DERECHOS HUMANOS
Envía misiva a Congreso de la Unión
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- En una carta abierta dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, el diputado Francisco Arroyo Vieyra, esta organización de carácter internacional pidió a las y los legisladores considerar las sentencias de la CoIDH en los casos de las dos indígenas que en su momento no pudieron ampararse e impugnar la jurisdicción militar.
Cejil envió esta comunicación a propósito de la discusión del proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley de Amparo.
De acuerdo con esta organización, en los casos de Inés y Valentina –y en el caso de tortura ejercida por militares contra los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel– la CoIDH determinó que las víctimas no tuvieron acceso a un recurso judicial efectivo para pedir que los tribunales militares no investigaran sus denuncias.
Las sentencias reafirman que, de acuerdo con el artículo 25 de la Convención Americana, las personas tienen derecho a acceder a un recurso judicial para impugnar la competencia de aquellos órganos que investiguen o juzguen actos cometidos por elementos de las fuerzas armadas en contra de civiles.
Cejil, que litigó los tres casos ante el sistema interamericano de DH, explicó a las y los diputados que el máximo tribunal de América ordenó Estado mexicano “adoptar las reformas pertinentes para permitir que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de tal competencia”.
Es decir, el tribunal interamericano determinó que en México el amparo no garantiza que las víctimas u ofendidos puedan impugnar la competencia del órgano que investiga o juzga el delito, lo que violenta los preceptos establecidos en tratados internacionales, por lo que México está obligado a modificar el marco legal correspondiente.
En la misiva Cejil hizo un llamado al Congreso de la Unión a utilizar este momento histórico de discusión de una nueva Ley de Amparo para honrar los compromisos internacionales del Estado mexicano y dar puntual cumplimiento a lo dispuesto por la CoIDH en las sentencias citadas y así evitar situaciones similares en el futuro.
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