Los
57 mil menores mexicanos y centroamericanos sin acompañantes que han
sido detenidos cruzando la frontera con Estados Unidos desde octubre de
2013 son refugiados de una guerra económica, política y social
impulsada desde Washington. La alineación de Enrique Peña Nieto con
Barack Obama sobre el tema constituye un vergonzoso rompimiento
histórico con la larga tradición de independencia política y
solidaridad latinoamericana que había caracterizado a la diplomacia
mexicana a lo largo del siglo XX. En lugar de servir como perro
guardián del imperio, México tendría que priorizar los derechos humanos
de sus hermanos y hermanas latinoamericanos.
Obama ha traicionado la
confianza de los latinoamericanos residentes en el país del norte.
Durante las campañas presidenciales de 2008 y 2012, prometió
regularizar a millones de inmigrantes y arreglar el sistema migratorio
disfuncional. En respuesta, recibió el contundente apoyo de los
votantes latinos. El 67% lo respaldó en 2008, y el 71% en 2012.
Pero la ingratitud de Obama parece no tener límites.
Rápidamente se convirtió en el presidente estadunidense que ha
deportado a la mayor cantidad de migrantes en la historia, en el
“Deportador-en-jefe” de acuerdo con activistas, con más de 2 millones
de expulsiones durante el tiempo que lleva en la Casa Blanca. Asimismo,
ha endurecido la vigilancia en la frontera sur y fracasado
olímpicamente en aprobar reformas que podrían reunir a familias de
migrantes, además de permitir a jóvenes estudiar y trabajar en Estados
Unidos aunque hubieran ingresado “ilegalmente” al país cuando eran
niños.
La posición retrógrada de Obama con respecto al éxodo de
los niños sin acompañantes constituye la última gota que derrama el
proverbial vaso. Los menores detenidos merecen la oportunidad de
reunirse con sus familiares, quienes con su arduo trabajo sostienen la
economía estadunidense. Si Obama hubiera cumplido su promesa de
regularizar a esta importante fuerza laboral, la mayor parte de estos
niños podrían ingresar legalmente sin problema alguno a petición de sus
parientes.
Los trabajadores migrantes tienen el mismo derecho a
cuidar a sus hijos y a educarlos en escuelas públicas que cualquier
otro empleado. Obama y su gobierno están sufriendo las consecuencias de
su propia hipocresía.
La solución entonces va mucho más allá de declarar a
algunos niños “refugiados” de la “guerra” que libran grupos criminales
de América Central. Existe la urgente necesidad de poner un alto a la
injusta extracción de la fuerza de trabajo de los latinoamericanos
residentes en Estados Unidos sin que el gobierno o los empleadores se
responsabilicen por el bienestar personal y el de las familias de sus
empleados.
Pero en lugar de exigir la implementación de una reforma
migratoria integral en Estados Unidos, al igual que respeto a los
derechos humanos de los mexicanos y latinoamericanos residentes allá,
el gobierno de Peña Nieto ha asumido plenamente el enfoque de
Washington que visualiza el problema como una “crisis” que se
resolvería con medidas más drásticas de “protección” fronteriza y de
inhibición de los flujos migratorios.
El Instituto Nacional de Migración ha informado que
durante los primeros meses de la presente administración, desde enero
de 2013 hasta junio de 2014, el gobierno de México expulsó a casi 15
mil menores. Asimismo, Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y José
Antonio Meade han trabajado cercanamente con el gobierno estadunidense
desde un “enfoque regional” para reforzar la frontera sur de México y
detener a migrantes centroamericanos dentro del territorio mexicano con
el fin de facilitarle el trabajo a la guardia fronteriza del vecino del
norte.
El régimen autoritario no se conforma con entregar el
petróleo mexicano a las empresas trasnacionales y hacer el trabajo
sucio a Washington en su “guerra” contra las drogas. También funge como
un perro guardián que defiende las fronteras estadunidenses de los
“indeseables” centroamericanos. La “integración” norteamericana que
promueven Obama y Peña Nieto es en realidad una subordinación
continental donde, por un lado, los trabajadores y los niños de América
Latina tendrán que pagar todos los costos y, por otro, donde las
empresas trasnacionales, en alianza con las respectivas oligarquías
nacionales, cosecharán todos los beneficios.
Esta situación constituye una clara llamada de atención a
las fuerzas sociales en el sentido de que ya no son suficientes las
estrategias de resistencia enfocadas en un solo país. Los promotores de
la soberanía nacional y popular en materia energética en México
tendrían que unir sus luchas con las demandas de los migrantes
latinoamericanos en Estados Unidos. Del mismo modo, los defensores de
los migrantes en EU harían bien en abrir sus ojos a la importancia de
respaldar a los movimientos sociales de la oposición democrática en
México.
Las luchas en ambos lados de la frontera comparten una
sola agenda a favor del poder y la economía populares, y en contra del
saqueo, la censura y el despojo. Frente al abandono de los intereses
ciudadanos de parte de los gobiernos estadunidense y mexicano, la única
solución se encuentra en la unión entre los pueblos norteamericanos,
centroamericanos y latinoamericanos.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
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