Las leyes energéticas que el Pleno del Senado discutirá a partir de
este jueves incluyen puntos que han prendido las alarmas en
organizaciones civiles ambientalistas, como la posibilidad de que se
exploten hidrocarburos en zonas naturales delicadas y de que se emplee
la técnica del fracking o fractura hidráulica para obtener gas.
Uno de los principales focos rojos que
advierten las agrupaciones está en la propuesta de Ley de
Hidrocarburos, en la que se establece que las actividades de
exploración y explotación "tendrán
preferencia sobre cualquier otra que
implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los
terrenos", según uno de los cuatro dictámenes aprobados en comisiones
este martes.
Los otros tres dictámenes contienen las leyes de
Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y de los órganos reguladores del sector, entre otras. Con ellas,
se reglamentará la reforma constitucional en la materia —promulgada en
diciembre pasado—, con la que se abrió la industria energética mexicana
a la inversión privada nacional y extranjera.
Para Alberto Rojas,
vocero de Greenpeace México, la Ley de Hidrocarburos propuesta abriría
la puerta a que se exploten energéticos en Áreas Naturales Protegidas
(ANP), entre las que hay parques nacionales, santuarios y áreas de
protección de flora y fauna.
"Hay disposiciones que establecen
la preeminencia del sector sobre otras actividades y dentro de estas
otras actividades se incluye la conservación", dijo Rojas en entrevista
este miércoles.
"Entonces, hay un problema relacionado con las
Áreas Naturales Protegidas, porque las Áreas Naturales Protegidas
tienen una política distinta a la de las actividades productivas, y al
momento de ponderar, lo que va a tener que hacer (el gobierno federal)
es establecer una prioridad entre una y otra actividad, y lo más
probable es que priorice la actividad del sector", agregó.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) también advierte de esa posibilidad. En un documento titulado El juego sucio de la reforma energética: los 10 focos rojos —publicado
el 2 de julio pasado—, señala que la legislación impulsada por el PRI y
por el PAN "puede permitir el desarrollo de proyectos de hidrocarburos
sin una regulación adecuada".
Actualmente en México existen 176
ANP que abarcan más de 25 millones de hectáreas, lo que representa
12.93% del territorio nacional, según información de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dependiente de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
'La expropiación no se quita'
Los
grupos ambientalistas también advierten que las leyes secundarias de la
reforma energética abren la puerta a que las autoridades expropien
terrenos, ya sea de dueños individuales o comunales, como es el caso de
las tierras ejidales.
El concepto de "expropiación" estaba en el
proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos. Durante la discusión
en comisiones fue retirado del documento y se cambió por la figura de
"ocupación temporal", con el objeto de tranquilizar los temores de los
propietarios, según los legisladores que promovieron el cambio.
Para
Rojas, sin embargo, esta modificación sólo es una estrategia para
evitar la "publicidad negativa", puesto que las figuras que contempla
la legislación —como la servidumbre voluntaria, la ocupación
superficial o la propia ocupación temporal— en los hechos permitirán
que las autoridades expropien un terreno.
"La expropiación no se quita en realidad. (...) Están buscando la manera de darle la vuelta", dijo.
Además,
el activista consideró que si bien la ley establece que la Secretaría
de Energía (Sener) deberá realizar una "consulta previa, libre e
informada" en una comunidad antes de asignar un terreno para la
explotación de energéticos, no contempla mecanismos suficientes para
que los pobladores puedan oponerse a esa explotación.
El 'fracking', en la polémica
Otro foco rojo que señalan los activistas consiste en que la legislación permita el fracking o fractura hidráulica, una técnica que consiste en perforar el suelo e inyectar agua a presión para obtener gas.
En
un documento publicado el 14 de julio pasado, la organización Fundar,
Centro de Análisis e Investigación alertó que México busca aplicar una
práctica prohibida en países como Francia o Bulgaria por los riesgos
ambientales y humanos que implica.
"La fractura hidráulica
requiere de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo que son
mezclados con arena y químicos (muchos de ellos tóxicos), pone en
riesgo de contaminación las fuentes de agua de poblaciones cercanas y
la habitabilidad de sus viviendas, contamina el aire, tierras de
cultivo y pastura, y requiere una ocupación territorial intensiva",
señaló la agrupación.
En las cámaras del Congreso, legisladores de izquierda se han pronunciado en contra del fracking e
incluso han presentado iniciativas de ley para prohibir esta práctica.
La más reciente propuesta en la materia fue entregada este miércoles
por Ricardo Monreal, coordinador del partido Movimiento Ciudadano en la
Cámara de Diputados.
Por otra parte, las organizaciones
ambientalistas consideran que las leyes que se discutirán ignoran la
transición energética —es decir, el paso del uso de combustibles
fósiles a energías renovables—, lo que impide que el país tenga un
modelo de desarrollo sustentable.
En octubre de 2012, poco más
de un mes antes de asumir el poder, el presidente Enrique Peña Nieto
prometió que este tema sería una de las prioridades de su mandato
(2012-2018).
Para que las leyes a discusión entren en vigor,
necesitan ser aprobadas tanto por el Senado como por la Cámara de
Diputados, así como ser promulgadas por el Ejecutivo federal.
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