El objetivo más evidente de la lucha de Javier Sicilia y su movimiento contra el proyecto de Ley de Seguridad Nacional es descalificar de manera contundente la guerra contra el crimen organizado que inició el Presidente al principio de su administración, a través de la militarización del sistema de seguridad pública, con la presencia masiva del Ejército en acciones policiacas, así como el incremento exponencial de elementos de la Policía Federal, provenientes de las propias Fuerzas Armadas.
Esta estrategia, con un apoyo estadounidense cada vez más evidente, ha sido útil para detener a un buen número de operadores del narcotráfico y también, en un principio, le redituó políticamente al Ejecutivo frente a una población asediada por la inseguridad y por la injusticia, pero ello se revertido a través de estos años en razón de la violencia que ha prevalecido y que ni el gobierno ni el Ejército han podido contener, además del incremento permanente de todos los índices delictivos que afectan diariamente a la población, como el robo, el secuestro, la extorsión y los crímenes violentos.
La profunda corrupción, el doble lenguaje y la ineptitud de los tres niveles de gobierno se han evidenciado descarnadamente durante estos años, mientras el Ministerio Público se ahoga en un pantano de incapacidad y corrupción que lo ha descalificado como nunca; en tanto, el Poder Judicial federal se ha tratado de deslindar de su relación orgánica con el Ejecutivo, evitando, hasta lo posible, que se le vincule con esta catástrofe política. Ante tal situación, y con el recuerdo de lo que ocurrió en el 68, el Ejército ha exigido que se establezca un marco legal que proteja sus acciones y las consecuencias de violencia que ello implica, para lo cual formuló un proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que es, más que nada, un código de operación militar en funciones policiacas, al cual la Cámara de Senadores trató de darle un marco razonable de control y legalidad, y una mejor imagen al Estado mexicano en el manejo de esta crisis, que no ha podido resolver y que mantiene a las Fuerzas Armadas en tareas que no le son propias, sin lograr la reducción de los índices delictivos y la violencia en el país.
Este tema se complicó en la Cámara de Diputados, donde se ha cuestionado la constitucionalidad del uso presidencial indiscriminado de las Fuerzas Armadas, así como la aplicación del fuero militar en delitos que se cometen contra la población civil, mientras el tema se ha posicionado como una descalificación implacable al presente gobierno y a su política al respecto. Así, el movimiento de Sicilia, quien ya da señales de querer participar en actividades electorales y políticas, ha construido una propuesta legislativa en defensa de las víctimas de la violencia de esta guerra, y en contra de los abusos que las autoridades han cometido en este entorno; centrando su estrategia en la descalificación del Presidente, de su proyecto legislativo y de su gobierno, mientras el PAN maniobra para protegerlo y aminorar los daños, y el PRI navega en dos aguas, ya que no tiene opción que aportar frente a esta crisis, como lo han demostrado los gobiernos estatales y municipales tricolores, que nada han resuelto al respecto.
Es evidente que debe haber una legislación que establezca cuáles son las situaciones de emergencia en el país que ameritan el uso de las Fuerzas Armadas y los límites de esas actividades, así como la defensa de la sociedad frente a cualquier abuso de autoridad y el control que debe existir para que el Ejecutivo se someta al poder legislativo frente a una crisis de seguridad, que debe ser manejada con absoluta legalidad y eficacia. También es muy importante establecer con claridad que la Ley de Seguridad Nacional es sólo un reglamento para controlar los abusos de autoridad en operaciones militares de excepción, las que no han podido ni podrán reducir los 13 millones de delitos cometidos anualmente, ni el 9% de impunidad y tampoco el desastre carcelario que impera en el país; eso lo deben asumir Sicilia y su movimiento para no generar, con sus propuestas, expectativas desmesuradas en la sociedad. Lo que el país necesita para empezar a resolver esta crisis es una reforma integral y profunda al sistema de seguridad y justicia que ciudadanice todo este aparato inepto y corrupto, obligando a las autoridades a rendir cuentas cotidianas auditables y a someterse a las sanciones que les correspondan por su incumplimiento. editorial2003@terra.com.mx Doctor en Derecho
Editorial La Jornada
dada a conocer ayer por el diario Los Ángeles Times, la Oficina para el control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) ascendió a tres funcionarios involucrados en la operación Rápido y Furioso –por medio del cual el gobierno del vecino país abasteció con miles de fusiles de asalto a los cárteles mexicanos– por las habilidades y destrezas demostradas a lo largo de sus carreras, según se lee en un correo electrónico confidencial firmado por Kenneth E. Melson, director en funciones de la ATF.
Tales ascensos contravienen la promesa formulada en su momento por el presidente del vecino país, Barack Obama, en el sentido de que habría sanciones para los responsables de la citada operación. Por el contrario, a la luz de la información publicada por el rotativo californiano, queda claro que las autoridades del vecino país no sólo han otorgado impunidad a los servidores públicos involucrados en un manifiesto delito, sino ahora recompensan las habilidades y destrezas
de tres de ellos. Otro tanto puede decirse del propio Melson, cuyo conocimiento y seguimiento puntual del operativo ha sido documentado en informes elaborados por el legislador republicano Darrell Issa, y quien, sin embargo, permanece en el cargo de director de la ATF.
Los datos comentados confirman el carácter meramente discursivo del supuesto compromiso de Washington en el combate a la criminalidad organizada y al narcotráfico en nuestro país: los constantes alegatos de ese gobierno para defender su lógica prohibicionista hacia el consumo, la producción y el trasiego de estupefacientes, así como la política de combate a las mafias de la droga que ha impuesto en naciones periféricas, como la nuestra, no guardan ninguna relación con una realidad en que la propia Casa Blanca es omisa hacia el accionar de esas bandas dentro de sus propias fronteras; tolera el lavado de dinero en su sistema financiero y se erige, con operaciones como Rápido y furioso, en proveedora de las organizaciones delictivas que opreran al sur del río Bravo.
No puede descartarse, a la luz de la información disponible, que esa inconsistencia entre la práctica de las autoridades del vecino país y el discurso de su presidente se deba a ignorancia del segundo respecto de las malas acciones que realizan algunos funcionarios de su gobierno: a fin de cuentas, si algo ha caracterizado a la administración pública estadunidense es, precisamente, ser un espacio en el que confluyen representantes de sectores, facciones e intereses encontrados –recuérdense los viejos conflictos de intereses entre las agencias de inteligencia y seguridad de Washington–; a ello debe añadirse la posición de debilidad política en que se halla el actual mandatario frente a los poderes del establishment de esa nación.
Lo cierto, en todo caso, es que hay funcionarios, o acaso sectores, en el aparato gubernamental de Estados Unidos que, lejos de colaborar en el combate al narcotráfico, se dedican a promoverlo, lo cual plantea una perspectiva desoladora: si de por sí la guerra declarada por el gobierno calderonista desde sus inicios –y proseguida y acentuada, de acuerdo con los elementos disponibles, por presión estadunidense– arroja saldos asimétricos para ambos países, e injustos para el nuestro, es posible que algunas facciones públicas o privadas de la nación vecina vean en la promoción de ese escenario una vía para proveerse de un mercado donde colocar parte de su producción armamentista, generar gran cantidad de dinero cuyo lavado reporta ganancias astronómicas a las entidades financieras del país vecino. Por si fuera poco, ello les daría también un buen pretexto para multiplicar y profundizar sus acciones injerencistas en nuestro país.
En este contexto, el hecho de que las dependencias estadunidenses no muestren ningún empacho en premiar a funcionarios involucrados en acciones ilegales, como Rápido y furioso, debería ser intolerable para las autoridades mexicanas y tendría que llevar a una profunda revisión de la cooperación bilateral en materia de seguridad. En lo inmediato, la ética elemental hace recomendable y necesario poner fin a una guerra
que no tiene posibilidades de ser ganada en su configuración actual, y en la que se establece una relación directa entre el sufrimiento y la zozobra de la población mexicana y el beneficio político y económico de facciones y grupos de interés al norte de la frontera.
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