¿Cuántos paramilitares operan en el gobierno de Felipe Calderón?
Son fuerzas especiales de grupos de policías, militares y elementos de seguridad privados con disciplina castrense que funcionan para servir generalmente a intereses del Estado.
Han existido en distintas épocas en México. Desde la Brigada Blanca o el Batallón Olimpia con Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, hasta Máscara Roja, Paz y Justicia, Mira, Chinchulines, Degolladores, Puñales, Albores de Chiapas con Ernesto Zedillo y Vicente Fox. El Estado ha dotado de armamento y entrenamiento a grupos de hombres para combatir a los estudiantes del 68, a los zapatistas o al movimiento de la APPO, por ejemplo. Los paramilitares son mercenarios entrenados para cometer excesos de violencia inaceptables dentro de un marco legal. Son escuadrones de la muerte dedicados a la “limpieza social”; a la eliminación de adversarios políticos, ideológicos; a la aniquilación de quienes piensan distinto al que ostenta el poder. También hay “guardias blancas” contratadas por empresarios, políticos o gente de dinero.
En la guerra contra el narco iniciada por Felipe Calderón, el Estado comenzó combatiendo a cuatro cárteles importantes; hoy hay más de una decena. El enemigo parecía claro: los narcos; hoy el abanico de enemigos se ha ampliado considerablemente. Desde drogadictos, narcomenudistas y halcones, hasta defensores de derechos humanos que denuncian los excesos del Ejército, la Marina y las policías. Estas con el discurso oficial o te conviertes en enemigo de la nación.
El trabajo sucio desde el Estado, es decir, el trabajo por encima de la ley; el ojo por ojo, el que utiliza los mismos métodos del crimen organizado lo realizan los paramilitares. Sólo hay que recordar las declaraciones del general Bibiano Villa diciendo que en lugar de detener e interrogar a un Zeta prefería matarlo: “Que le vaya a decir a San Pedro lo que hizo”, dijo. Esto demuestra una procedencia importante del paramilitarismo que actualmente funciona bajo distintos nombres donde hay: militares, ex militares, policías, ex policías, marinos, ex marinos y mercenarios, valga la redundancia.
Hay más de 5 mil denuncias contra el Ejército por violar las garantías individuales y la Marina sigue la misma senda. El precio de denunciar a los marinos que desaparecen personas lo conoció Oralia Guadalupe Villaseñor Vásquez habitante de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a quien la Marina le secuestró a su esposo. Un día después de denunciarlo en La Jornada, su casa fue balaceada. Evidentemente los hombres que llegaron con armas largas a disparar la fachada de su casa no usaban el uniforme de la Marina, pero su aspecto los delataba.
Y es que la pinta de militar es difícil eliminarla. El cabello, los zapatos, la forma de caminar, los delata. Sólo hay que ver el vídeo que adjunto en este artículo sobre los llamados “Matazetas, grupo paramilitar justiciero”. El aspecto de los asesinos que matan a otros asesinos, no es de hombres improvisados. Se trata de un ejército entrenado con técnicas castrenses para actuar por encima de la ley. De hecho, los Zetas son un grupo formado por ex militares entrenados por el Ejército mexicano que están provocando una respuesta similar para combatirles. No es lo mismo un grupo de asesinos de origen civil a otro de procedencia militar.
Es evidente que el paramilitarismo o los grupos de autodefensa se consolidan gracias a la impunidad y a la falta de voluntad política por fomentar el respeto a los derechos humanos. Felipe Calderón ha tenido el firme propósito de ir recortando garantías individuales desde su cuestionada llegada a la Silla del Águila. Al inicio de su narcoguerra lanzó la creación del Grupo Central de Atención contra la Subversión, un ente oscuro que es dirigido por él sin supervisión del Congreso que aparentemente nació como su nombre lo indica: para combatir “subversivos”, para espiar, y reprimir movimientos y luchadores sociales. Luego, creó el denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, perteneciente al Ejército Mexicano, pero bajo las órdenes directas de él.
Estos dos cuerpos de élite se parecen mucho a los “escuadrones de la muerte” creados durante las dictaduras militares que asolaron América Latina. En El Salvador, por ejemplo, el Estado fundó la brigada Anti-comunista Maximiliano Hernández Martínez, la Unión Guerrera Blanca o la Legión del Caribe; en Guatemala las tristemente célebres Patrullas de Autodefensa Civil o las Autodefensas Unidas en Colombia…
No conforme con el Estado de Sitio de facto en el que vivimos en los estados fronterizos del país, Calderón pretende ahora consolidar su mayor tic autoritario con la Ley de Seguridad Nacional que pretende legalizar la actuación inconstitucional del Ejército y la Marina.
Calderón quiere seguirse dotando de mandatos sin supervisión alguna y gracias a esta ley podría disponer de las Fuerzas Armadas para prevenir o hacer frente a los “obstáculos que amenacen la integridad, la estabilidad o la permanencia del país”. Es interesante analizar cuáles son esos “obstáculos”: contingencia, riesgo, desafío o amenaza. En definitiva, todo lo que atente contra el Estado.
Y para recabar la información se puede hacer “uso de cualquier método de recolección”, es decir, estarán permitidas las intervenciones de comunicaciones privadas. En definitiva, Calderón o su sucesor estarán facultados para declarar un estado de excepción y para determinar en que momento se suspende el orden constitucional.
Esta Ley de Seguridad Nacional defendida por Alejandro Martí y por algunos periodistas cercanos al poder en turno, representa un alarmante retroceso democrático, un auténtico disparate autoritario y una doctrina coercitiva utilizada en el pasado que debería quedar enterrada definitivamente. Se requiere prevención no represión. El paramilitarismo se reforzaría, las violaciones de derechos humanos aumentarían, las atribuciones inconstitucionales de las Fuerzas Armadas se consolidarían.
Aceptar la Ley de Seguridad Nacional sería aceptar un fuero de guerra por encima de la ley y la normalización de un estado de excepción. La historia nos demuestra que utilizar la “guerra sucia” provoca decenas de muertos, cientos de desaparecidos e impunidad. Las víctimas del 68 siguen esperando justicia y reparación.
Es preocupante que 43 años después, Felipe Calderón pretenda perpetuar un Estado represivo que parecía superado.
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