Gastos de campaña

 José Antonio Crespo

En buena hora que la mayoría de los consejeros decidió regresar el dictamen sobre los gastos de campaña presidencial a la Unidad de Fiscalización del propio Instituto. Fueron los mismos cuatro consejeros que propusieron una multa al PRI por el caso Monex, pero ahora contaron además con el voto de la consejera Macarita Elizondo. Tres votos en contra fueron los dos consejeros identificados con el PRI —como no podía ser de otra manera— al que se sumó el del consejero presidente. Por su parte, Sergio García Ramírez se excusó de participar y votar en este asunto, pues no quedaba clara su situación, dado que ha anunciado su renuncia al Consejo General y al parecer la Cámara de Diputados la había ya aceptado. Los consejeros que rechazaron el proyecto adujeron falta de precisión en algunos rubros y la necesidad de hacer algunos ajustes (que quizá no serán muchos ni dramáticos). Los partidos de izquierda, lo mismo que el PAN, señalaron varias deficiencias pero también criterios inequitativos de aplicación a las cuentas de los diversos partidos, como son los siguientes:

A) Los criterios para asignar los recursos a la campaña presidencial, prorrateados con las otras dos (legisladores y senadores) variaron en algunos puntos; por ejemplo, a las gorras regaladas por la coalición de izquierda, la Unidad de Fiscalización no quiso adjudicarlas a las campañas de legisladores, y las sumó todas a la presidencial, con un costo unitario de 16 pesos. En cambio, las gorras utilizadas por el PRI para mismos fines fueron prorrateadas y a la campaña presidencial se le asignó sólo 16 centavos por unidad.

B) El PRI contrató al grupo Recodo para animar sus cierres de campaña. A ese contrato se le adjudicó un costo de aproximadamente 350 mil pesos. Pero el PAN tiene información de cuánto cobraría ese grupo por un evento semejante, y la cotización fue de un millón 500 mil pesos, es decir, el cuádruple. El senador Javier Corral acusó que una cosa es que el partido quiera cuidar la imagen de su candidato, hoy presidente, y otra muy distinta es que la Unidad de Fiscalización acepte hacer lo mismo, validando cifras tan increíbles como esa.

C) En el proyecto sobre el caso Monex, la Unidad de Fiscalización aceptó la versión de que el PRI no tuvo trato directo con las empresas Tiguan y Koleos —ni conocía—, implicadas en esa triangulación, por lo que se dio por estrictamente legal la operación. Sin embargo, en el dictamen aparecen las relaciones directas entre esas empresas y el PRI (aunque no para lo de Monex). Por lo cual se solicitó reabrir la investigación al respecto.

D) De los casi 50 millones de pesos del caso Monex, le fueron adjudicados a la campaña presidencial del PRI sólo 4 millones. Se supone que eso es atribución del partido político a partir del artículo 177 del reglamento de fiscalización. Pero para ello es necesario mostrar facturas y comprobantes, lo que no ocurrió en el caso Monex, pues no se pudo demostrar el destino de esos fondos (y de ahí que se propusiera una multa de 75 millones al partido, que no fue aceptada por una mayoría de consejeros). Entonces, no hay fundamento para adjudicar sólo el 8% de ese dinero a la campaña presidencial, sino que debiera distribuirse equitativamente entre las tres federales. En tal caso, el PRI sí rebasaría el tope de campaña.

Con todo, quizá las cosas no cambien dramáticamente, pues aunque los consejeros Benito Nacif y Alfredo Figueroa propusieron que todos los fondos sean prorrateados igualitariamente entre las tres campañas federales, la moción no fue respaldada por sus demás colegas. Y es que el artículo 177 del reglamento de fiscalización permite que al menos 50% de los recursos gastados sean prorrateados a discreción por cada partido. Y frecuentemente lo hacen de manera inverosímil y absurda (como el 1% para la presidencial del PRI esta vez, y otro tanto con el PAN en 2006). El punto del consejero Nacif es que el porcentaje para un prorrateo igualitario podría ser mayor (incluso el 100%) si así lo determinaran los consejeros. Pero fue desechada la propuesta, pues se consideró, probablemente con razón, que ello implicaba cambiar las reglas a mitad de juicio. Queda mal la Unidad de Fiscalización, y los consejeros que respaldaron su dictamen (y el de Monex), alimentando la tesis obradorista de que se actuó bajo consigna. Difícilmente el PAN y el PRD aceptarán contender nuevamente con el mismo titular de dicha Unidad. Pero, al menos en este caso, una mayoría de consejeros le salvó la cara al IFE.

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Investigador del CIDE