Los
hijos de Marta Sahagún aparecen de nuevo. Exfuncionario asegura que
tienen negocios con la empresa suiza SGS, la que investiga las causas
de la explosión en la Torre de Pemex
Miércoles 13 de febrero de 2013
Ni el titular de la Segob ni el de la PGR acertaron sobre el país de origen
de la empresa contratada por la propia procuraduría para hacer los
peritajes, ambos la ubicaron como una empresa inglesa. La trasnacional tiene
su sede en Suiza, como consta en su página de internet
La primera crisis en la que el gobierno de Enrique Peña Nieto se juega la credibilidad de su equipo de Seguridad Nacional ha quedado a cargo de una compañía que tiene nexos con los hijos de Marta Sahagún y con el caso de Zhenli Ye Gon.
La Société Générale de Surveillance (SGS), empresa suiza contratada
por la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer los
peritajes de la explosión en el edificio B2 de Pemex, tiene un
historial largo y sinuoso.
En principio, SGS tiene un conflicto de intereses por hacer el peritaje de un área donde había archivos de contrataciones con Pemex, de la que esa misma compañía fue beneficiaria.
La contrató la PGR, pero su propio titular, Jesús Murillo Karam, no dijo bien su nombre ni su lugar de origen.
En la conferencia de prensa donde el gobierno divulgó la versión de la explosión por gas, agradeció la participación de la compañía “SGC” y dijo que era de origen inglés.
Tampoco Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, sabe quién hace los peritajes en sus instalaciones. El viernes pasado volvió a nombrarla como “la empresa inglesa SGC”.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no la mencionó por su nombre en el desayuno con reporteros el pasado lunes 11, pero cometió el mismo error. Dijo que había en la zona “una empresa contratada de las más importantes en el mundo, de Inglaterra”.
Más aún, el vocero de SGS para este caso, Brian Dunagan, fue funcionario de Shell y Halliburton, dos petroleras texanas a las que la izquierda ha señalado por tener interés en la reforma energética que abriría Pemex a la iniciativa privada.
SGS es líder mundial en certificación de calidad, auditorías y control de procesos. El gobierno mexicano le ha otorgado temas tan sensibles como las aduanas y los controles de obras públicas millonarias y pretende, para 2015, duplicar su valor de mercado en México.
Sus vínculos no son menores: está relacionada con los hermanos Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, la esposa de Vicente Fox.
La conexión
La compañía que ha dado las explicaciones técnicas de la explosión en Pemex ya había sido noticia en México.
Entonces las notas no eran positivas ni se citaba a sus peritos como “expertos internacionales”. Corría el año 2005 y SGS estaba en medio del escándalo.
La primera licitación que llevaría a dejar en manos privadas la revisión y certificación de mercancías de las aduanas nacionales, era ganada por la compañía mexicana Logistic Free Trade Zone y la transnacional suiza.
El representante de la empresa mexicana era Juan Carlos López Rodríguez, que había sido funcionario de aduanas.
En 2006 la revista Proceso publicó que López habría sido “sancionado en octubre del 2004 con 28 millones de pesos y suspendido de sus funciones por 12 años como director de la Administración Central de Investigación Aduanera”. La sanción era por tráfico ilegal de productos chinos.
Actualmente, López no aparece en el catálogo de funcionarios sancionados por la Secretaría de la Función Pública, pero sí está involucrado con productos chinos.
SGS y Logistic Free Trade Zone ganaron la concesión para operar el Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis Potosí, mientras seguía latente el vínculo de SGS con los hijos de Martha Sahagún.
En entrevista con el diario La Jornada en octubre de 2005 José Guzmán Montalvo, entonces titular de la Administración General de Aduanas, lo admitió.
Dijo que los hermanos Bribiesca “tienen contacto con la empresa (SGS) desde 1993, mucho tiempo antes de la administración de Vicente Fox”.
Esta concesión implicaba que SGS revisaría la mercancía en las aduanas, clasificaría los aranceles a pagar por ella y verificaría el origen y el valor de lo que pasaba por los puertos de entrada y salida del país.
Esta revisión hecha por particulares, no por el gobierno, aún es legal y fue refrendada en la administración de Felipe Calderón.
Así lo reconoce el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, actualizado a julio del año pasado en el Diario Oficial de la Federación.
Este documento establece que, entre las competencias de la Administración General de Aduanas, se encuentra la de “otorgar concesión o autorización para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior”.
También los autoriza para que, dentro de los recintos fiscalizados, “las mercancías puedan ser objeto de elaboración, transformación o reparación para su posterior retorno al extranjero o exportación”.
Estas canonjías legales permiten que SGS tenga vigentes las concesiones para revisión, supervisión y certificación de mercancías en los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, que vencerán entre 2013 y 2015.
En el puerto de Topolobampo, Sinaloa, la concesión es más amplia. Se trata de “contrato de servicios portuarios”, otorgado en enero de 2010 y que tendrá vigencia hasta el mismo mes de 2014.
Incluye la inspección de carga y descarga de productos en diferentes tipos de transporte, como buques, camiones, tolvas, contenedores, almacenes y bodegas en el interior de ese recinto portuario sinaloense.
De acuerdo con una investigación de la Marina filtrada a la prensa en 2010, el mismo año en que se autorizó dicha concesión, Topolobampo es uno de los puertos de operación del cártel de Sinaloa.
Esta investigación determinó que la red de vínculos del cártel con las capitanías del puerto era a través de tripulantes de buques, empleados de confianza, veladores y empresas de México, Panamá, Estados Unidos y Honduras.
Zhenli Ye Gon y los hermanos López Rodríguez
En principio, SGS tiene un conflicto de intereses por hacer el peritaje de un área donde había archivos de contrataciones con Pemex, de la que esa misma compañía fue beneficiaria.
La contrató la PGR, pero su propio titular, Jesús Murillo Karam, no dijo bien su nombre ni su lugar de origen.
En la conferencia de prensa donde el gobierno divulgó la versión de la explosión por gas, agradeció la participación de la compañía “SGC” y dijo que era de origen inglés.
Tampoco Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, sabe quién hace los peritajes en sus instalaciones. El viernes pasado volvió a nombrarla como “la empresa inglesa SGC”.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no la mencionó por su nombre en el desayuno con reporteros el pasado lunes 11, pero cometió el mismo error. Dijo que había en la zona “una empresa contratada de las más importantes en el mundo, de Inglaterra”.
Más aún, el vocero de SGS para este caso, Brian Dunagan, fue funcionario de Shell y Halliburton, dos petroleras texanas a las que la izquierda ha señalado por tener interés en la reforma energética que abriría Pemex a la iniciativa privada.
SGS es líder mundial en certificación de calidad, auditorías y control de procesos. El gobierno mexicano le ha otorgado temas tan sensibles como las aduanas y los controles de obras públicas millonarias y pretende, para 2015, duplicar su valor de mercado en México.
Sus vínculos no son menores: está relacionada con los hermanos Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, la esposa de Vicente Fox.
La conexión
La compañía que ha dado las explicaciones técnicas de la explosión en Pemex ya había sido noticia en México.
Entonces las notas no eran positivas ni se citaba a sus peritos como “expertos internacionales”. Corría el año 2005 y SGS estaba en medio del escándalo.
La primera licitación que llevaría a dejar en manos privadas la revisión y certificación de mercancías de las aduanas nacionales, era ganada por la compañía mexicana Logistic Free Trade Zone y la transnacional suiza.
El representante de la empresa mexicana era Juan Carlos López Rodríguez, que había sido funcionario de aduanas.
En 2006 la revista Proceso publicó que López habría sido “sancionado en octubre del 2004 con 28 millones de pesos y suspendido de sus funciones por 12 años como director de la Administración Central de Investigación Aduanera”. La sanción era por tráfico ilegal de productos chinos.
Actualmente, López no aparece en el catálogo de funcionarios sancionados por la Secretaría de la Función Pública, pero sí está involucrado con productos chinos.
SGS y Logistic Free Trade Zone ganaron la concesión para operar el Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis Potosí, mientras seguía latente el vínculo de SGS con los hijos de Martha Sahagún.
En entrevista con el diario La Jornada en octubre de 2005 José Guzmán Montalvo, entonces titular de la Administración General de Aduanas, lo admitió.
Dijo que los hermanos Bribiesca “tienen contacto con la empresa (SGS) desde 1993, mucho tiempo antes de la administración de Vicente Fox”.
Esta concesión implicaba que SGS revisaría la mercancía en las aduanas, clasificaría los aranceles a pagar por ella y verificaría el origen y el valor de lo que pasaba por los puertos de entrada y salida del país.
Esta revisión hecha por particulares, no por el gobierno, aún es legal y fue refrendada en la administración de Felipe Calderón.
Así lo reconoce el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, actualizado a julio del año pasado en el Diario Oficial de la Federación.
Este documento establece que, entre las competencias de la Administración General de Aduanas, se encuentra la de “otorgar concesión o autorización para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior”.
También los autoriza para que, dentro de los recintos fiscalizados, “las mercancías puedan ser objeto de elaboración, transformación o reparación para su posterior retorno al extranjero o exportación”.
Estas canonjías legales permiten que SGS tenga vigentes las concesiones para revisión, supervisión y certificación de mercancías en los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, que vencerán entre 2013 y 2015.
En el puerto de Topolobampo, Sinaloa, la concesión es más amplia. Se trata de “contrato de servicios portuarios”, otorgado en enero de 2010 y que tendrá vigencia hasta el mismo mes de 2014.
Incluye la inspección de carga y descarga de productos en diferentes tipos de transporte, como buques, camiones, tolvas, contenedores, almacenes y bodegas en el interior de ese recinto portuario sinaloense.
De acuerdo con una investigación de la Marina filtrada a la prensa en 2010, el mismo año en que se autorizó dicha concesión, Topolobampo es uno de los puertos de operación del cártel de Sinaloa.
Esta investigación determinó que la red de vínculos del cártel con las capitanías del puerto era a través de tripulantes de buques, empleados de confianza, veladores y empresas de México, Panamá, Estados Unidos y Honduras.
Zhenli Ye Gon y los hermanos López Rodríguez
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