La Otra Ruta Migratoria
Brinda pautas para asesoría legal y servicios médicos
Por: Claudia Ocaranza Abascal
Cimacnoticias | México, DF.- Durante el simposio internacional “Feminización de las migraciones y Derechos Humanos”, realizado en la UNAM, la directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez, explicó que la intención del modelo de atención es que sea de utilidad para las migrantes en tránsito por nuestro país, así como una herramienta para los albergues que les brindan ayuda.
El modelo forma parte de una investigación –presentada en un libro de 85 páginas– que se realizó entre población migrante en la frontera con Guatemala, en su mayoría mujeres centroamericanas víctimas de violencia sexual.
El estudio se llevó a cabo por las organizaciones civiles Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social) y Sin Fronteras, dedicadas a la defensa de los derechos de las y los migrantes.
Genoveva Roldán, coordinadora del proyecto, dijo que de acuerdo con datos oficiales, seis de cada 10 mujeres migrantes son víctimas de violación sexual en su tránsito por México hacia EU.
Daniela Castro Alquicira y Abraham Ramírez Cabañas, investigadores de Incide Social, detallaron los pasos a seguir en el modelo de atención.
Explicaron que las mujeres agredidas sexualmente que piden atención en los albergues, deben ser canalizadas para ser tratadas en los aspectos psicológico, médico y jurídico.
La atención psicológica contempla una contención de crisis y de ser necesario se canaliza a la víctima a algún Centro de Salud, Hospital General, Clínica de Salud o al Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF).
Antes de las 72 horas del abuso sexual se deben brindar la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) y métodos profilácticos contra el VIH/Sida. Pasado ese lapso se procede a una prueba rápida para detectar infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH.
En caso de que la migrante resulte embarazada a consecuencia de la violación se le debe facilitar la opción de abortar, siempre y cuando la legislación estatal lo permita.
Si resulta positiva al VIH, la migrante podrá decidir si inicia el tratamiento antirretroviral, reanudar el tránsito (en este caso se le da una cartilla de salud con fines de monitoreo), o regresar a su país de origen a recibir tratamiento.
En la atención jurídica se contempla el asesoramiento con una red de abogados independientes o ante las oficinas regionales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Si la migrante decide denunciar se le canaliza y acompaña a la Fiscalía Especializada o al Ministerio Público. Si la migrante opta por no denunciar sólo se levanta un registro de la agresión sexual, para la construcción de una base de datos.
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