En el estado de Guanajuato, entre 2007 y 2012, al menos 21 mujeres fueron sentenciadas por el delito de aborto, y se estima que la mayoría eran pobres o de origen indígena; en el mismo lapso no se autorizó ninguna interrupción del embarazo por violación.
Pese a esa situación, el gobernador de la entidad, Miguel Márquez Márquez, sostuvo en días recientes que durante su mandato no se permitirá el aborto bajo ninguna circunstancia.
El Centro Las Libres, en voz de su directora, Verónica Cruz Sánchez, manifestó su preocupación de que las declaraciones del gobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN), además de alentar el avance de la derecha en el estado, generen un clima de mayor criminalización contra las mujeres que aborten.
La activista afirmó que violentando el Estado laico –garantizado en la Constitución mexicana–, Márquez cedió a las presiones de los grupos religiosos y de extrema derecha que le exigían pronunciarse en contra del aborto.
Y es que la semana pasada el mandatario estatal declaró al semanario católico Gaudium –editado por la Arquidiócesis de León– que en su “administración no verán el aborto legislado (…); por ningún motivo yo lo permitiría”.
Márquez –que se declaró en la misma publicación fiel seguidor de Juan Pablo II– sostuvo que el aborto es un “tema de moda”, y por ello “por ningún motivo debemos dejar que se instale el aborto aquí en Guanajuato… ¡por ningún motivo! Y eso lo defenderé siempre, y no tengo la menor duda”.
Ello ocurrió luego de que diversos grupos religiosos se manifestaron contra la iniciativa –que estaba próxima a dictaminarse en el Congreso local– de la diputada local por el PRD Guadalupe Torres Rea, para modificar el Código de Procedimientos Penales local y establecer la obligatoriedad de aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Tal NOM establece la obligación del personal de salud para proporcionar la anticoncepción de emergencia a mujeres víctimas de violencia sexual, además de profilaxis post-exposición para prevenir la infección por VIH, e informarles sobre las alternativas para la interrupción legal del embarazo.
Estos grupos, entre los que se encontraba “Sumando Vida”, y que impidieron el pasado 29 de junio la discusión del dictamen, también le exigieron al mandatario panista retractarse de la firma de un memorando de colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por considerar que la ONU promueve el aborto.
Ante ello, Cruz Sánchez, quien desde Las Libres ha logrado que mujeres acusadas y sentenciadas por el delito de homicidio en razón de parentesco (pero que en realidad tuvieron abortos espontáneos) alcanzaran su libertad, manifestó su preocupación ante la postura del gobernador.
Recordó que el acceso a un aborto seguro en caso de violación no es un asunto que deba basarse en “las creencias personales (de Márquez Márquez), pues es un asunto de los Derechos Humanos de las mujeres que se ven constantemente violentados”, por lo que el gobernador debería estar legislando para que ellas accedan a sus derechos, sostuvo.
Actualmente en el Código Penal local, el artículo 163 marca la disposición de que un aborto en caso de violación no es penalizado, pero de acuerdo con la activista, en la realidad no se aplica porque falta una reglamentación que establezca todo el proceso para practicar dicho aborto.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre 2007 y 2012 no se autorizó ninguna interrupción del embarazo por violación en el estado.
En Guanajuato, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tan sólo en 2010 se denunciaron mil 154 delitos sexuales ante el Ministerio Público (MP), a los que se suman las recientes denuncias de estudiantes de secundaria violadas por sus profesores.
Aunado a ello, más de 300 niñas de 15 años y más de 20 mil adolescentes menores de 19 años se embarazan cada año, aunque no se cuenta con cifras que aclaren si en los casos hubo violación.
Otra de las preocupaciones de Cruz Sánchez es que las declaraciones del mandatario sean un mensaje a las y los impartidores de justicia de que se puede continuar criminalizando a las mujeres que abortan, ya que entre 2007 y 2012 se dio cuenta de que 21 mujeres fueron sentenciadas por aborto, y a esa cifra hay que sumar el número de mujeres que han sido procesadas por homicidio en razón de parentesco, y sus sentencias pueden alcanzar hasta los 50 años de cárcel.
Finalmente la activista anunció que en breve diversas organizaciones locales saldrán en un frente común a revertir las declaraciones del mandatario y a exigir que se respete la laicidad.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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