Manu Ureste (@ManuVPC) / Gráficas Omar Bobadilla (@obobadilla
mayo 14 2016
Sinaloa,
Michoacán, Guerrero y Chihuahua, son las entidades que acumulan el
mayor número de municipio y comunidades expulsoras de personas como
consecuencia de la delincuencia en el país. Así lo apunta Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un informe.
En México, la violencia es la principal causa del desplazamiento forzado interno de miles de ciudadanos que abandonan sus hogares en busca de protección.
Así lo expone la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su primer Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno, en el que autoridades estatales y locales le reportaron que en la actualidad hay 35 mil 433 personas que son víctimas de desplazamiento forzado.
Tamaulipas
es la entidad con mayor número de víctimas, con 20 mil. O en otras
palabras, sólo la entidad tamaulipeca acumula el 60% del total de casos
reportados por las autoridades a la CNDH.
No
obstante, la comisión precisa que la cifra de 20 mil desplazados en
Tamaulipas, que abarca de 2001 a 2012, fue emitida por un funcionario
público municipal de Nuevo Laredo, sin que éste mostrara un registro a
los funcionarios de la Comisión, por lo que dicha cifra “está sujeta a corroboración”. No obstante, la CNDH considera que el dato de 20 mil desplazados sí “podría encontrar sustento” en numerosas notas informativas que dan cuenta de municipios fantasma en la entidad, como Ciudad Mier.
En
segundo lugar le sigue Guerrero, con 2 mil 165 casos reportados hasta
la fecha; Chihuahua, con 2 mil 008 casos; y en tercer lugar, Veracruz
con mil 131.
En
cuanto a las causas del desplazamiento interno, prácticamente el 100%
huyó por la violencia: 35 mil 344 víctimas. Sólo 89 se desplazaron por
desastres naturales.
Dentro del apartado violencia, la CNDH apunta que la delincuencia abarcó el 90% de las víctimas: 31 mil 898 casos. La extorsión, las amenazas, la destrucción de casa habitación,
asesinato y secuestro, fueron las principales manifestaciones de
violencia de las que señalaron haber sido víctimas personas desplazadas o
sus conocidos que se desplazaron.
“En el caso de la extorsión, se advirtió que se manifiesta principalmente a través del cobro de piso
o rentas, las cuales las hacían las personas sin importar el oficio que
tuvieran, grado académico o número de propiedades”, apunta el informe
de la CNDH.
El conflicto por tierras,
con 920 víctimas –el 2.6%-; el conflicto entre familias y el conflicto
religioso, con 130 y 128 víctimas respectivamente, son las otras causas
de desplazamiento forzado por violencia.
Al margen de las cifras reportadas por autoridades estatales y locales a la CNDH, la comisión subraya en su informe que también hizo una encuesta a mil personas en 65 municipios
del país, para conocer a través de un muestreo el estado actual del
desplazamiento forzado como consecuencia de la inseguridad y el crimen
organizado.
En el reporte, Sinaloa es la entidad en la que la Comisión identificó más comunidades expulsoras de personas por la violencia con 10 municipios, entre los que cita a Culiacán, Mazatlán, Badiguarato, Choix, y Angostura, entre otros.
Le sigue Michoacán con seis municipios, entre los que están Apatzingán y Tepalcatepec, los cuales aún enfrentan problemas derivados de enfrentamientos entre autodefensas y el crimen organizado.
El tercer lugar lo comparten Chihuahua y Guerrero
con cuatro municipios cada uno, entre los que están Praxedis Guerrero y
Ahumada (Chihuahua) y Chilapa de Álvarez y San Miguel Totolapan
(Guerrero).
En Tamaulipas, los dos municipios identificados como expulsores por la violencia son Ciudad Mier y Nuevo Laredo.
En
el estudio realizado por la CNDH también se documentan situaciones
paradógicas, como que municipios expulsores de personas por la
violencia, como Mazatlán y Choix en Sinaloa, o Nuevo Laredo en
Tamaulipas, también son receptores de víctimas que huyen de la inseguridad.
Por
otra parte, como resultado de su encuesta a mil personas, la CNDH
señaló que el 80.9% dijo tener miedo de ser víctima del crimen
organizado; el 72% que conoce a alguien que fue extorsionado; el 25% que
conoce a una persona desplazada; y el 22% que fueron víctimas en sus
propiedades, tierras o ganado; o que conoce casos de secuestro.
Sobre
las cifras que presenta el reporte, en el que también se dan cuenta de
numerosos testimonios de desplazamiento interno forzado, el ombudsman
nacional, Luis Raúl González, admitió que se trata solo de un “muestreo” para “llamar la atención” de las autoridades
ante la problemática que existe en el país. Ya que, subrayó durante la
presentación del informe, la cifra negra de desplazados en el país
podría ser mucho mayor.
Por ello, la CNDH adelantó que ya cuenta con una propuesta de Protocolo de Atención a las personas víctimas de Desaparición Forzada Interna, que presentará “en breve” a las autoridades.
Ante
la falta de datos y estadísticas oficiales precisas sobre este
problema, el ombudsman llamó a crear “un diagnóstico nacional y oficial”
sobre el desplazamiento forzado interno en México.
“La
realización de un levantamiento censal que contemple el desplazamiento
forzado interno y sus causas sería de gran relevancia”, afirmó Raúl
González.
Aquí puedes leer el informe completo: