Política desarticulada con visión de seguridad nacional: GTPM
Cimacnoticias
El
Programa Frontera Sur, lanzado por Enrique Peña Nieto como respuesta al
incremento de niñas y niños que llegan a México sin documentación legal
y a veces sin compañía, es una política migratoria desarticulada que
antepone la seguridad nacional por encima de los Derechos Humanos (DH),
dijo el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), conformado
por organizaciones civiles.
El GTPM, integrado por el Instituto para las Mujeres en la Migración
(Imumi), Sin Fronteras y otros grupos, emitió hoy un comunicado para
denunciar que el Programa Frontera Sur, lanzado el pasado 8 de julio,
ignora las problemáticas estructurales que enfrenta la población
migrante en sus DH y acceso a la justicia, y no está articulado con los
instrumentos gubernamentales creados en la materia.
Las organizaciones civiles argumentaron que lo que fue llamado “una
muestra de buena voluntad política” frente al tema migratorio, se
concentra sólo en la administración y control de flujos migratorios en
la frontera sur desde un enfoque de seguridad nacional, pero ignora los
problemas estructurales que motivan la migración y los riesgos a los que
las personas migrantes se enfrentan en su tránsito por México.
Además, tampoco muestra acciones que corrijan las deficiencias y vicios
del actual modelo migratorio y de la autoridad a cargo, ni hace frente a
los obstáculos de integración laboral y social para quienes deciden
quedarse en México y quienes son deportados de Estados Unidos.
Criticaron que la naturaleza de las estrategias que plantea el Programa
se fundamente en la seguridad nacional y no en la seguridad humana, y
que se base en el Programa para la Seguridad Nacional cuando el discurso
oficial es la “protección de los Derechos Humanos”.
También acusaron que la condición de “estancia de visitante regional”,
enmarcada como una de las mayores aportaciones del Programa, existe
desde 1997 en los mismos términos de gratuidad y permiso de tres días
para que población guatemalteca y beliceña pueda estar sólo en los
estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas.
Y agregaron que esa visa no sólo no es nueva sino que tampoco otorga un
permiso especial para trabajar, por lo que no tiene un impacto positivo
en la población migrante de tránsito ni de destino y sólo genera falsas
expectativas.
Asimismo, cuestionaron la conformación de dos comisiones especiales: la
Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera
Sur y los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF).
Esto toda vez que buscan cumplir con la función de instancias de
migración que ya operan dentro de la Secretaría de Gobernación y con
base en la reforma estructural del Instituto Nacional de Migración, lo
que sólo demuestra la ineficacia del aparato gubernamental para atender
las demandas de la población migrante.
Y acusaron la omisión sobre cómo se garantizará el derecho al debido
proceso y el acceso a la justicia de la población migrante, y sobre la
generación de alternativas de detención especialmente de niñas, niños y
adolescentes migrantes.
En ese tenor, tampoco se detallaron acciones para fortalecer a los
Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia para atender a la
niñez no acompañada y brindarle condiciones para el goce de derechos
como educación, salud y trabajo en condiciones justas y equitativas.
Por ello afirmaron que el Programa Frontera Sur es una respuesta ante la
presión de EU para cerrar la frontera sur y se institucionaliza la
visión de la seguridad nacional, bajo la cual se justifica el despliegue
de efectivos militares, pese a que la actual política migratoria es una
de las principales causas de las agresiones y violaciones a DH contra
personas migrantes en México.
El GTPM insistió en la urgencia de desarrollar reformas estructurales a
los marcos normativos y de política migratoria que orienten acciones
hacia la libertad, igualdad y respeto de los DH de las personas
migrantes.
Además de que se restaure el INM y las facultades y competencias de cada autoridad respecto a las personas migrantes en el país.
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