La intervención

Gustavo de la Rosa

La intervención de EU en tareas de seguridad ha sido rutinaria en las relaciones diplomáticas, siempre ha habido asesores y capacitadores de los policías mexicanos y entrenamientos en territorio norteamericano.

Simplemente, a los jueces, ministerios públicos, defensores y policías del nuevo sistema penal acusatorio los instruyeron funcionarios norteamericanos en universidades mexicanas, y así va a ser en la capacitación requerida en los próximos dos años en todo el país.

La nota del New York Times del 7 de agosto, escrita por Adriana Zehbrauskas, dice así:

“Estados Unidos está ayudando a las fuerzas policiales mexicanas en la realización de escuchas telefónicas, administrando informantes e interrogando a los sospechosos. En las últimas semanas, un pequeño número de operadores de la CIA y empleados militares y civiles se han ubicado en una base militar de México, donde, por primera vez, los funcionarios de seguridad de ambos países trabajan codo a codo en la recopilación de información y planificación de las operaciones contra los cárteles de la droga así como en la incrustación de empresas de evaluación de la unidad mexicana para la policía antinarcóticos”.

El sustento de esta actividad (novedosa para la reportera) reside en la falta de credibilidad de las instituciones policiacas mexicanas con una larga historia de corrupción.

Esta relación y colaboración para enfrentar al crimen internacional no debe sorprendernos, siempre y cuando se haya cumplido con toda la normativa y transparencia de los convenios de colaboración internacional, no tiene ninguna necesidad el gobierno mexicano de admitir asesores y colaboradores en secreto, a la manera de los espías de la guerra fría.

Los adelantos tecnológicos permiten la colaboración de trabajos de investigación y persecución del delito sin necesidad de que un solo empleado americano cruce la frontera.

El plan Mérida incluye la colaboración en materia de capacitación y contratación de empresas y organizaciones mexicanas para cumplir con una serie de tareas de formación de cultura de la legalidad e intervenciones sociales para buscar soluciones de mayor profundidad que las meras policiacas.

Los fondos de USAID son disputados legalmente por las ONG mexicanas sin algún problema de legalidad. Aunque gobierne un régimen de verdadera izquierda, esa relación de apoyo internacional contra la delincuencia es inevitable pero siempre limitada por la normativa vigente.

Una nota periodística puede servir para iniciar una investigación penal, pero no puede invocarse como verdad revelada. Faltos de temas, los políticos mexicanos se lanzaron a rasgarse las vestiduras, guiados sólo por el encabezado, enredándose en la bandera mexicana, pero procurando saltar del último escalón antes de la banqueta, para no sufrir ninguna lesión.

Los fronterizos hemos comprobado que a veces la participación de asesores u observadores extranjeros (como en las elecciones) es la única garantía de que se amarren las filtraciones de información y haya un margen de eficacia en ciertos operativos.

Obviamente, algunas defensas de la colaboración han sido deplorables, pues mientras no se investigue y transparente estas actividades específicas no se puede culpar a nadie, pero tampoco absolver, como el Papa, a toda la humanidad.

Me parece una actitud hipócrita de muchos políticos, el “olvidar” que el operativo de armas Rápido y furioso constituye un delito y debería promoverse la extradición de los funcionarios norteamericanos que participaron en él. Imagine que la PGR pasara 10 toneladas de mariguana marcada genéticamente para seguir la ruta de la mariguana en EU, sólo así nos pondríamos a mano. Pero no se trata de discursos, se trata de aplicar la ley.

Este tema no deben abandonarlo los diputados y líderes partidistas hasta ver en la cárcel mexicana a los funcionarios que conspiraron y operaron el contrabando de armas.

Por otro lado, la soberanía implica no sólo la impenetrabilidad del territorio sino también la supremacía de la Constitución, y en 2008 y 2009 se suspendieron las garantías individuales en Chihuahua y ni un solo diputado se acordó de Belisario Domínguez para denunciar esa clase de estado de excepción, aunque, a decir verdad, Calderón es menos feroz que Huerta.

Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua