En
México, como bien se sabe, existen dos poderosas organizaciones de
maestros. Una es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE). Se trata de un sindicato blanco, patronal, charro, oficial o
corporativo, de afiliación forzosa, verticalista, antidemocrático y
cuya jefatura es decidida e impuesta por el gobierno. La otra es
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esta
es una agrupación de participación voluntaria, de carácter insurgente o
antioficialista, horizontalista y cuya dirigencia es elegida
democráticamente por sus propios miembros sin la mínima participación e
influencia gubernamental.
Pero ocurre que muchos maestros
pertenecientes a la CNTE, con toda seguridad decenas de miles, siguen
siendo miembros del SNTE. Militan en mayor o menor grado en la CNTE,
sin haberse desligado de manera formal del sindicato charro. Esto lo
saben tanto el SNTE como las autoridades educativas y políticas del
país, pero no pueden hacer nada para evitarlo, pues la participación en
la CNTE no es una cosa oficial o documentada y, además, tal
participación está protegida por la Constitución General de la
República que ampara el derecho de los ciudadanos a la libre
asociación.
Por otra parte, cualquier intento de los charros
o de las autoridades por sancionarlos o expulsarlos del sindicato
blanco implicaría el éxodo de los sancionados o expulsados al sindicato
democrático, con el consecuente fortalecimiento y radicalización de
éste y el obvio debilitamiento del sindicato blanco.
Más
allá, sin embargo, de la participación (doble o única) en cualquiera de
las dos organizaciones gremiales, la mal llamada reforma educativa
atenta contra los derechos, las conquistas y, sobre todo, el empleo de
la totalidad de los maestros.
Para enfrentar esta situación
de riesgo laboral, tanto la CNTE como el SNTE han armado una estrategia
de defensa. Defensa de los agremiados y, consecuentemente, de la propia
organización.
Como es público, la CNTE ha optado por el
rechazo abierto de la mal llamada reforma educativa mediante la
movilización social permanente, los plantones, las marchas y otras
formas de protesta.
El SNTE o, mejor dicho, su dirigencia,
luego del encarcelamiento de la principal dirigente, Elba Esther
Gordillo, que se opuso pública y desafiantemente a la tal reforma, ha
optado por simular que acepta la reforma mientras la combate, la
boicotea y la rechaza en los hechos.
Al secretario de
Educación Pública, Emilio Chuayffet, el SNTE le dice “sí pero no”.
Expresado en lenguaje popular, los dirigentes del SNTE le juegan el
dedo en la boca al secretario. Le toman el pelo, lo burlan, lo torean.
Esto es posible, entre otras razones, porque, como bien se sabe, los
servicios educativos están descentralizados y son manejados por los
gobernadores de las entidades federativas. Y ya ha logrado saberse que
los líderes del SNTE en los estados han suscrito con los gobernadores
acuerdos de aplicación de la reforma educativa que significan en los
hechos la plena anulación de ella.
Por todo lo anterior puede
afirmarse que la reforma educativa ha fracasado desde ya. Y que no se
observa ninguna posibilidad de que avance o se concrete en lo futuro.
¿Qué se imaginó el gobierno? ¿Que los corruptos líderes del SNTE iban a
colaborar con una reforma que, dirigida contra los maestros de a pie,
afectaría necesariamente el estado de cosas que les proporciona a esos
líderes enormes privilegios y riquezas?
Ahora esas
autoridades tienen que luchar, sin posibilidades de éxito, en dos
frentes: contra la abierta y decidida insurgencia de los maestros de la
CNTE y contra la simulación, la hipocresía y el sabotaje de los viejos
líderes del SNTE.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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