Gabriela Hernández
PUEBLA,
Pue. (apro).- Ante el clima de represión que priva en la entidad, y que
se agravó con la agresión policiaca que sufrieron habitantes de la
junta auxiliar de Chalchihuapan, el Movimiento por la Alternativa
Social (MAS) pidió al gobierno federal declarar la desaparición de
poderes en el estado.
El MAS aseguró en un comunicado que la entidad vive una total
ingobernabilidad luego de que el gobierno de Rafael Moreno Valle, con
el pretexto de la llamada ley bala, busca acallar las
protestas populares disparando balas de goma contra los manifestantes,
como ocurrió en San Bernardino Chalchihuapan, junta auxiliar de
Ocoyucan.
El miércoles 9, la policía estatal atacó con gases lacrimógenos y
balas de goma a habitantes de esa comunidad que tenían bloqueada la
autopista Puebla-Atlixco para exigir que las oficinas del Registro
Civil fueran restituidas a la comunidad.
Luego de la represión, los manifestantes respondieron con piedras y palos, lo que desató una verdadera batalla campal.
Alternativa Social señaló que este choque entre pobladores y
granaderos dejó como saldo una anciana desaparecida y más de cien
inconformes lesionados, entre ellos un niño y un joven que se debaten
entre la vida y la muerte; un sexagenario que podría perder el habla
porque una bala de goma le destrozó mandíbula, lengua y dientes, otro
que corre riesgo de perder un ojo y uno más su mano.
Por esta razón, “exigimos la urgente intervención de la Secretaría
de Gobernación federal y la desaparición de facto del Poder Ejecutivo
en el estado de Puebla, como recientemente ocurrió en Michoacán”,
expuso el MAS.
La organización popular señaló que sólo en los últimos tres meses el
gobierno de Moreno Valle ha metido a la cárcel a por lo menos 30
campesinos, mototaxistas, defensores de los derechos humanos y
población en general que se ha manifestado para exigir solución a sus
demandas.
“No queremos que asesinen a otro luchador social como Antonio
Esteban Cruz, del MIOCUP (Movimiento Independiente Obrero Campesino
Urbano y Popular), ni que encarcelen a más pobladores que sólo exigen
solución a sus problemas sociales y que en respuesta obtienen del
gobierno la ‘fabricación’ de delitos que los inculpa hasta con 30 años
de cárcel”, agregó.
Entre los activistas que han sido detenidos en los últimos meses
destacan Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham
Cordero Calderón, opositores a la construcción del Gasoducto Morelos;
12 mototaxistas de San Francisco Ocotlán, Xoxtla y Acatzingo, incluida
la exalcalde auxiliar de Zoquiapan, Casilda Dávalos Pajarito.
Igual, detalló que también el gobierno encarceló a seis vecinos de
Cacalotepec por protestar contra las deficiencias del sistema de
transporte Metrobús; seis pobladores detenidos en Tehuacán, y cuatro de
Chalchihuapan por protestar por el retiro del servicio del Registro
Civil de sus pueblos.
Aparte, el MAS advirtió que tiene conocimiento de que igual existen
ocho órdenes de aprehensión contra vecinos del municipio de Tochtepec,
quienes el jueves 10 marcharon en su localidad para solicitar al
gobierno que se cancele la construcción de una cancha de futbol rápido
en pleno zócalo que data del siglo XVII.
“Pero se habla que en la entidad existen por lo menos 100 órdenes de
aprehensión en contra de gente que sólo quiere solución a sus
demandas”, precisó el MAS, que agrupa a organizaciones civiles y
sindicatos independientes de la entidad.
Ante este panorama, el MAS pidió la intervención del gobierno
federal para que se declare la desaparición de poderes en la entidad y
se eviten más muertes; de igual forma pide que Amnistía Internacional
(AI) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) den cuenta de la
violación a los derechos humanos contra los pobladores, así como la
liberación de los presos políticos en el estado.
Por otra parte, abogados de los habitantes de Chalchihuapan
detenidos señalaron que existen al menos 10 órdenes de aprehensión más
en contra de otros vecinos de esa comunidad, incluyendo al presidente
auxiliar Javier Montes Bautista.
Los lugareños detenidos fueron identificados como Félix Montes
Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tacalero, Santiago Pérez Tamayo y
Antonio Víctor Montes Contreras.
A ellos se les procesa por ataques a las vías de comunicación y a la
seguridad en los medios de transporte, lesiones, daño en propiedad
ajena doloso, motín, privación ilegal de la libertad, homicidio en
grado de tentativa y robo, por los que podrían alcanzar hasta 50 años
de cárcel.
De acuerdo con información publicada en el periódico Cambio,
adjudicada a fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los
policías estatales dispararon carabinas AM-600 calibre 37/38 mm, y DEF
TEC 1315 calibre 37 mm, en las que utilizaron cartuchos de gas con
puntas de goma directamente en contra de los pobladores y no al suelo o
una distancia mayor de 30 metros, como lo marcan los protocolos.
“A decir de la fuente interna de la dependencia, las lesiones que
han sido exhibidas en diversas fotografías y videos en las redes
sociales, y las que los propios pobladores mostraron el viernes pasado
ante los medios, son prueba irrefutable de que los disparos se hicieron
a quemarropa contra los manifestantes”, precisa ese medio.
Incluso, algunos de los pobladores han mencionado que el día del
desalojo, fueron atacados desde un helicóptero que participó en el
operativo.
Los pobladores lograron reunir al menos cuatro costales repletos de
artefactos y restos de materiales que usaron los policías para
reprimirlos, aunque la mayor parte de los objetos fueron levantados por
los mismos policías que limpiaron la zona apenas acabó el
enfrentamiento.
Temen por vida de niño
De acuerdo con el reporte de médicos del Hospital General del Sur,
la salud de José Luis Alberto Tlautle Tamayo, de 13 años, empeoró en
las últimas horas.
Junto con su madre Elia Tamayo, el menor pasó por la zona donde se
enfrentaron policías y manifestantes cuando regresaba de la escuela
secundaria.
El niño fue alcanzado por un objeto que hasta ahora no se ha
precisado, pero que de acuerdo con los pobladores eran balas de goma u
otro tipo de artefactos que los policías lanzaron a los inconformes
para desalojarlos.
El reporte de los médicos señala que el menor perdió al menos 7
centímetros cúbicos de masa cerebral, por lo que si logra sobrevivir,
la herida le dejaría secuelas de por vida.
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