Inmujeres, Conavim e IMG limitaron medidas contra violencia
Los
institutos Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Mujer
Guanajuatense (IMG), y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (Conavim), además de su poco interés
para indagar de manera adecuada el feminicidio en Guanajuato,
excluyeron –sin dar explicación– recomendaciones fundamentales contra
la violencia de género en la entidad.
Así lo confirmaron las investigadoras Cynthia Galicia Mendoza y Rosalba
Vázquez Valenzuela, académicas del Grupo de Trabajo que realizó la
investigación en Guanajuato y quienes calificaron el hecho como una
muestra más de que el gobierno federal se niega a admitir su
responsabilidad ante la violencia feminicida contra las mexicanas, y de
que negocia con los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
En conferencia de prensa hoy en el Museo de la Mujer en esta capital,
las académicas informaron que las conclusiones a las que llegaron
fueron sometidas a una votación en la que las representantes de las
instancias federales dejaron fuera medidas fundamentales.
Desde el pasado viernes 11 de julio, Cimacnoticias adelantó que ambas
investigadoras, junto con la también académica Yessica Ivet Cienfuegos
Martínez, publicaron en el informe final sobre el feminicidio en
Guanajuato –con 13 recomendaciones al gobierno del estado– un anexo en
el que solicitan a la autoridad local tome en cuenta, “por su
relevancia”, las tres conclusiones excluidas en la votación.
Sin explicación alguna de las representantes federales, las tres
recomendaciones ignoradas son: investigar de manera inmediata,
exhaustiva, seria e imparcial los actos presuntamente constitutivos de
violencia contra las mujeres; crear un mecanismo adecuado para el
otorgamiento de las medidas de protección y que se les dé seguimiento,
y que las instituciones de salud avisen al Ministerio Público de los
hechos constitutivos de violencia contra las mujeres.
Lo
anterior –acusaron las académicas en la rueda de prensa– en un proceso
en el que la representante del IMG, la encargada de Asuntos Jurídicos
Alma Fabiola Flores Castillo, fungió como vocera del gobierno local y
no de las mujeres, pues durante la investigación y la votación recalcó
que “en la entidad no había necesidad de una Alerta de Violencia de
Género (AVG)”.
En ese sentido, lamentaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) se abstuviera de votar las recomendaciones, argumentando que era
un agente autónomo y que no podía entrometerse “sin considerar que su
principal papel es proteger los DH y que su voto podía ser
determinante”.
Fue así que el pasado 10 de julio se hicieron públicas sólo 13
recomendaciones básicas que el gobierno de Guanajuato debe cumplir a
más tardar en seis meses, según estipula el Reglamento de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLM).
AVG DEBE SER EFECTIVA, DEMANDAN
En tanto, ante tales irregularidades denunciadas por las investigadoras
y de cara a las indagaciones que ya se realizan en Morelos, Chiapas y
Estado de México, académicas, feministas y grupos civiles hicieron un
frente común para exigir al gobierno federal que la AVG –mecanismo de
emergencia para atender la violencia feminicida en un territorio
determinado– sea “transparente y efectiva”.
Dirigentes de organizaciones civiles que han presentado solicitudes de
AVG en diferentes momentos anunciaron que se mantendrán al tanto de los
procedimientos que se emprendan, pues lo sucedido en Guanajuato
evidencia que las reformas al Reglamento de la LGAMVLV no se tradujeron
en la accesibilidad del mecanismo.
Enérgicamente, Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres
–agrupación que solicitó la AVG en Guanajuato–, llamó al Inmujeres y a
la Conavim a dejar la discusión de si lo dicho por el gobierno local o
por la sociedad civil es lo cierto, ya que aunque las autoridades
estatales se nieguen a reconocerlo, a diario hay asesinatos de mujeres
o desapariciones que señalan “que algo grave está sucediendo y pasa en
gran medida porque no han logrado prevenir los delitos”.
Agregó
que la violencia feminicida es, en mayor medida, responsabilidad del
Estado y que por lo tanto Inmujeres y Conavim no pueden ser partícipes
directos de las investigaciones, ya que los estudios los “deben hacer
académicas expertas que cuenten con criterio ético”, y el papel del
gobierno federal es garantizar que cuenten con todo lo necesario para
llevar a cabo la indagación.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF), señaló que la unión entre la academia
y la sociedad civil se da luego de las reiteradas muestras de que el
gobierno federal bloquea la AVG, pues ahora “amparan las
irregularidades y falta de transparencia en los vacíos del reglamento,
que son vacíos que ellos mismos (las autoridades) crearon”.
Recordó que la violencia contra las mujeres es una grave violación de
los DH, y ese sólo hecho “los obliga a investigar el asesinato de una
sola mujer, incluso sin necesidad de que les pidamos las alertas”.
Lucía Núñez Rebolledo, maestra en Derecho Penal e integrante de la
Universidad Autónoma Metropolitana, leyó un posicionamiento público
signado, entre otras, por la Federación Mexicana de Universitarias
(Femu) y académicas como Gabriela Delgado Ballesteros, Irma Saucedo
González y Lucía Melgar Palacios.
En el pronunciamiento, entre otras demandas, señalaron a las
autoridades la necesidad de que las y los académicos que se seleccionen
para las investigaciones cumplan con el requisito mínimo de ser
expertos en violencia de género, pues “no se analiza cualquier
fenómeno, sino uno con características de género específicas”.
Cynthia Galicia Mendoza y Rosalba Vázquez Valenzuela, académicas del Grupo de Trabajo que realizó la investigación en Guanajuato | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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