Segob culpa a estados por no acatar sentencias de CoIDH

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DERECHOS HUMANOS
   “Falta de coordinación” impide cabal cumplimiento, afirma

Senadora Angélica de la Peña, Mtra. Lía Limón e Ina Zoon al participar en la presentación del libro De los derechos a las reparaciones | CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez, enviada

Cimacnoticias | México, DF.- 

A fin de cumplir con las obligaciones derivadas de la justicia internacional y garantizar la reparación del daño a víctimas de violaciones a Derechos Humanos (DH), la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que elaborará un manual con criterios y estándares claros para implementar esas recomendaciones.

La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón, afirmó que México está cumpliendo con las obligaciones derivadas de la justicia interamericana, y que además está promoviendo las soluciones amistosas en los organismos internacionales, para evitar más sentencias condenatorias.

Al participar en la presentación del libro “De los derechos a las reparaciones. Estructuras y estrategias para la implementación de decisiones internacionales sobre Derechos Humanos”, la funcionaria dijo que se busca que ningún ciudadano tenga que acudir a un tribunal internacional a buscar protección.
                                               
El libro del investigador Cristian De Vos y editado por la organización Open Society Justice Intinative recopila algunas estrategias que puede seguir un Estado para cumplir con las recomendaciones internacionales, y evitar que violaciones graves se repitan.

Al respecto, la senadora del PRI Diva Hadamira Gastélum dijo que mientras México se resista aceptar las sentencias, resolverlas y darle una salida justa a las recomendaciones, difícilmente será calificado positivamente por organismos internacionales, como ocurrió en el reciente Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas.

De 2009 a 2013 el Estado mexicano recibió cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La primera ocurrió en noviembre de 2009 por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez en 2001, condena que se conoce como Campo Algodonero.

Los otros fallos se refieren a la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla en 1974, presuntamente a manos del Ejército; la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, a manos de militares en 2002, y el caso de los campesinos ecologistas Teodoro Cabreara y Rodolfo Montiel, detenidos de forma arbitraria y torturados por las fuerzas armadas en 1999.

Las organizaciones civiles que llevaron estos casos ante la justicia internacional han señalado que las sentencias no se han cumplido a cabalidad, y a decir de Juan Carlos Gutiérrez, titular de la Unidad para la Defensa de los DH de la Segob –presente también en el evento–, un tema que limita el cumplimiento es la falta de coordinación con las entidades federativas.

Explicó que es complicado garantizar que los estados asuman el compromiso de cumplir las recomendaciones internacionales, y por ello mencionó que el gobierno federal debe hacer un amplio trabajo de convencimiento, pues algunas entidades han dado pasos importantes, pero otras mantienen sesgos en estos temas.