La seguridad nacional no es sólo un problema militar

Silvia Gómez Tagle


El problema de crimen organizado que se vive en México no es único en el mundo. Se trata de organizaciones armadas que persiguen fines económicos, no político-ideológicos, por eso pueden desarrollar políticas flexibles frente a los gobiernos legalmente constituidos. Su presencia corrompe la vida pública, sus intereses penetran la sociedad civil, generan empleos informales, lavan y derraman su riqueza en la sociedad y los traficantes se asocian con los políticos de alto nivel y con poderosos grupos económicos.

Recientemente se ha observado en México un gran desarrollo del crimen organizado vinculado al narcotráfico, probablemente porque el auge económico capitalista ha permitido el acceso masivo de la población a las drogas más diversas. El crimen ha consolidado sus bases sociales en los sectores más damnificados de la población por las políticas económicas del PRI y después del PAN: el campesinado, los desplazados del mercado laboral, los jóvenes sin oportunidades de educación y ni de empleo, muchos de ellos refugiados en la economía informal.

El gobierno federal ha fracasado no sólo por su política económica, que ha proporcionado un campo fértil para que el crimen siente sus bases sociales, sino que también ha sido ineficaz en la persecución de los delitos económicos asociados a los negocios de las bandas criminales. Se estableció hace cuatro años la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, con un presupuesto de 187 millones de pesos asignado entre 2004 y 2007. Su productividad ha sido extremadamente baja: de alrededor de 20 millones de reportes por operaciones sospechosas de lavado de dinero, sólo 149 dieron lugar a una acusación judicial, y únicamente en 25 de estos casos se dictó una sentencia.

Las manifestaciones más evidentes de la contaminación de la sociedad por el crimen organizado se expresan en la violencia que sufre la población; en el abuso para extraer el “pago de piso”; en el asesinato o secuestro de ciudadanos. También, y no en menor medida, la población queda atrapada en el “fuego cruzado”, por la disputa entre grupos de delincuentes que compiten por los territorios, o por la lucha entre los delincuentes y las fuerzas del orden público, así como en las acciones arbitrarias de las Fuerzas Armadas contra la población civil inocente.

Frente a un fenómeno tan complejo la experiencia mexicana nos indica que la estrategia de la confrontación de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado, con la pretensión de eliminar al adversario, carece de perspectiva de éxito. En México hay evidencias de que los cárteles tienen hoy más poder de fuego y controlan mayores territorios que hace seis años. En cambio, el gobierno ha sido negligente en toda una serie de acciones que podrían incidir en la estructura económica de la delincuencia, sin generar más violencia.

Las bandas criminales han diversificado sus negocios, consolidado sus territorios, acrecentado su poder y su influencia, pero todavía no han llegado a la sustitución de los órganos del poder político, por eso los poderes federales todavía pueden tomar decisiones, pero deben ser decisiones inteligentes. Cuando Javier Sicilia expresa categóricamente su rechazo a la Ley de Seguridad Nacional, en la que advierte el propósito de legitimar el horror de la guerra y abrir el paso a la militarización del país, pone en evidencia los múltiples significados que adquieren los conceptos de seguridad nacional para los mexicanos. Cuando se diseñan las estrategias para enfrentar los problemas de seguridad que nos afectan a todos, los ciudadanos exigimos que la opinión de la UNAM y de otras instituciones de investigación de este país sean tomadas en cuenta, así como también deben ser escuchadas las voces de esa sociedad civil que representa Javier Sicilia y muchos otros que también han sido víctimas de la violencia.

sgomez@colmex.mx
Investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México

La UNAM y la seguridad: una vocación civilizatoria

Luis González Placencia*

He leído con atención la propuesta que ha publicado la UNAM, titulada Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia. Se trata de un pronunciamiento de enorme importancia por su contenido pero también porque la institución desde la que se hace la propuesta demuestra que el papel experto y contra-intuitivo de la intelligentzia universitaria resulta fundamental en la solución de uno de los problemas más importantes del país.

Los 36 puntos que contiene la propuesta articulan criterios de actuación de los que se desprende vocación civilizatoria –actitud que contrasta notoriamente con la posición beligerante que se ha asumido hasta ahora–, encuadrando el problema de la violencia y el delito en el contexto de pauperización que aqueja a importantes regiones del país, reconociendo la importancia que la corrupción ha tenido en el debilitamiento institucional del Estado en diversos sectores y alejándose del discurso simple y fácil que se basa en una supuesta maldad intrínseca, acríticamente atribuida a quienes participan de la delincuencia.

Con ese enfoque, la propuesta asume como presupuesto una actitud decidida de las autoridades en el más alto nivel para tomarse en serio el reto, alejarlo de los intereses políticos, electorales o partidistas y colocarlo como prioridad de Estado, con un énfasis preciso en el compromiso con la reducción de la corrupción a todos los niveles; en seguida, el documento señala la necesidad de ampliar el enfoque de la política criminal para que se articule con los pendientes de una justicia social débil o francamente ausente en el país, y en ese sentido, también plantea la necesidad de que se asignen recursos de manera racional, de acuerdo con este enfoque más integral.

Como propuesta seria que es, hace notar la necesidad de un diagnóstico del cual partir para lograr en efecto una política articulada con perspectiva nacional que tenga efectos directos en la población, no obstante que la responsabilidad sea municipal, estatal o federal. No tengo duda del valor del texto como punto de partida de una discusión sólida, racional y coherente frente a los principales focos rojos en materia de seguridad y justicia. Y sólo tendría alguna observación sobre la necesidad de un enfoque integral con perspectiva de derechos humanos.

Sobre la visión de la seguridad, plantea la necesidad de adoptar una visión de seguridad humana que rebasa con mucho el solo tema de la seguridad frente al delito. Pero el enfoque de derechos moldea la seguridad humana desde la transversalidad, la integralidad y la progresividad de los derechos, lo que confluye en la determinación de un enfoque basado en la libertad de las identidades y el compromiso con las diferencias situacionales en las que éstas se desenvuelven. De ahí que, cuando se aborda el tema de la política pública de adicciones, y aun cuando es claro que el enfoque punitivo debe dar lugar a un punto de vista más orientado a la prevención, cabría añadir que dicha perspectiva debe plantearse de modo que se avance a modelos en los que las decisiones de las personas en torno de la relación que quieren establecer con las drogas y el alcohol sean autónomas pero informadas, de modo que el riesgo de ingerirlas se acompañe de una asunción racional y corresponsable de sus consecuencias. El establecimiento de una nueva relación con las juventudes también destaca en el documento por su posición incluyente, pero es necesario hacer énfasis en el valor que la libertad juega como un mecanismo de respeto por las identidades juveniles para abandonar los enfoques asistencialistas y tomarse a la juventud, en serio, como sujetos de derechos. No me queda duda de que asumir este enfoque terminará salvando vidas, función primordial del Estado moderno.

Como he dicho, no tengo duda del alto valor de la propuesta y de que, como su nombre lo indica, es más una plataforma que un destino. Ojalá que las autoridades la tomen en serio porque en el fondo, lo que yo leo es un reclamo para que haya más Estado, para que éste funcione mejor, más eficientemente, con más transparencia y con más apertura para rendir cuentas de cara a construir ciudadanía. Felicidades al rector y a sus colaboradores cercanos, y enhorabuena a la UNAM. Como dicen los clásicos, el balón está en la cancha de la autoridad.

* Ombudsman de la ciudad de México