Alejandro Encinas Rodríguez
Tan solo en las últimas semanas, se han hecho públicas denuncias por escándalos de montajes televisivos, conflictos de intereses en la institución encargada de salvaguardar la transparencia y el acceso a la información: la triangulación de recursos por parte del PRI para la distribución de tarjetas Monex, los sesgados criterios de interpretación del IFE que, por un lado, pretenden multar al Movimiento Progresista y, por otro, exoneran al PRI del derroche y la descarada compra de voto en las pasadas elecciones, a lo que se suma un hecho hasta ahora silenciado: la asignación de 34 millones de pesos que cada uno de los 500 diputados federales se hicieron a sí mismos (cerca de 17 mil millones) en la negociación del Presupuesto Federal 2013 para realizar distintas obras y proyectos.
Esta medida reproduce una de las prácticas más nocivas aplicadas en el Estado de México, donde los diputados locales participan del Programa de Apoyo Comunitario, a través del cual reciben hasta diez millones de pesos anuales para la compra de materiales y realizar obras, por lo general la casa del diputado. Estas acciones desvirtúan al Poder Legislativo y se han convertido en un instrumento de subordinación de los diputados y en fuente de corrupción, ya que a los alcaldes de los municipios donde se canalizan los recursos se les pide el módico 10% de comisión o se les obliga a contratar las obras con las empresas propuestas por los legisladores.
No es de extrañar que México ocupe el lugar 105 de 176 y una calificación de 3.4 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 de Transparencia Internacional; lo que extraña es que no se adopten las medidas que transformen el sistema de persecución de la corrupción que, pese a los millonarios recursos asignados, permite la impunidad. En las últimas tres décadas solo se han registrado tres procesos penales contra funcionarios públicos, el último de las cuales se encuentra en libertad bajo caución, con yate y Ferrari.
En estos momentos se debate una reforma constitucional sobre corrupción que busca crear un nuevo órgano con autonomía constitucional para combatirla. El enfoque de las propuestas presentadas responde a los síntomas, no a las causas, y reduce la definición de los actos de corrupción a un problema económico. La corrupción, pese a ser un concepto difuso, se ha definido como un fenómeno social, político y económico que perjudica a las instituciones democráticas, inhibe el desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad política. Incluye la apropiación indebida o desvío de recursos por funcionarios, soborno, extorsión, fraude, tráfico de influencias y violación a los derechos humanos.
La corrupción es el principal problema del país. Atraviesa la vida pública y privada de la sociedad e incide profundamente en el descrédito y la falta de legitimidad de las instituciones frente a los ciudadanos. El patrimonialismo, los negocios desde el poder público, las componendas y complicidades, cuestionan el significado real del servicio público y son un freno a la democracia.
Este fenómeno no se resolverá solo con la creación de instituciones autónomas que, como recientemente hemos visto, en poco tiempo reproducen las mismas prácticas y terminan por anquilosarse y pervertir la función para la que fueron creados. Deben implementarse, adicionalmente, medidas de control preventivas y sanciones firmes, que eliminen la impunidad y construyan una nueva cultura política contra la corrupción como forma de gobierno y haga del ciudadano, el sujeto fundamental de la fiscalización de los servidores públicos.
Senador de la República
No hay comentarios.:
Publicar un comentario