Políticas públicas no están pensadas en sus necesidades
Las
políticas en salud, educación y trabajo para la población femenina
entre 15 y 29 años son insuficientes contra el desempleo, la deserción
escolar y los embarazos tempranos.
Con motivo del Día Mundial de la Población –conmemorado este viernes 11 de julio y dedicado este año a la inversión en la juventud–, especialistas evidencian la inexistencia de políticas públicas para atender el desempleo, la deserción escolar y los embarazos tempranos que enfrentan las jóvenes.
En el país habitan 15 millones 167 mil 260 mujeres de entre 15 y 29 años de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De ellas, 3 millones no estudian ni trabajan; 12 mil menores de 20 años presentan embarazos, al menos una de cada dos padece pobreza, y alrededor 34.5 por ciento de la población de 0 a 17 años de edad no es derechohabiente de algún sistema de salud.
A lo anterior se suma que las jóvenes padecen con mayor agudeza que sus pares varones el desempleo y la pobreza, ya que para mayo de este año la tasa de desocupación femenina pasó de 4.93 a 5.17, mientras que la masculina disminuyó de 4.93 a 4.7 en el mismo periodo, y la población indigente joven se conformó por 47 por ciento de mujeres en comparación con 42.9 por ciento de varones.
Las cifras denotan la urgencia de atender la salud de las jóvenes, incrementar la infraestructura para garantizar su educación después del bachillerato, y ampliar el mercado laboral en condiciones dignas, todo desde un enfoque de género para disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres.
Sin embargo, tales acciones –junto con las políticas públicas que deberían impulsarlas– son inexistentes; los recursos que se invierten no tienen efectos ni mecanismos para evaluarlos, y no hay un enfoque transversal y articulado que reconozca los derechos de la juventud en todos los ámbitos de desarrollo, coincidieron académicas y activistas.
SIN LEY NO HAY DESARROLLO
A pesar de la insistencia de grupos civiles por los derechos de la juventud y de las mujeres, México no cuenta con una Ley General de Juventud que reconozca las demandas específicas de esta población, y visibilice sus aportes para el desarrollo.
Tampoco hay una política federal integral y transversal en el tema que obligue a todas las instituciones a diseñar programas que contribuyan a disminuir los obstáculos, para que las jóvenes sean atendidas en todos los aspectos que requieran.
En cambio hay una gran demora de México, desde 2005, para suscribirse a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, en la que se establece el compromiso de los Estados para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos (DH) de esta población.
Por otro lado, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), según denuncian activistas de la agrupación Ágora Feminista, no destina fondos suficientes para el desarrollo de proyectos propuestos por la sociedad civil, pese a que la participación política y social es el único rubro donde las jóvenes destacan por encima de los varones, con 33.4 por ciento en comparación con 27.6 por ciento de los hombres.
Asimismo, el propio Injuve ha reconocido que carece de presupuesto, atribuciones y medios de intervención política para fortalecer a las y los jóvenes.
Organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Population Action International (PAI) han manifestado su preocupación de que en México no exista una política gubernamental que aborde la salud sexual y reproductiva de la juventud, ya que los programas destinados a la salud reproductiva y planificación familiar están dirigidos a mujeres casadas o madres, pero no así a adolescentes y jóvenes que planean iniciar su vida sexual.
Además tales servicios son insuficientes en las comunidades rurales, indígenas o marginadas.
Las economistas Rebeca e Hilda Salazar, integrantes de la organización Mujer y Medio Ambiente, señalan que no hay políticas laborales y económicas que promuevan el empleo juvenil, y que difundan información sobre derechos laborales individuales y colectivos que detengan la explotación o el trabajo en condiciones no dignas en las que muchas jóvenes laboran.
Nayeli Yoval, coordinadora de la agrupación Elige, enfatiza la necesidad de que todas las instituciones encargadas de dar atención a la juventud en México articulen políticas públicas específicas para resolver las problemáticas que la aquejan, y diseñar estrategias en común con enfoque de género.
También, indica la activista, es de suma importancia que el tema de la juventud sea transversal en todos los ámbitos de desarrollo social, empezando por los derechos sexuales y reproductivos, la educación y el trabajo.
Advierte la necesidad de desarrollar un mecanismo de fiscalización ciudadana que vigile la distribución de los recursos públicos y la rendición de cuentas; así como generar un sistema de evaluación y monitoreo de políticas públicas dirigido a las juventudes, para que se conozcan los efectos de las mismas y se impulsen estrategias más adecuadas.
La violencia y la discriminación por género, etnia, preferencia sexual y edad son otros fenómenos que vulneran los derechos de las jóvenes, por lo que las organizaciones civiles han insistido en la importancia de homologar las normas locales con la Ley General para Prevenir la Discriminación, y hacer énfasis en las vulnerabilidades de las y los jóvenes.
Alfredo Nateras Domínguez, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, explica que los cuerpos policiacos, funcionarios de gobierno y el personal de contratación en las empresas son quienes más criminalizan y rechazan a la juventud por su aspecto o por su supuesta “inexperiencia”, por lo que son necesarias acciones que sensibilicen y responsabilicen a la sociedad sobre los DH de la juventud en este aspecto.
Alerta que mientras los índices de desempleo y rechazo escolar no disminuyan, las y los jóvenes estarán a merced de los grupos delictivos, a diversas formas de explotación o incluso a emigrar.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 
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