar en todo el mundo.
*Elizabeth Tinoco es la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe
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