Como muchos Derechos Humanos (DH) de las mujeres y niñas, ahora el
derecho a la no violencia se ha convertido en un botín político.
Hace días el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo:
“Pareciera que, para algunos, la violencia de género sólo les importa
cuando hay campaña electoral o cuando se esconde detrás de un fin
político”.
Esa realidad no es ajena a lo que pasa en otras entidades y es un
reflejo de la institucionalización del debate y la urgente necesidad de
abrirlo a más sectores. Erróneamente la declaratoria de Alerta de
Violencia de Género (AVG) es considerada por varios funcionarios como un
asunto negativo, lo cual tiene que ver con el desconocimiento del
problema, aunque ello no los exime de su responsabilidad.
En Guerrero sobresalen recientes declaraciones que muestran esta resistencia y rechazo a analizar y declarar la AVG:
“No es el mismo caso que Ciudad Juárez, aquí no se andan buscando a las mujeres para asesinarlas”.
Gobernador Héctor Astudillo
“Ayer sí mataron fundamentalmente a una señora de una forma muy cruel, pero es con motivo de las extorsiones, no es de género”.
Fiscal Xavier Olea
“No hay un problema de feminicidios en el estado, porque no es lo mismo un homicidio de mujer”.
Vicefiscal José Antonio Bonilla
“No (se necesita determinar) una Alerta de Género, sino una atención debida al tema de la violencia de la mujer”.
Alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez
“Es tener un punto menos a favor de Guerrero”.
Ex funcionaria Ruth Zavaleta
Estos mensajes sólo promueven los roles de género tradicionales y no
abonan en nada en reconocer el problema, ni a las mujeres como humanas y
sujetas de derechos.
Por ello, este debate tendría que ser motivo para que los gobiernos
estatales y municipales revisaran y evaluaran las políticas y programas
en materia de seguridad, pues es claro que la gran mayoría han
fracasado.
Seguir negándolo es engañarse y no tener la voluntad de cumplir con sus
obligaciones; reconocer éste y otros problemas mostraría un compromiso
real con la sociedad para la construcción de la paz y garantía de
derechos.
Si bien el gobierno actual no es responsable de la grave violencia que
se vive en la entidad, sí le compete impulsar medidas emergentes de
protección para prevenir, atender y erradicar la violencia, ya que no es
posible continuar con políticas de “gestión” y simulación.
Lo anterior representa un reto para las autoridades y la ciudadanía. A
partir del caso Ayotzinapa, Guerrero ha estado en la mira de diversos
organismos de DH, que han denunciado la criminalización de la protesta,
la desaparición forzada, la militarización, el desplazamiento forzado,
la trata de personas, el feminicidio, el encarcelamiento y asesinato de
defensoras y defensores de DH y líderes sociales.
Todo eso, un paraíso para la violación sistemática de los DH,
particularmente los de las niñas y mujeres en condiciones de
vulnerabilidad.
Asimismo diversas feministas, entre ellas Marcela Lagarde, han señalado
que donde hay mayor grado de violencia hacia las mujeres existe menor
desarrollo humano, y es ahí donde se ubican altos índices de pobreza
femenina, mortalidad materna, abortos inseguros, feminicidio, madres
solteras y jefas de familia, embarazo en adolescentes y exclusión
política.
Esas y otras formas de violencias generan inequidad y exclusión social y
no deben ser aceptadas ni minimizadas por ningún gobierno.
Otro aspecto que muchas veces queda de lado es el de la sanción a
servidores públicos que obstaculizan el acceso a la justicia; la
transparencia gubernamental; la rendición de cuentas y el control social
ciudadano.
De acuerdo con el Decreto número 170 del Presupuesto de Egresos 2016, la
Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero ejercerá poco más de mil
400 millones pesos. Las fuentes principales de ingreso para seguridad
son el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el
Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).
Por otro lado, algunos datos que muestran la urgencia de la AVG están en
el informe “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y
tendencias, 1985-2014”, que señala que en los últimos 30 años Guerrero
se ubicó entre los 10 estados con mayor tasa de defunciones femeninas
con presunción de homicidio, a excepción de 1989, 1990 y 1991.
Pero a partir de 1994 su tasa ha ido al alza y desde 2011 se ha mantenido en el primer o segundo lugar junto con Chihuahua.
También de 2009 a 2012 Acapulco ha figurado como uno de los municipios
con mayor tasa y número de homicidios de mujeres en el país, ocupando el
quinto, séptimo, cuarto y primer lugar en ese periodo.
Durante 2014 y 2015, los municipios que figuraron por su tasa de
homicidios de mujeres en la entidad fueron Acapulco, Chilpancingo (la
capital del estado), Chilapa, Iguala, Coyuca de Benítez, Atoyac, entre
otros (solicitud de información número 00103615).
Además de la importancia de crear sistemas integrales de información e
indicadores efectivos de evaluación, son necesarias investigaciones
multidisciplinarias profundas para conocer los contextos, causas y
razones no sólo actuales, sino históricas por las cuales se perpetúan
los asesinatos de mujeres en la entidad.
La investigadora Jules Falquet señala que la violencia es desplegada
intencionalmente, existe una impunidad que es deliberada –como la
violencia hacia las mujeres–, por lo tanto no está fuera de control; en
su conjunto es una violencia política, ejercida por hombres y tiene un
fuerte componente sexista, clasista y racista. Reflejo de ello es la
violencia institucional y el uso de los DH como moneda de cambio.
En ese sentido, el gobierno de Guerrero más que darle importancia a la
“imagen”, debería considerar a la AVG como lo que es: una política de
acción afirmativa emergente y de gobernanza que requiere de una sociedad
informada y la participación activa y coordinada entre las
instituciones de gobierno, organismos de DH, la academia, feministas,
organizaciones sociales, familiares de víctimas, sobrevivientes de la
violencia y sectores interesados en erradicar todas formas de violencias
en nuestro estado.
Con ello, se podría aspirar a cambios profundos y sostenidos tanto en la
forma que se viene haciendo política, como la forma en que se ha
naturalizado la violencia en la sociedad.
*Activista, feminista descolonial e investigadora de Comunidad Raíz
Zubia, asociación civil que promueve el derecho a saber y la
participación comunitaria para el ejercicio de los Derechos Humanos,
cómo el derecho a la salud de las mujeres en Guerrero.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lizeth Nayeli Rodríguez Flores*
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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