ALEJANDRO ENCINAS
Pemex
y la CFE son empresas productivas del Estado "de propiedad exclusiva
del gobierno federal" así versan las leyes de Petróleos Mexicanos y de
la Comisión Federal de Electricidad, cuando el artículo 25
Constitucional señala que "El sector público tendrá a su cargo de
manera exclusiva las áreas estratégicas (…) manteniendo siempre el
gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y
empresas productivas del Estado".
"Manteniendo la propiedad" no erigiéndose en el propietario exclusivo de éstas.
El matiz parece menor pero entraña un cambio drástico en el papel del Estado en la salvaguarda de los bienes de la nación. Se trata de una de las mayores regresiones contenidas en las leyes secundarias en materia energética que hoy se debaten, con lo que se pretende eliminar la rectoría económica del Estado y subordinar el interés público a la predominancia del mercado, convirtiendo a estas empresas en propiedad del presidente de la República, ya que el gobierno federal se concentra en el mandato unipersonal del titular del Ejecutivo.
El artículo 27 señala que la propiedad de tierras y aguas comprendidas en los límites del territorio corresponde originariamente a la nación y tratándose del petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible.
La nación debe entenderse como la conjunción de territorio, población, leyes, culturas e identidad, que se rigen bajo un gobierno al que se le encomienda llevar a cabo las funciones del Estado a través de distintas instituciones y por gobernantes que ejercen su cargo temporalmente.
El Estado es el conjunto de instituciones que poseen la potestad para establecer las normas que regulan una sociedad de manera soberana sobre su territorio. Es la forma jurídica que adopta el ejercicio del poder.
Para Cicerón, el Estado es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la autoridad para un bienestar común, mientras que para Marx, no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino del interés parcial y no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder.
Aunque la definición que más se apega a lo propuesto por Enrique Peña Nieto en estas leyes es la del monarca francés Luis XIV que en 1655 declaró: "el Estado soy yo". Peña Nieto asume al Estado bajo la visión patrimonialista característica del priismo: El Estado soy yo; el gobierno soy yo; el dueño de las empresas del Estado soy yo; quien dispone de Pemex, de CFE y de la renta petrolera soy yo; quien asigna contratos para exploración y extracción sin licitación soy yo; quien despoja, expropia o declara la servidumbre de hidrocarburos por encima de la propiedad y patrimonio de los mexicanos y sus comunidades soy yo; quien privatiza y entrega bienes nacionales soy yo.
De acuerdo con Maquiavelo, uno de los modos de conservar un Estado que estaba acostumbrado a regirse por sus propias leyes y a vivir en libertad es destruirlo: "El único medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es destruirla".
Estas leyes destruyen a la nación y al Estado mexicano. Declara la actividad de hidrocarburos de utilidad pública y preferente por encima de cualquier otra actividad; subordina el interés público al privado; aniquila la garantía constitucional sobre la propiedad social, pública y privada, legalizando el despojo del patrimonio familiar de los mexicanos en beneficio de negocios privados, al tiempo que mantiene la intervención del Gobierno federal en Pemex y CFE, que lejos de organizar sus actividades bajo criterios estratégicos, técnicos, financieros y ambientales para garantizar la seguridad energética del país, alienta su desmantelamiento.
debate@debate.com.mx
El matiz parece menor pero entraña un cambio drástico en el papel del Estado en la salvaguarda de los bienes de la nación. Se trata de una de las mayores regresiones contenidas en las leyes secundarias en materia energética que hoy se debaten, con lo que se pretende eliminar la rectoría económica del Estado y subordinar el interés público a la predominancia del mercado, convirtiendo a estas empresas en propiedad del presidente de la República, ya que el gobierno federal se concentra en el mandato unipersonal del titular del Ejecutivo.
El artículo 27 señala que la propiedad de tierras y aguas comprendidas en los límites del territorio corresponde originariamente a la nación y tratándose del petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible.
La nación debe entenderse como la conjunción de territorio, población, leyes, culturas e identidad, que se rigen bajo un gobierno al que se le encomienda llevar a cabo las funciones del Estado a través de distintas instituciones y por gobernantes que ejercen su cargo temporalmente.
El Estado es el conjunto de instituciones que poseen la potestad para establecer las normas que regulan una sociedad de manera soberana sobre su territorio. Es la forma jurídica que adopta el ejercicio del poder.
Para Cicerón, el Estado es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la autoridad para un bienestar común, mientras que para Marx, no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino del interés parcial y no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder.
Aunque la definición que más se apega a lo propuesto por Enrique Peña Nieto en estas leyes es la del monarca francés Luis XIV que en 1655 declaró: "el Estado soy yo". Peña Nieto asume al Estado bajo la visión patrimonialista característica del priismo: El Estado soy yo; el gobierno soy yo; el dueño de las empresas del Estado soy yo; quien dispone de Pemex, de CFE y de la renta petrolera soy yo; quien asigna contratos para exploración y extracción sin licitación soy yo; quien despoja, expropia o declara la servidumbre de hidrocarburos por encima de la propiedad y patrimonio de los mexicanos y sus comunidades soy yo; quien privatiza y entrega bienes nacionales soy yo.
De acuerdo con Maquiavelo, uno de los modos de conservar un Estado que estaba acostumbrado a regirse por sus propias leyes y a vivir en libertad es destruirlo: "El único medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es destruirla".
Estas leyes destruyen a la nación y al Estado mexicano. Declara la actividad de hidrocarburos de utilidad pública y preferente por encima de cualquier otra actividad; subordina el interés público al privado; aniquila la garantía constitucional sobre la propiedad social, pública y privada, legalizando el despojo del patrimonio familiar de los mexicanos en beneficio de negocios privados, al tiempo que mantiene la intervención del Gobierno federal en Pemex y CFE, que lejos de organizar sus actividades bajo criterios estratégicos, técnicos, financieros y ambientales para garantizar la seguridad energética del país, alienta su desmantelamiento.
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