VIOLENCIA
Pretende aumentar penas de prisión por feminicidio
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- Tras reiterados llamados (al gobierno local y federal) de organizaciones civiles nacionales e internacionales para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado de Morelos, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu lanzó una campaña de acción urgente en contra de la violencia de género, y para endurecer las penas por el delito de feminicidio.
Ayer el gobernador morelense envió al Congreso local un proyecto de reforma al artículo 213 del Código Penal estatal (que desde septiembre de 2011 define el tipo penal), para aumentar las penas mínimas a quienes cometan el delito de feminicidio, toda vez que propuso condenas de entre 40 y 70 años de prisión.
Cabe recordar que actualmente se establece que “comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer” y se establecen sanciones de entre 30 y 70 años de prisión.
La iniciativa de reforma que fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, sostiene que es necesario establecer sanciones ejemplares que limiten al agresor a cometer el delito.
Esta iniciativa se suma a la reciente publicación –en el periódico oficial Tierra y Libertad– del decreto para la implementación de medidas emergentes para erradicar la violencia contra las mujeres, a través de la campaña “Morelos es naranja, nada justifica la violencia”, basada en la difusión de información en la materia a través de todos los medios disponibles.
Cabe mencionar que las medidas emergentes fueron ordenadas por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en septiembre pasado, luego de que fuera solicitada la AVG por la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado de Morelos (CIDH).
El pasado 4 de septiembre la CIDH, luego de realizar movilizaciones en la entidad y de enviar cartas a instituciones federales solicitando la activación del mecanismo, presentó ante el Inmujeres un informe sobre 13 años de inacción del gobierno local para atender el feminicidio (que cobró la vida de al menos 530 mujeres entre 2000 y 2013), y a través de la cual pidió –nuevamente– la AVG.
Mientras se determinaba de manera oficial y jurídica aquella solicitud, el instituto envió al gobernador morelense el Programa Emergente para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Morelos, el cual debía ser implementado de “manera inmediata y urgente”.
Según el programa, “las experiencias dramáticas en todo el país muestran la ineficacia del sistema jurídico; así como de los aparatos policiales y de persecución para prevenir, investigar y sancionar adecuadamente las desapariciones, violaciones y asesinatos de mujeres”.
Por lo que propone, entre otras cosas, una mesa interinstitucional “de seguimiento y atención multidisciplinaria a los casos de feminicidio”, en la que participe activamente la Procuraduría General de Justicia estatal, así como la creación de una página web con la información personal de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas, y un banco de datos genéticos.
Las recomendaciones fueron acatadas en su totalidad por el mandatario local, quien también ordenó crear protocolos de investigación para los delitos de feminicidio con perspectiva de género.
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