En el sector primario del país más de 26 millones subsisten en pobreza. Comen sólo lo que les da la milpa y carecen de medios de comercialización. A 23 años del TLCAN, para ellos cada año ha sido de mal en peor. Además, no cuentan con representantes en las rondas de negociación del Tratado
Se
alquila como peón por 150 pesos diarios en campos ajenos, con los que
mantiene a una de sus hijas, esposa y suegra. Ha dejado su milpa porque
de ella ya no puede vivir. Él es un campesino que tiene que comprar maíz
porque ya no le alcanza el dinero para sembrarlo en su propia tierra.
Francisco López es originario de Arroyo Grande de Ometepec, en el
municipio de Xochistlahuaca, Guerrero.
Francisco se siente al
margen del negocio agropecuario. Es uno de los millones de campesinos
que no ha disfrutado de los “beneficios” del capítulo agropecuario del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pactado con
Estados Unidos y Canadá, firmado el 17 de diciembre de 1992 y que entró
en vigor desde el 1 de enero de 1994.
Vestido de manta y
huaraches, Francisco ha venido de uno de los municipios más pobres del
país a reclamarle al gobierno el abandono en que vive. Marcha entre los
suyos, entre cientos de otros pueblos que levantan banderas de
organizaciones campesinas, y gritan consignas que no hacen eco en los
edificios de públicos.
Apenas habla español, y la pobreza se le
mira en su cuerpo magro de 63 años. Campesino, indígena, a Francisco se
le agotan cada vez más las posibilidades de salir adelante, de superar
la miseria, reúne las dos condiciones que tienen los más pobres de este
país.
A su edad, dice, se le están acabando las fuerzas, y ya ni
siquiera puede emplearse en la albañilería, como antes. “En el pueblo
hay muchos árboles y suficiente agua para trabajar el campo; lo que no
hay es dinero para comprar semilla, ni limpiar, ni abonar”, explica.
Francisco
es parte de la población campesina que vive con menos de 50 pesos al
día. Las ganancias de su jornada se dividen entre los suyos. En este
sector, la pobreza ha sometido a más de 26 millones de personas,
contrario a los discursos prometidos por los firmantes del TLCAN, en los
que decían que México ya era un país de “primer mundo”.
Xochistlahuaca
es el municipio 35 más pobre del país, del listado de los 125
Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano por estado y población
indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI).
En
esta comunidad, donde vive Francisco y su familia, vive en pobreza más
del 90 por ciento de la población, según datos del Consejo Nacional de
Evaluación: 28 mil 294 individuos pobres, de los cuales 7 mil 585 (24.3
por ciento) son pobres moderados y 20 mil 709 (66.3 por ciento) en
situación de pobreza extrema.
Pobreza del campo mexicano
Francisco
Chew Plascencia, líder del Movimiento Social por la Tierra (MST) y del
Frente Auténtico del Campo hace un balance sobre las más de dos décadas
que lleva vigente el acuerdo comercial, actualmente en mesas de
renegociación, y comenta que el capítulo que ha tenido el capítulo 19
del TLCAN para el campo mexicano es negativo.
“Nosotros hemos sido
muy claros desde 1994, no hay que olvidar que en ese año hubo un
levantamiento indígena que protestaba por la entrada en vigor del TLCAN.
Ahora hemos estado pidiendo que el capítulo agropecuario salga del
Tratado y sin lugar a dudas lo mejor es que México salga del tratado. No
podemos estar en esas condiciones, necesitamos hacer una
diversificación de las relaciones comerciales con otros países y tenemos
que impulsar, además, un esquema de soberanía alimentaria que garantice
nuestra propia alimentación”, dice.
Con la firma del TLCAN, dice
Chew Plascencia, vemos cómo se ha deteriorado la capacidad productiva
del campo; la situación de millones de familias que han sido desplazadas
hacia las ciudades o al extranjero en calidad de “desplazados
económicos”.
Al final, añade: “Hoy, Trump dice que renegociemos
con las condiciones de los Estados Unidos. Tenemos el gravísimo problema
de una economía y un sector agropecuario integrado con los Estados
Unidos; cualquier medida que tomen nos afecta de una manera
significativa, basta decir que estamos importando poco más del 40 por
ciento de los alimentos”.
Juan Antonio Medrano es un líder
duranguense, perteneciente a la Coalición de Organizaciones Democráticas
Urbanas y Campesinas (Coduc), que ha visto mermado el trabajo de él y
sus compañeros, dedicados al cultivo de dos de los alimentos principales
de los mexicanos. Durango, dice, es uno de los estados del norte en los
que la mayoría de la gente tiene hasta 10 hectáreas para la agricultura
de temporal, donde siembra maíz y frijol. “Cada año batallamos para
vender nuestro frijol, nos lo compran bien barato y nos venden los
insumos caros”.
Explica que anteriormente, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
–encabezada por José Eduardo Calzada Rovirosa– les brindaba apoyos por 2
mil 200 pesos por hectárea, a través del Programa de Apoyos a
Productores de Maíz y Frijol; sin embargo, ese programa ya no llega a
todos los municipios del estado y a algunos sólo les da 1 mil 500 pesos
por hectárea. “Esto tiene que ver con las políticas aplicadas en el
país, bajo el marco del TLCAN: se han retirado los subsidios a los
pequeños productores”.
Por
ello, “nosotros decimos que se debe cancelar el TLCAN y recuperar
nuestra soberanía alimentaria como país. Aquí se puede producir lo que
se come en la patria; con el Tratado sólo se apoya a los grandes
exportadores, a los que se quedan con la riqueza de este país”.
El
artículo 704 del TLCAN, Apoyos internos, indica que las partes
“reconocen que las medidas de apoyo interno pueden ser de vital
importancia para sus sectores agropecuarios, pero que también pueden
distorsionar el comercio y afectar la producción. Además, reconocen que
pueden surgir compromisos sobre reducción de apoyos internos en las
negociaciones agropecuarias multilaterales en el marco del Acuerdo
General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). De esta manera, cuando
una Parte decida apoyar a sus productores agropecuarios, deberá
esforzarse por avanzar hacia políticas de apoyo interno que:
“(a) tengan efectos de distorsión mínimos o inexistentes sobre el comercio o la producción; o
“(b) estén exceptuadas de cualquier compromiso de reducción de apoyos internos que pudiera ser negociado conforme al GATT.”
Además,
los países firmantes reconocen que cualquiera “podrá modificar a
discreción sus medidas internas de apoyo, incluyendo las que puedan
estar sujetas a compromisos de reducción, conforme a sus derechos y
obligaciones derivados del GATT”.
Balanza negativa del campo
Y
es que a 23 años de la firma del TLCAN los números del campo están en
rojo, un sector con signos de “agotamiento”, reconoce el Programa
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 20132018.
“El
campo mexicano presenta signos de agotamiento reflejados en un
estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad, no es
incluyente y carece de un manejo sustentable de los recursos naturales.
Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del
campo y del sector agroalimentario”, dice el diagnóstico del Programa.
Las
cifras oficiales del Censo 2010 de Población y Vivienda indican que en
este sector había en el país 188 mil 596 localidades rurales (hasta ese
año). Ahí habitaban poco más de 26 millones de personas, 13.1 millones
de mujeres y 12.9 millones de hombres, que representaban 23.5 y 22.8 por
ciento de la población nacional, respectivamente.
El Consejo Nacional de Evaluación, en el Informe Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016,
indica que el medio rural se caracteriza por tener bajos niveles de
desarrollo humano y una casi nula capitalización social y productiva, lo
que ha impedido a esta población aumentar su productividad y su
ingreso. Las cifras de este organismo, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Social, indican que el 58.2 por ciento de la población rural
vive en pobreza; de la cual, el 17.4 por ciento no tiene ni qué comer y
el 40.8 por ciento restante está en “pobreza moderada”.
Entre las
demandas de los campesinos que salen a las calles en reclamo de mayores
beneficios para este sector, se encuentra el de la soberanía
alimentaria. Y es que, dicen, México se ha convertido en un país
dependiente de su principal socio comercial, Estados Unidos.
Si
bien México es el octavo productor mundial de agroalimentos y las
exportaciones agroalimentarias muestran un gran dinamismo con niveles
superiores a las remesas y los ingresos por turismo, el Programa
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 20132018
reconoce que “la producción nacional es insuficiente para abastecer la
demanda interna de algunos alimentos básicos. Así, en 2012 se importó el
79 por ciento del consumo doméstico de arroz, 93 por ciento de
oleaginosas, 58 por ciento de trigo y 82 por ciento de maíz amarillo
para consumo pecuario e industria.
“Por esta razón es necesario
dinamizar la productividad de sectores estratégicos, principalmente la
producción de granos y oleaginosas, con estrategias y líneas de acción
focalizadas”, ordena el documento oficial.
El desmantelamiento del campo
A
lo largo de las 2 décadas de negociación comercial, fueron
desarticuladas –desde el propio Estado– las instituciones que
respaldaban el trabajo de los campesinos, comentan líderes y los propios
agricultores.
En el recuento de los daños se encuentran: la
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), la Productora
Nacional de Semillas (Pronase), Fertilizantes Mexicanos, SA de CV
(Fertimex) y el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural). Cada una,
desmantelada y con irregularidades en sus operaciones.
Conasupo
fue la empresa que el Estado mantenía para establecer las relaciones
comerciales entre los productores y los consumidores, misma que
desapareció en 1999. Entre los personajes que se relacionaron con las
irregularidades de la paraestatal estuvo el nombre de Raúl Salinas de
Gortari, hermano del entonces presidente de la República, Carlos Salinas
de Gortari.
Pronase fue liquidada a inicios de la administración
de Vicente Fox Quesada, bajo el argumento de “malos manejos
administrativos y acumulación de pasivos” (Contralínea 41).
Fertimex
“fue vendida a empresas extranjeras a un precio muy por debajo de su
valor, a pesar de que era una productora de fertilizantes rentable y con
altas ganancias” (Contralínea 344).
Banrural inició su
proceso de liquidación en julio de 2003, bajo la administración del
Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, con el intento de
recobrar los créditos que no alcanzaron a saldar los campesinos desde
que inició la crisis económica de 1994. La filosofía de la dependencia,
hay que “maximizar la recuperación de los bienes en el menor tiempo
posible” (Contralínea, abril, 2005).
Érika Ramírez
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