Atrocidades sin cuento
Werken Rojo
El 16 de marzo las
autoridades hicieron oficial el “descubrimiento” de la que llaman la
alberca, que constituye la fosa clandestina más grande del país y
posiblemente de América Latina, en la que se encontraron más de 250
cadáveres apilados por los grupos criminales vinculados al narcotráfico.
Se sabe que la alberca es tal vez la mayor del lugar, ya bautizado como
“el predio de la muerte”, pero ciertamente no la única pues alrededor
hay las señales de muchas más. El “descubrimiento” oficial hecho en un
lugar llamado Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz en el
estado del mismo nombre, se hace después de que desde hace meses el
Colectivo Solecito Veracruz integrado por familiares y amigos de los
cientos de desaparecidos en el estado lo habían verdaderamente
descubierto y exigido la intervención judicial al nuevo gobierno del
panista Miguel Ángel Yunes que sucedió al del gobernador criminal
priista Javier Duarte, hoy prófugo y buscado por la policía.
Rosario de espantos
Yunes, que tomó posesión a principios de año, basó su campaña electoral
en la denuncia de los crímenes y en la promesa de castigo de Javier
Duarte, un siniestro personaje responsable de haber sembrado el terror
en la población veracruzana como cómplice de los poderosos y violentos
cárteles que operan en el estado (Los Zetas, Cártel Jalisco Nueva
Generación, principalmente) que asesinaron a cientos de personas durante
los seis años de su gobierno. Duarte debió renunciar a la gubernatura
antes del fin de su periodo. La acumulación de denuncias y evidencias de
sus numerosos crímenes y de la escandalosa deuda contraída por su
gobierno para su enriquecimiento personal, obligó a la dirección del PRI
a expulsarlo del partido, no sin antes recibir del presidente Peña
Nieto, quien lo protegió hasta el último momento, un favor final al
permitirle escapar y mantenerse hasta hoy “desaparecido”.
El
caso de las gigantescas fosas de cadáveres clandestinas de Veracruz,
horroroso como es evidente, es la cúspide de un rosario de espantos en
el mismo estado que se integran al horror que desde hace más de diez
años se ha convertido en algo casi cotidiano en todo el país. El
procurador del nuevo gobierno veracruzano, que fue quien hizo pública la
existencia de ese cementerio clandestino, se tardó más de cien días en
presentarse en el lugar. Pero como funcionario que también fue de la
administración anterior de Duarte, Jorge Winckler declaró sin tapujos y
con conocimiento de causa: “En Veracruz hay fosas como ésta por todos
lados, en 45 municipios, todas ellas cavadas durante el gobierno de
Duarte”. Aunque el puerto de Veracruz es “el epicentro de las
narcofosas”, existen también en otros municipios: Alvarado,
Cosamaluapan, Sayula de Alemán, Coatzacoalcos, Minatitlán, Tres Valles,
Tierra Blanca, Iztaczoquitlán, “en el norte de la entidad y en otros
muchos lados”. Reconoció igualmente que las cifras reales de las
víctimas se han ocultado y afirmó que hay “2 mil 348 investigaciones
abiertas”. (Proceso, 19.03.2017). Y no se crea que en el nuevo gobierno
veracruzano se han reducido los asesinatos, de ninguna manera: se han
cometido 600 homicidios en sus primero tres meses.
El horror que
desde hace años abruma con su funesta secuela depresiva, está siendo
documentado en ocasiones puntualmente. Por ejemplo, se ha sabido con las
investigaciones efectuadas después de la salida de Duarte que los
“levantones”, es decir, los secuestros de personas han sido realizados
muchas veces por los delincuentes con la complicidad descarada de las
policías de todo género. Tampoco son nuevas las formas utilizadas en
Veracruz, en todo el país se han encontrado fosas repletas de cadáveres.
Son tristemente célebres las de los cadáveres de decenas de inmigrantes
centroamericanos en Tamaulipas en 2010.
El gobierno en el banquillo
Pero el cinismo del gobierno mexicano no tiene límites. Esta condición
se ha visto con evidencia en los foros internacionales en los que la
situación de la gravedad extrema de la crisis de los derechos humanos
por la que atraviesa México se discute, se analiza e incluso se hacen
recomendaciones para evitarla como es el caso del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En tales ocasiones los
representantes del gobierno mexicano hacen alarde de formalismo retórico
que muy mal se complementa con la realidad macabra prevaleciente en el
país. Realidad que con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre del 2014,
sobrepasó las fronteras y horrorizó al mundo entero.
El gobierno
de Peña Nieto tuvo que aceptar, ante el clamor de protestas nacional y
la denuncia de muchos sectores en el extranjero, la intervención de
expertos internacionales que contribuyeran en la aclaración del crimen
de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Ciertamente la presencia del
Grupo Internacional de Expertos Independientes, vinculado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, tuvo una positiva influencia para
el desmantelamiento de lo que el procurador de la República Murillo
Karam había llamado “la verdad histórica” del caso (la incineración en
el tiradero de Cocula de los 43 estudiantes), pero una vez que el
gobierno de Peña consideró que la presión había bajado no tardó en
expulsar “diplomáticamente” a los cinco expertos y archivar sus
conclusiones devastadoras para la versión oficial que sostiene sobre el
caso de la noche de Iguala.
La llegada de Trump ha significado
casi un terremoto para las estructuras del gobierno mexicano,
acostumbrado durante décadas a ser un fiel subordinado de Washington.
Comenzando por la cumbre misma. Peña Nieto y su hombre más influyente
que actúa como su principal diplomático, Luis Videgaray, se han visto
como principiantes en su trato con el energumeno presidente
estadounidense y de hecho han mostrado sin remedio que su papel
tradicional de cortesanos del gobierno imperialista los incapacitó para
tener una pronta y firme respuesta frente a las amenazas de Trump. No
obstante, han tratado de sacar a flote su precaria situación ante las
exigencias del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Aunque tardía y
tibiamente Peña y su secretario de Relaciones Exteriores han acudido a
la escena internacional a buscar apoyo para su confrontación con Trump.
Ciertamente han aceptado hacer declaraciones conjuntas con otros
gobiernos sobre Trump siempre sin abandonar la “moderación” diplomática
para evitar una colisión frontal, la que evitan a toda costa esperando
llegar finalmente a un acuerdo con quien están destinados a cohabitar
como subordinados.
Recientemente, a principios de marzo en
Ginebra, en la reunión anual del Consejo de los Derechos Humanos (CDH)
de la ONU, el punto de la situación de los derechos humanos en México se
incluyó en la agenda y personajes mexicanos estuvieron presentes. El
gobierno de México envió al subsecretario de Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz
Cabañas y por parte de las organizaciones no gubernamentales enfocadas a
la defensa de los derechos humanos en México estuvieron presentes dos
delegados: Olga Guzmán Vergara y Michael W. Chamberlin quienes
presentaron ante la reunión el informe de la Open Society Justice
Initiative, Atrocidades innegables,
El Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, Zeid Al Hussein, en su vista al país en 2015, en
pleno momento de las repercusiones directas del caso de Ayotzinapa, en
forma inaudita para este tipo de visitas, hizo varias recomendaciones al
gobierno mexicano, una de las cuales fue que para cortar la espiral de
violencia que aqueja al país se estableciera con urgencia un consejo
asesor internacional que colaborara con el gobierno para lograr la
erradicación de la violencia. Por supuesto, Peña ni de lejos estuvo, ni
está dispuesto a aceptar tal recomendación. El representante oficial a
la reunión de Ginebra se entrevistó con Hussein y durante su
intervención en el pleno se refirió a la política de Trump atentatoria
de los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos en EUA, pero en una
clásica postura de doble moral no se refirió al trato que reciben los
inmigrantes centroamericanos cuando entran a México en su paso hacia el
país norteño. Y para no dejar la menor duda de que los jerarcas
gubernamentales priistas pretenden seguir sin aquilatar la situación
alarmante del país, aludió el hecho de que también en EUA y en Italia
hay 80 mil personas no localizadas. La respuesta que el representante
del centro de defensa de los derechos humanos Fray Juan de Larios,
Michael W. Chamberlin hizo en una entrevista a tales conceptos vale la
pena citarla: “sí puede ser que las tasas sean muy altas, pero ni en
Italia, ni en Estados Unidos hay movimientos de madres buscando a sus
hijos, ni carpetas de investigación por desaparición forzada, ni esos
países están sembrados con cadáveres”. (Proceso, cit.).
Hacia un estado policiaco-militar
Mientras tanto el gobierno de Peña sigue armándose en forma inaudita.
Las fuerzas armadas mexicanas son las segundas más grandes de América
Latina, aunque con su alto ritmo de crecimiento no sería una sorpresa
que se acercaran pronto a las dimensiones de las brasileñas. ¿Contra
quienes están destinadas tantas armas? No precisamente para una guerra
contra Trump pues dichas armas son compradas al Pentágono con créditos
multimillonarios concedidos por el propio gobierno de Washington.
Los representantes de los estados miembros del CDH, latinoamericanos,
europeos y asiáticos son conscientes que la situación de México se hace
cada vez más peligrosa e incontrolable. Las cifras oficiales no dejan
margen para atenuar la situación alarmante del país: hoy se calcula en
30 mil los desaparecidos en México en los últimos diez años cuando en
los veinte años de guerra civil en Guatemala se reportaron 20 mil o
durante las dictaduras chilena y argentina, 3 mil y 15 mil,
respectivamente.
Ante esta atroz situación el gobierno prepara
una nueva propuesta legislativa, pero las señales y los textos de los
proyectos que ya se conocen sobre ella no son para nada alentadores.
Desde que el gobierno de panista de Felipe Calderón sacó al ejército y
la Marina de sus cuarteles en 2007 para emprender la guerra contra el
narcotráfico, la intención manifiesta de un gobierno surgido de una
batalla electoral encarnizada en la que la victoria estaba bajo la
sospecha de un fraude electrónico, era imponer una situación de terror y
amedrentamiento en el país. La lucha fue muy sangrienta y encarnizada:
comenzaron a contarse los cadáveres y los desaparecidos. Los militares
literalmente aterrorizaban y siguen aterrorizando a las poblaciones de
Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y demás
lugares en que han intervenido. Pero esta intervención militar ha sido
sin marcos legales, arbitraria y sin medida. Las cifras son tremendas,
los militares matan a discreción. La Marina mata a 30 personas por una
que hiere lo cual, según los que saben, indica que hay ejecuciones
sumarias. El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador
Cienfuegos ha sido explícito y sin tapujos en sus declaraciones, si el
ejército está encargado, ante la impotencia y corrupción de la policía,
de la seguridad interior debe haber una legislación “que proteja su
actividad”.
Estamos en vísperas de cambios muy drásticos de la
política nacional. El año electoral de 2018 promete ser de pronósticos
reservados. En su reciente Congreso el PRI, con Peña Nieto a la cabeza
mostró su cara más agresiva. Retadores y jactanciosos los priistas se
preparan para seguir en el poder con una victoria que aparece muy
difícil y cuesta arriba en 2018. Todavía no se perfila ningún personaje
priista en un panorama muy flaco en el cual su figura más destacable es
la del muy mediocre secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong
quien en las encuestas que ya se hacen sobre la popularidad de los
posibles candidatos para el 2018 se encuentra muy debajo de López
Obrador de Morena, Margarita Zavala del PAN y de otros postulantes.
La importancia que tienen las cuestiones de los derechos humanos en la
actual situación política del país se ha venido a corroborar nuevamente
con la postulación tempranera de Emilio Álvarez Icaza como candidato a
la presidencia de la República por parte del movimiento-partido titulado
Ahora o Nunca. Álvarez fue durante cuatro años, de 2012 a 2016, el
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y antes, de 2001 a 2009, fue presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Pertenece a la franja muy
influyente del progresismo intelectual, académico y profesional
mexicano, de hecho muchos de sus apoyos son parte de los círculos que
hasta ayer apoyaban a López Obrador (AMLO). Pero el giro cada vez más
conciliador de este último, su más que evidente esfuerzo por acercarse
al grupo de la gran burguesía dominante y sus frecuentes actitudes
soberbias y autoritarias están mostrando con evidencia que el papel de
AMLO es el de “serenar”, como él insistentemente declara, los ánimos
cada vez más iracundos y rebeldes de amplios sectores de la población.
Un episodio reciente ocurrido durante la visita de AMLO a Nueva York es
sintomático de la relación que este personaje, un político tradicional
formado en el PRI, después miembro y presidente del PRD y ya dos veces
candidato presidencial en 2006 y 2012, mantiene con las bases populares.
Uno de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que se encontraba
también en gira en Nueva York, se acercó a él cuando salía en su coche
del acto con sus simpatizantes. AMLO en vez de detenerse, saludarlo y
oír lo que éste le preguntaba, a saber, su relación con Ángel Aguirre el
gobernador perredista de Guerrero en los días de la desaparición de los
43 de Ayotzinapa, se alejó de él rápidamente. Las versiones son
diversas: unos dicen que AMLO llamó al padre “provocador” y otras que
sólo le deseo suerte en su lucha. Sea lo que fuere, es evidente que AMLO
ha sido por completo ajeno a la lucha de los padres de los estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa y esto se debe a que sus vínculos con el PRD
en Guerrero lo relacionan con muchos de los personajes políticos que
gobernaban el estado la noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014.
El estado canceroso de la situación del país con la corrupción
imperante en los sistemas político y jurídico, la impunidad virtualmente
garantizada de las fuerzas de seguridad abocadas a las prácticas de
ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones, el reinado de los más
acaudalados grupos nacionales y extranjeros, todo ello aunado a las
amenazas del poderoso vecino del norte que con el presidente Donald
Trump se adentra en un caótico y peligroso curso lleno de incertidumbre,
ante esta situación las aspirinas reformistas y populistas o los
tratamientos de choques represivos serán simples detonadores de
contradicciones cada vez más insolubles y dramáticas.
Ante este
panorama es del todo vigente el esfuerzo de agrupamiento y acciones
comunes que un conjunto de grupos socialistas han emprendido en el Foro
Socialista que el próximo 1° de abril presentarán en la capital de la
República la posición que los socialistas tenemos frente a la crisis del
capitalismo en México y en el mundo entero. De sus perspectivas y sus
esfuerzos organizativos independientes, socialistas y revolucionarios
dependerá mucho la solución positiva de las luchas próximas de los
trabajadores y sus aliados de los sectores oprimidos del país.
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