María Teresa Jardí
Ayer dije en mi artículo que como parte de la banalización que se ha hecho aquí de la política se ha creado una serie de organizaciones no gubernamentales a modo de los poderes fácticos, que se reparten los bienes que pertenecen a la nación que alcanzarían para que nadie tuviera que sobrevivir y todos pudiéramos realmente vivir. Y por estos días, si alguien lo duda, una muestra de las mismas se encuentra en las que apoyan a García Luna y la Ley, mal llamada de Seguridad Nacional, con la que, quien usurpa y su partido que busca seguir en el poder y los que quieren relevarlo, buscan legalizar la represión en marcha con la que se hace una limpia de personas, ordenada por el imperio yanqui —de lo que ya hasta Chomsky se entera— al que sirven como vasallos obligados por la corrupción de la que disfrutan, merced a la impunidad que impera, los Calderón y su equipo.
El que preside eso que se llama Secretaría de la Función Pública y que bien podría ser llamada Secretaría de Corrupción a modo del que manda, anteayer dio una muestra de cinismo en el canal televisivo del Congreso, en horario de amas de casa con criadas. Y esto sin dejar de reconocer que algunas de entre estas organizaciones han sido obligadas, al convertir en víctimas a quienes las encabezan. Otras son las creadas por la iniciativa privada que no aspira a que cambie nada porque es negocio que el país siga ahogándose en sangre y tapado con mierda.
Mientras que las otras organizaciones no gubernamentales, las que sí se dan cuenta del peligro represivo que supone la Ley de Inseguridad Ciudadana, como ya se le puede empezar a llamar, sin miedo a equivocarse, dado que de represión es de lo que trata la propuesta que el Poder Legislativo, por órdenes del emperador en turno, que además hoy es un usurpador, va a aprobar, tienen perdida en gran medida la autoridad moral que conservaban frente a la sociedad mientras tenían enfrente al PRI como enemigo. Ni modo. Llegaron los partidos de la preferencia de las organizaciones al poder y ante el violador conocido falló la vocación de defensa de los derechos humanos y hoy las consecuencias están a la vista.
Y al decir lo anterior no quiero decir que no se tiene que reglamentar al Ejército en la calle. Claro que se le tiene que reglamentar. Pero reglamentar para impedir que su estancia en la calle se convierta en una violación constante a los derechos humanos de los ciudadanos convertidos hoy, con total impunidad, en daños colaterales.
La estancia del Ejército nacional en la calle debe ser reglamentada para que no viole, permisivamente, los derechos humanos y poniendo tiempos para su regreso a los cuarteles. Además de que tendrían que estar discutiendo los legisladores, si representaran al pueblo, el regreso inmediato de la Marina a cuidar los mares y la desaparición de los grupos paramilitares encabezados por el de los hombres de negro que García Luna comanda. Lo que tampoco quiere decir que nada de esto vaya a ser fácil de realizar. Los paramilitares, como la historia nos enseña, no desaparecen por decreto y los ejércitos en la calle no regresan fácilmente a sus cuarteles. Pero sentar las bases para eso es lo que les toca hacer a los representantes, aunque no se representen más que a sí mismos.
Las otras organizaciones no gubernamentales, realmente defensoras de los derechos humanos, hoy se ven incapaces de levantar a una sociedad manipulada, además de asustada, televisivamente, haciéndola entender que van por todos, que nadie tendría que hacerse ni la menor de las ilusiones que se trata de combatir la delincuencia y sí de seguir imponiendo la guerra, justificando con esa ley que, como la Iniciativa Mérida, está maldita, la represión en marcha.
La delincuencia está en la policía, en los grupos paramilitares que ya actúan como escuadrones de la muerte, encabezados, repito, porque esto es algo que más valdría que todos entendiéramos antes de que sea demasiado tarde, si no lo es ya, por los hombres de negro que García Luna comanda, en los militares que dejaron de servir al pueblo cuando aceptaron combatir solamente a los enemigos de “El Chapo”, en la Marina en la calle, más aterradora aún que el Ejército nacional... Son las órdenes de los yanquis que necesitan la guerra, trasladada a México, como el negocio con el que el imperio mantiene la ilusión, para los gringos, de que eso que llaman “buena vida”, aunque salte a la vista que no hay buena vida posible cuando ésta se encuentra teñida de la sangre de los otros, y, por eso, para huir de esa realidad es que los estadounidenses están condenados a vivir drogados...
Ayer dije en mi artículo que como parte de la banalización que se ha hecho aquí de la política se ha creado una serie de organizaciones no gubernamentales a modo de los poderes fácticos, que se reparten los bienes que pertenecen a la nación que alcanzarían para que nadie tuviera que sobrevivir y todos pudiéramos realmente vivir. Y por estos días, si alguien lo duda, una muestra de las mismas se encuentra en las que apoyan a García Luna y la Ley, mal llamada de Seguridad Nacional, con la que, quien usurpa y su partido que busca seguir en el poder y los que quieren relevarlo, buscan legalizar la represión en marcha con la que se hace una limpia de personas, ordenada por el imperio yanqui —de lo que ya hasta Chomsky se entera— al que sirven como vasallos obligados por la corrupción de la que disfrutan, merced a la impunidad que impera, los Calderón y su equipo.
El que preside eso que se llama Secretaría de la Función Pública y que bien podría ser llamada Secretaría de Corrupción a modo del que manda, anteayer dio una muestra de cinismo en el canal televisivo del Congreso, en horario de amas de casa con criadas. Y esto sin dejar de reconocer que algunas de entre estas organizaciones han sido obligadas, al convertir en víctimas a quienes las encabezan. Otras son las creadas por la iniciativa privada que no aspira a que cambie nada porque es negocio que el país siga ahogándose en sangre y tapado con mierda.
Mientras que las otras organizaciones no gubernamentales, las que sí se dan cuenta del peligro represivo que supone la Ley de Inseguridad Ciudadana, como ya se le puede empezar a llamar, sin miedo a equivocarse, dado que de represión es de lo que trata la propuesta que el Poder Legislativo, por órdenes del emperador en turno, que además hoy es un usurpador, va a aprobar, tienen perdida en gran medida la autoridad moral que conservaban frente a la sociedad mientras tenían enfrente al PRI como enemigo. Ni modo. Llegaron los partidos de la preferencia de las organizaciones al poder y ante el violador conocido falló la vocación de defensa de los derechos humanos y hoy las consecuencias están a la vista.
Y al decir lo anterior no quiero decir que no se tiene que reglamentar al Ejército en la calle. Claro que se le tiene que reglamentar. Pero reglamentar para impedir que su estancia en la calle se convierta en una violación constante a los derechos humanos de los ciudadanos convertidos hoy, con total impunidad, en daños colaterales.
La estancia del Ejército nacional en la calle debe ser reglamentada para que no viole, permisivamente, los derechos humanos y poniendo tiempos para su regreso a los cuarteles. Además de que tendrían que estar discutiendo los legisladores, si representaran al pueblo, el regreso inmediato de la Marina a cuidar los mares y la desaparición de los grupos paramilitares encabezados por el de los hombres de negro que García Luna comanda. Lo que tampoco quiere decir que nada de esto vaya a ser fácil de realizar. Los paramilitares, como la historia nos enseña, no desaparecen por decreto y los ejércitos en la calle no regresan fácilmente a sus cuarteles. Pero sentar las bases para eso es lo que les toca hacer a los representantes, aunque no se representen más que a sí mismos.
Las otras organizaciones no gubernamentales, realmente defensoras de los derechos humanos, hoy se ven incapaces de levantar a una sociedad manipulada, además de asustada, televisivamente, haciéndola entender que van por todos, que nadie tendría que hacerse ni la menor de las ilusiones que se trata de combatir la delincuencia y sí de seguir imponiendo la guerra, justificando con esa ley que, como la Iniciativa Mérida, está maldita, la represión en marcha.
La delincuencia está en la policía, en los grupos paramilitares que ya actúan como escuadrones de la muerte, encabezados, repito, porque esto es algo que más valdría que todos entendiéramos antes de que sea demasiado tarde, si no lo es ya, por los hombres de negro que García Luna comanda, en los militares que dejaron de servir al pueblo cuando aceptaron combatir solamente a los enemigos de “El Chapo”, en la Marina en la calle, más aterradora aún que el Ejército nacional... Son las órdenes de los yanquis que necesitan la guerra, trasladada a México, como el negocio con el que el imperio mantiene la ilusión, para los gringos, de que eso que llaman “buena vida”, aunque salte a la vista que no hay buena vida posible cuando ésta se encuentra teñida de la sangre de los otros, y, por eso, para huir de esa realidad es que los estadounidenses están condenados a vivir drogados...
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